Las Palmas de Gran Canaria obliga a las personas con movilidad reducida a circular por la carretera
“Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente”. Las plazas “deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura”, así reza la normativa que recoge el BOE desde el año 2010 y que regula la construcción de las plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida (PMR) y que, sin embargo, en la capital grancanaria el Ayuntamiento se salta continuamente.
Según denuncian la Asociación Yadey Horizontes Sin Barreras y la Plataforma (PMCR) de Canarias, el Consistorio incumple reiteradamente este reglamento y expone al peligro de ser atropellado a muchos de las personas que tienen movilidad reducida. Los fallos son diferentes y van desde plazas que no tienen la zona de transferencia sin el ancho mínimo a otras en las que sí lo tienen pero que obligan a la persona que va en silla de ruedas a circular por la carretera porque después no existe rampa de acceso a la acera o, la alternativa más cómoda, acceso directo a un paso de peatones. Lo ideal, como demuestran los gráficos del BOE en el artículo 35, es que cuando la persona baje del vehículo pueda de manera autónoma incorporarse a la acera, pero esto en ocasiones es todo una aventura.
Como muestra de ello las dos asociaciones señalan los aparcamientos que hay en la Avenida Marítima, zona en la que los vehículos tienen la velocidad limitada hasta los 50 kilómetros por hora (aunque muchos van a más velocidad). En esta zona son varios los aparcamientos que no tienen acceso directo a la acera, lo que obliga a estos ciudadanos a tirarse, literalmente, a la carretera. Así, hay uno que está justo detrás de unos contenedores de basura y reciclaje que quitan visibilidad a quien se baja del coche y no puede acceder directamente a la acera. Así, la única opción que hay es meterse en la carretera y circular por ella hasta llegar al paso de peatones que está a unos 15 metros. Unos pasos de peatones que en esta zona de la ciudad se comparten con el carril bici, lo que también pone en riesgo a estas PMR.
Si uno se va a la Supercomisaría, edificio donde los habitantes de la capital tienen que renovar el DNI y el pasaporte, entre otras tareas administrativas, el aparcamiento específico no cuenta con la denominada zona de aproximación y además, si el que conduce es la persona que utiliza la silla de ruedas (o cualquier otro medio que necesite para desplazarse), cuando abre la puerta termina directamente en el césped, aparte de que el paso de peatones próximo para cruzar también está compartido con un carril bici.
Mientras, en la zona Puerto - La Isleta, dos son los claros ejemplos de estos errores continuos en la construcción de los aparcamientos. En la calle La Naval la plaza que existe cercana a la calle Faro cuenta con su correspondiente zona de aproximación pero no tiene un acceso directo a la acera, por lo que aquí también tienen que ir por la carretera hasta el paso de peatones más cercano. Mientras, en la calle Juan Rejón junto a la calle López Socas sucede algo parecido, pero a ello hay que añadirle que en la zona de transferencia hay una alcantarilla, por lo que las ruedas de las sillas podrían encajarse en ellas.
Por otro lado, ven como los colegios motóricos de la ciudad, escuelas específicas a los que acuden menores con problemas de movilidad y que están adaptados para ellos, de seis tan solo dos cuentan (Alcaravaneras y Siete Palmas II) con reservados para los vehículos, por lo que en los otros cuatro (Aguadulce, José Pérez y Pérez, Instituto Isabel de España y Siete Palmas I) tienen que bajar a sus hijos en medio de la circulación rodada. De los dos que cuentan con las plazas, de reciente construcción, el Consistorio no ha tenido en cuenta la regulación del BOE. En el Colegio Alcaravaneras el reservado no tiene el acceso directo a la acera y, lo que más le molesta a las dos asociaciones es que la plaza está hecha en la calle aledaña en lugar de la que da al acceso principal de edificio, el cual está adaptado y cuenta en sus puertas con unas plazas, que ahora son para motocicletas, próximas al paso de cebra. Los padres entienden que estos centros, cuyo objetivo es integrar a los jóvenes en la normalidad de la sociedad lo que hacen es enseñarles a “convivir con la inseguridad y la falta de autonomía” por culpa de estas plazas.
Con todo, tras la publicación del BOE las ciudades tiene hasta 2019 para adaptar aquellas plazas anteriores a su norma, mientras que las que son posteriores a 2010 tendrían que estar todas adaptadas a esta regulación, cosa que con darse un paseo por la ciudad se puede comprobar que no ocurre. No es el único traspiés del Ayuntamiento palmense con las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida ya que en septiembre de 2014 decidieron pintarlas con mensajes que ponían “¿De verdad quieres estar en mi lugar?”, lo que fue denunciado por tres asociaciones por “humillar” a las personas que son usuarias de ellas. En definitiva, si ve a alguna persona que se desplaza por la carretera en silla de ruedas o en un scooter para PMR, piense que probablemente lo haga porque no tiene otra opción, no porque sea un descerebrado.
