El colapso en la expedición de carnés de familia numerosa afecta a 4.500 personas en Las Palmas
La cola para renovar o solicitar por primera vez el carné de familia numerosa en la provincia de Las Palmas ha sufrido un colapso que afecta ya a 4.500 personas, que llevan meses sin poder acogerse a las bonificaciones, descuentos y beneficios fiscales destinados a los progenitores de tres o más hijos.
La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un plan de choque para reforzar la plantilla de la Dirección General de Protección a la Infancia y La Familia y que de este modo se agilice un trámite que, en la actualidad, sufre un retraso de unos cuatro meses y medio.
Esto no ha podido evitar que se hayan vivido momentos de tensión en las oficinas de atención a la familia numerosa de la Administración regional, donde diversos progenitores han expresado su malestar por el prejuicio económico que les supone este retraso.
Juan Félix Díaz es uno de los afectados que denuncia el “desmantelamiento” de un servicio que, según relata, ha pasado de contar con cuatro trabajadores a tan solo dos. Díaz, que es padre de tres hijos, solicitó la renovación de la documentación hace tres meses y desconoce si las facturas pagadas por no haber podido presentar el carné le serán reembolsadas.
Y es que los organismos oficiales no admiten, de momento, el resguardo de haber presentado la solicitud y requieren el carné renovado para expedir las ayudas. Contar con esta acreditación supone unos 300 euros de diferencia en una matrícula universitaria y puede resultar determinante para obtener una beca, insiste.
El caso de Clemente Déniz, que hasta hace unos años trabajaba en un despacho de arquitectura y ahora se encuentra en paro, es más acuciante, puesto que vive con un sueldo de 629 euros al mes. Déniz, que estaba acostumbrado a que las renovaciones se expidieran en un solo día, lleva desde octubre esperando y asegura que, de no obtenerla antes de que finalice el presente mes de enero tendrá que pagar 1.500 euros de más.
Dicha cantidad corresponde al bono social de la luz, equivalente a un descuento del 25% en la factura, la cantidad semestral que aporta la Seguridad Social, y la rebaja del 45% del Impuesto de Bienes Inmuebles, relata. “Aunque pueda parecerle poco, es para nosotros, estando el matrimonio desempleado, un gasto muy grande que no podemos asumir”, lamenta.
Ambos progenitores han hecho diversas reclamaciones al Gobierno de Canarias y siguen sin recibir respuesta a una pregunta clave: “Quién va a pagar todo este dinero?”
Solo dos trabajadores
Desde la Consejería explican que el retraso se ha producido debido a la entrada en vigor, en agosto de 2015, de la Ley estatal de Modificación del Sistema de Protección Social que amplía los beneficios de las familias numerosas, lo que ha supuesto un incremento de solicitantes.
Aumento que también se ha registrado en materia de renovaciones, puesto que en la actualidad una familia numerosa sigue siéndolo hasta que el menor de sus miembros cumpla la mayoría de edad.
A todo esto hay que añadir que una funcionaria que se encontraba en comisión de servicios en la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia volvió a su consejería de origen. Lo que dejó solo a dos trabajadores para atender todas las solicitudes de la Provincia de Las Palmas, es decir, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el lunes la orden de la recientemente nombrada consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, por el que se delega a la Secretaría General Técnica la contratación de personal laboral temporal. De momento se desconoce el número de personas que reforzarán la oficina.
