La gestión de la crisis de los cayucos en Canarias, paradigma para frenar la inmigración
Hasta el 22 de julio a España han entrado vía marítima o terrestre más de 22.000 personas migrantes, una cifra superior a la de años anteriores, pero aún lejana a las 41.180 entradas irregulares que tuvieron lugar en 2006, consecuencia sobre todo de la denominada crisis de los cayucos. La ruta atlántica hacia Canarias no ha vuelto a experimentar una cantidad similar, aunque sigue siendo transitada en pateras o cayucos, debido a las acciones pioneras entre España y la Unión Europea (UE) para frenar en origen la inmigración. Aunque acarrea las críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, la gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido vista en el viejo continente como un modelo a imitar, como así sucedió con el acuerdo con Turquía para frenar la entrada de refugiados.
El cierre de las fronteras de Grecia o Italia, entre otras razones, ha provocado el incremento de las entradas irregulares a España, sobre todo a través del Estrecho y, como sucediera en las Islas en 2006, los servicios de acogida se han visto colapsados, sobre todo en Cádiz, aunque también en otros puntos de la costa andaluza como Málaga, Granada o Almería.
Comisarías, naves o polideportivos funcionando como espacios de acogida a la espera de trasladar a las personas migrantes, pues los Centros de Internamiento de Extranjeros ya se encuentran por encima de su capacidad e incluso se habilitan campamentos improvisados en puertos o playas. Estas son algunas de las situaciones que se produjeron en 2006 y que, 12 años después, a pesar de la experiencia propia y de lo ocurrido en países vecinos, continúa.
Para solucionar el problema, en lugar de centrarse en ofrecer más y mejores servicios de acogida, desde 2006 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pidió ayuda a la Unión Europea para evitar que las personas, mayoritariamente desde Senegal y Mauritania, se embarcaran durante días en el mar para alcanzar las costas isleñas. Ese año comenzó un operativo pionero que a día de hoy se sigue aplicando en otras rutas.
Externalización de fronteras: Plan África y primera misión de Frontex
El Gobierno de España aprobó en 2006 un programa de cooperación con países de África Subsahariana y pidió apoyo a la Unión Europea para que pusiera en marcha un operativo entre varios países coordinado por la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) con el objetivo de incrementar la vigilancia y controlar la llegada de personas migrantes.
La agencia, que nace en 2004 con sede en Varsovia (Polonia) para fortalecer las fronteras exteriores europeas, realizó su primera misión marítima en Canarias, coordinando a varios países de la UE además de España, como Francia, Italia o Portugal. El operativo, denominado Hera, consistía en el despliegue de personal especializado en la zona, medios marítimos y aéreos que patrullaban el litoral africano, además de sistemas de satélite para controlar el Atlántico. Sin embargo, este equipo no lo aporta Frontex, sino los países miembros de la UE y la agencia reembolsa los costes del despliegue, tantos de los guardias de fronteras como del transporte, combustible y mantenimiento del equipo.
La misión de Frontex, que comenzó en agosto de 2006, se llevó a cabo con el fin de instaurar un efecto disuasorio para que las personas que pretendían partir en cayucos o pateras hacia Canarias desistieran ante el equipo de control y vigilancia. Y surtió efecto: de las 31.678 personas que alcanzaron las costas isleñas hace ya doce años, se pasó a 12.478 en 2007; 9.181 en 2008; 2.246 en 2009 y a 196 en 2010.
Este operativo no ha finalizado, sino que, comandado por la Guardia Civil, se mantiene en los puertos de Nuadibú (Mauritania) y Dakar (Senegal) con agentes desplegados en la zona en cuatro embarcaciones, además de un helicóptero de la Policía Nacional; si bien, en febrero de este año, durante una visita del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se conoció que la mayoría de las patrulleras están inoperativas y el helicóptero dejó de funcionar. En junio, Salvamento Marítimo rescató un cayuco con 129 a bordo que partió desde Dakar (Senegal), una cifra que no se producía desde hace una década.
Y es que durante los primeros seis meses de 2018, más de 400 personas migrantes han llegado a Canarias vía marítima. Por ello, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien expresó su preocupación por el cierre del CIE de Fuerteventura, mantuvo una reunión con el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclamó el refuerzo del Frontex y el Sistema de Vigilancia Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que en enero de este año falló y no detectó una patera en la costa de Lanzarote, en la que murieron siete personas.
En junio, Marlaska inició su agenda internacional con un viaje a Marruecos; volvió por tercera vez al Campo de Gibraltar, ubicado en la provincia de Cádiz, a donde llegan un gran número de pateras. Después viajó hasta Argelia y el 30 del mes pasado a Nuakchot (capital de Mauritania) para reunirse con su homólogo en el país africano y prevenir un posible repunte de la ruta migratoria hacia Canarias.
