El Gobierno de Canarias pregona un observatorio de cambio climático que opera sin reglamento y todavía no se ha sometido a información pública
La propaganda del Gobierno de Canarias va mucho más rápida que la burocracia de su Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad a la hora de hacer realidad el polémico Observatorio Canario del Cambio Climático. Este lunes, para contrarrestar la mala imagen de su política climática, el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, ha presidido un pleno de un observatorio que sobre el papel del Boletín Oficial de Canarias no existe. Aunque alrededor de la mesa hubiera gente y se sacaran fotos.
El controvertido organismo medioambiental, que el Gobierno autonómico sostiene que viene operando desde abril de 2017, carece de un reglamento de organización y funcionamiento que le dé cobertura jurídica, hasta el punto de que esa norma saldrá este miércoles, 18 de julio, a información pública en la web gubernamental canariasparticipa.com, para que la ciudadanía aporte sus opiniones y alegaciones hasta el próximo 8 de agosto. Con lo cual, el reglamento no ha entrado en vigor.
Es decir, este lunes Clavijo ha reunido a un grupo de personas, incluidos cuatro de sus consejeros, dos viceconsejeros y “expertos que ejercen de coordinadores de las distintas comisiones de trabajo”, en un inexistente ente administrativo público en el que, según la información oficial del Gobierno, esos coordinadores “han elevado al pleno más de una treintena de propuestas, fruto del trabajo realizado a lo largo de estos meses en más de 15 reuniones técnicas”. Y todo ello sin un reglamento formalmente aprobado.
La inmediatez con que el Gobierno canario viene actuando en las últimas semanas en materia de cambio climático –anunció que este “pleno” iba a estar presidido por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que como adelantó este diario no tenía previsto acudir a la cita- se ha producido justo cuando Canarias Ahora ha desvelado el duro informe del excoordinador del Observatorio, Ezequiel Navío.
Entre otras cuestiones, Navío reclamaba ya en abril de 2017 a la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, que se le facilitara el reglamento que debe regir al Observatorio Canario de Cambio Climático, con el fin de iniciar los trabajos de esas comisiones técnicas que nunca pudieron formarse. Al menos hasta la marcha de Ezequiel Navío, en diciembre pasado. Nunca hubo respuesta de la viceconsejera.
Precisamente son esos obstáculos a la puesta en marcha de las comisiones técnicas uno de los apartados en los que el informe Navío se detiene especialmente. Ya que sin ellas, que debían crearse a raíz de la aprobación de ese reglamento, todo el trabajo a realizar quedaba congelado.
Ahora, 15 meses después de la creación en abril de 2017 del Observatorio Canario del Cambio Climático, el Gobierno vuelve al mismo punto de partida: no tiene un reglamento que rija al observatorio, pero ante el escándalo que ha supuesto –esta semana se abordará en el pleno del Parlamento canario- la “inacción” del Ejecutivo en materia de cambio climático que denuncia ese informe, convoca un plenario sin cobertura legal ni administrativa, en el que se toman decisiones.
Según la información oficial facilitada por el Gobierno de Canarias, este lunes, en ese pleno se ha presentado “un borrador de trabajo del texto de la futura Ley” de Cambio Climático y Cambio Global de Canarias. Concretamente, siete folios que el plenario ha elevado también al Gobierno para que salga a información pública. Lo hizo el pasado 6 de julio y estará hasta el día 22 de esta semana.
Sobre la mesa de este plenario sin BOC queda la validez de esos acuerdos que han anunciado tanto la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, como el portavoz del denominado Comité de Expertos de Cambio Climático y Economía Azul, Aridane González, la cara visible que utiliza desde hace semanas el Ejecutivo para contrarrestar las duras críticas de Ezequiel Navío hacia el Gobierno.
A esas mismas críticas se suponía que este lunes iba a responder el Ejecutivo, tal y como anunció hace dos semanas su portavoz, Rosa Dávila, al publicarse la primera entrega del informe Navío solicitado por este diario a la administración autonómica a través del portal de transparencia. Sin embargo, la consejera de Política Territorial ha preferido dejarlo pasar nuevamente.