Los interventores detectan irregularidades administrativas y presupuestos inflados en el Cabildo de Tenerife
Los interventores del Cabildo de Tenerife detectaron irregularidades administrativas en un total de 423 expedientes tramitados por la Corporación insular y su diferentes organismos autónomos durante el ejercicio 2016. Las principales anomalías halladas por los funcionarios encargados del control de legalidad previo están relacionadas con el fraccionamiento de contratos, la adopción de resoluciones sin que previamente se haya tramitado el procedimiento legalmente establecido, la falta de motivación en la modificación de expedientes y el abuso de la contratación de emergencia.
Según consta en el informe elevado por la Intervención General al Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso mirametv.com y que fue adelantado este miércoles por el periódico La Opinión de Tenerife, el Cabildo levantó 56 reparos por importe de más de 215 millones durante 2016, de los que un total de 54 fueron solventados directamente por el presidente insular, Carlos Alonso.
El área con más expedientes reparados fue Presidencia (16), seguida de Tenerife 2030 (9), Empleo (8), Turismo (7), Sostenibilidad (5), Gobierno Abierto (4), Política Territorial (3), Juventud (3), y Agricultura (1).
La mayor parte de los reparos solventados está vinculado con la contratación administrativa (26) y las subvenciones directas (17) de la Corporación insular, y en menor medida con encomiendas de gestión (6), convenios de colaboración (2) y otros expedientes (5). La cifra supone una reducción con respecto a 2015, cuando la Intervención General formuló un total de 76 reparos.
Pese al descenso en la cifra global, el interventor general, Antonio Messía de Yraola, advierte del aumento de las subvenciones directas, en las que se han detectado “defectos de tramitación de los expedientes, tales como ausencia de documentación o de informes preceptivos, valoración defectuosa, falta de coincidencia de los presupuestos presentados y falta de justificación”.
También alude el funcionario al uso de subvenciones directas “sin que se justifique en el expediente la imposibilidad o dificultad de realizar una convocatoria pública”. En el informe se insiste en que se han detectado “gastos bajo el concepto de representativos o protocolarios que encierran verdaderas subvenciones en especie, contratos menores o convenios de colaboración” en los que no se ha aplicado la legislación vigente.
Otros reparos están relacionados con “la ausencia de la correcta acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social” de algunos de los beneficiados de las subvenciones, así como la falta de publicidad en expedientes.
En cuanto a los convenios de colaboración, el informe destaca que los reparos se deben a la utilización de esta fórmula “con objeto de eludir la contratación administrativa o la convocatoria de una subvención”.
Organismos autónomos
Aunque en el informe de la Intervención General no figuran los datos relacionados con los reparos vinculados a las sociedades dependientes del Cabildo, el documento remitido al Tribunal de Cuentas sí hace referencia a los organismos autónomos de la Corporación Insular.
Las intervenciones delegadas formularon un total de 367 reparos en 2016, lo que supone casi la mitad de los realizados en el ejercicio anterior, cuando se alcanzó la cifra de 676. La mayoría de las advertencias sobre supuestas ilegalidades están relacionadas con el Institución de Atención Social y Sociosanitaria (331). No hay cifras en el informe sobre el importe de los expedientes reparados en los organismos autónomos.
Las causas de discrepancia están relacionadas con expedientes de contratación administrativa, subvenciones, gastos de personal y convenios de colaboración.
Presupuestos
El interventor general considera que “merecen especial atención” las “anomalías” detectadas en materia de ingresos del Cabildo de Tenerife. En el informe se alerta de la práctica habitual de la Corporación insular de incluir en los presupuestos los fondos correspondientes a la participación de los ayuntamientos en los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Messía de Yraola recuerda que no es la primera vez que “manifiesta en distintas actuaciones de control su desacuerdo”, al considerar que “tanto los flujos de fondos líquidos percibidos correspondientes a dicha participación como sus correlativos pagos a los ayuntamientos deben recibir el tratamiento de operaciones no presupuestarias”. El interventor llega a criticar en su informe que “la configuración presupuestaria actual constituye una técnica poco ortodoxa o inadecuada, que afecta de forma severa, dada su importancia cuantitativa, al principio de imagen fiel”, por lo que concluye que “debe ser subsanada y corregida”.
Bajo esta fórmula cuestionada por la Intervención General, el Cabildo infló sus previsiones de ingresos en más de 126 millones de euros, un 36% del Capítulo II Impuestos Indirectos, según destaca el funcionario en el informe remitido al Tribunal de Cuentas.