La preocupación de los ciudadanos por la inmigración ha aumentado y el Gobierno de Pedro Sánchez lo sabe. Acogió el Aquarius, ha anunciado la posibilidad de eliminar las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla o ha puesto encima de la mesa la recuperación de la sanidad universal. Así, el Ejecutivo socialista ha tratado de romper con las políticas del Partido Popular, que, con Pablo Casado al frente, le ha acusado de provocar un “efecto llamada”.
A pesar de que el Gobierno parece apostar por una política de acogida e integración, 15 de las 629 personas que llegaron en el Aquarius a Valencia están en trámite de expulsión y el propio ministro del Interior no ha ordenado frenar las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, una práctica ilegal según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y Frontex, que ha aumentado su presupuesto de los 6,3 millones de euros en 2005 hasta los 250 millones en la actualidad, ha iniciado junto a la Policía Nacional la operación Minerva para luchar con la inmigración irregular reforzando las inspecciones en los puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz) y Ceuta. Se trata de un despliegue de agentes españoles y en el que también participan efectivos de 15 Estados miembros de la UE, como Alemania, Francia o Italia. Esta misión se suma a la de Índalo, que lidera la Guardia Civil con el apoyo de la agencia, y que también tiene como objetivo principal frenar la entrada de personas migrantes en el mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar.
En total, la agencia despliega en España “más de 180 oficiales de varios países europeos”, que no solo se encargan de frenar la inmigración pues, con el paso del tiempo, ha adquirido nuevas funciones, como la lucha contra el terrorismo o hacer frente al contrabando de “drogas, armas y cigarrillos”.
Acuerdos de repatriación
La crisis de los cayucos no se frenó solamente con el trabajo del Frontex coordinando equipo material y personal policial. Los acuerdos de repatriación pactados entre España y los países africanos, como Senegal y Mauritania, fueron clave para cerrar la ruta del Atlántico y que las personas migrantes se vieran obligadas a abrir otras vías para alcanzar Europa.
El Centro Nacional de Inteligencia llegó a pagar a los propietarios de los cayucos para que dejaran de transportar a inmigrantes a Canarias, según publicó El País. Pero lo más eficaz fue invertir en los gobiernos de los países africanos, para, en teoría, cooperación y ayuda al desarrollo; dentro de esos pactos, los gobiernos de los países africanos debían aceptar las repatriaciones y establecer controles más estrictos de las migraciones dentro de sus fronteras. Todo, enmarcado dentro del Plan África, que se presentaba como una iniciativa humanitaria para prevenir la inmigración mediante el desarrollo de los lugares de origen y que tuvo su segunda edición de 2009 a 2012.
El exministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis anunció que se lanzaría un nuevo Plan África y Casado pidió “un Plan Marshall” para África, mientras que el PSOE ha asegurado que desde el Ejecutivo están trabajando en ese sentido “junto a las instituciones europeas”.
La gestión de la crisis de los cayucos se vende como un éxito
Tanto el Parlamento de Canarias como España han vendido como un éxito la gestión de la crisis de los cayucos porque se consiguió frenar la inmigración hacia el Árchipélago. En un informe titulado Movimientos mixtos de población y derechos humanos. Una respuesta civilizada publicado en 2017, la Cámara regional asegura que “con el apoyo inestimable del gobierno español y de las instituciones europeas” la Comunidad Autónoma “fue una de las primeras regiones europeas que logró diseñar un modelo de gobernanza de los flujos migratorios que respondía eficazmente tanto a la complejidad del fenómeno como a las obligaciones que tienen los poderes públicos hacia las necesidades y derechos de las personas”.
En 2015, cuando se agudizó la crisis migratoria en Europa con la entrada irregular de más de un millón de personas, el entonces secretario de Estado de Seguridad de España, Francisco Martínez Vázquez, puso como ejemplo en la XVI Conferencia de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental una política inspirada en la experiencia basada en la gestión de la crisis de los cayucos.
Sin embargo, el cierre de una ruta migratoria a menudo supone la apertura de otra. El aumento del flujo en España en 2018 se preveía tras el acuerdo entre la UE y Turquía, que cerró la ruta del Egeo experimentando un descenso radical de las llegadas; Italia y Libia cerraban otro pacto para aumentar su cooperación y las entradas al país transalpino comenzaron a decaer.
Además, aunque el Parlamento de Canarias diga en su informe que se salvaron “muchas vidas”, se olvida en el documento que entre cadáveres recuperados y desaparecidos oficiales hay más de 1.500 muertos documentados que no consiguieron alcanzar las costas isleñas. Hubo naufragios, como el que se produjo en 2007 en el que 160 personas fallecieron tras haber partido desde Senegal. Incluso apareció una embarcación con 11 cuerpos momificados de senegaleses cerca de la isla de Barbados.
Las políticas que entonces se practicaron y que en la actualidad perduran priorizan el cierre de fronteras a la acogida y obligan a las personas migrantes a transitar por rutas alternativas cada vez menos seguras para escapar de la guerra, la pobreza o la persecución en sus países.
