Vox aplica cirugía preparatoria de sus primarias apartando al responsable del partido en Santa Cruz de Tenerife

Los hombres de negro de Vox desembarcaron el jueves en Canarias para aplicar el modelo de cirugía preparatoria de las primarias internas que prevé celebrar el próximo mes de abril el partido que preside Santiago Abascal. Tomás Fernández, vicesecretario nacional de Organización; Marcos Cruz, director territorial, y Jaime González Canomanuel, coordinador de Canarias y Baleares, desembarcaron por la mañana en Tenerife para invitar al presidente provincial, Alejandro Gómez, a que dimitiera voluntariamente para ahorrarse el disgusto de una destitución. Por la tarde, la delegación se trasladó a Gran Canaria para reunirse con el presidente provincial de Las Palmas, Nicasio Galván, y con su ejecutiva para una finalidad desconocida dado el hermetismo que ha rodeado esta visita.

El portavoz de Vox en Las Palmas, Carmelo González, el único que se ha expresado ante los medios informativos, ha eludido en todo momento pronunciarse sobre lo ocurrido en la otra provincia canaria ni ha revelado cuál fue el resultado de las reuniones en Gran Canaria que incluyeron una cena en un restaurante de la playa de Las Canteras.

Pero fuentes oficiosas del partido aluden a una “crisis de crecimiento” motivada por el vertiginoso crecimiento experimentado por la formación de extrema derecha en las últimas convocatorias electorales nacionales que, en el caso concreto de Canarias, supusieron dos actas de diputados, una por cada provincia, en detrimento de Ciudadanos, que perdió las que tenía.

Ese crecimiento ha hecho aflorar algunos comportamientos que han perjudicado la imagen de Vox, como lo ocurrido en Ceuta o en Murcia, donde se han producido enfrentamientos y fugas a pesar de los buenos resultados cosechados que llevaron a la formación a vencer en esta última región en las generales de noviembre de 2019. O en el Ayuntamiento de Madrid, donde un concejal de la extrema derecha acusó a Más Madrid de comportamientos delictivos relacionados con la corrupción de menores, entre otras lindezas.

El comité nacional de Vox “está preocupado”, refieren las fuentes oficiosas consultadas por este periódico, porque no quiere que las primarias de abril “se conviertan en una guerra civil en algunas provincias”. La organización “se está redefiniendo” es el término que emplean estas fuentes para denominar a lo que está pasando. Puede que sea redefinición incluya suprimir las primarias, de ahí que algunas voces internas se hayan revelado y la dirección nacional esté diseñando un equipo a su medida en los territorios.

En el caso concreto de Canarias, Vox ha decidido prescindir de su responsable en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por lo que se ha dado en llamar “inacción” o “escasa actividad” en esa plaza. Este periódico ha intentado recabar la versión de Alejandro Gómez pero ha resultado imposible.

Una gestora, que habrá de ser promovida por el coordinador para Canarias y Baleares, Jaime González Canomanuel, será la que se haga cargo de la dirección del partido en la provincia occidental de Canarias. González Canomomanuel fue designado en agosto pasado para esa coordinación después de fracasar en su intento por ser diputado por Las Palmas en las elecciones generales de abril de 2019 y de perder su empleo como director del Costa Teguise Golf Club, de Lanzarote.

No es la primera “crisis de crecimiento” que sufre Vox en Canarias. La primera se desarrolló en la provincia de Las Palmas, donde la dirección nacional decidió en febrero de 2019 de modo expeditivo acabar con la ejecutiva que presidía Ricardo Braña y con la de la capital grancanaria, a cuyo frente se encontraba el polémico José Luis Moyano. Braña fue purgado al descubrirse que pesaba sobre él una condena judicial por fraude fiscal, y Moyano tras publicar este periódico que había amenazado a un Policía Nacional, con el que mantiene discrepancias en su desempeño como gestor de fincas, con caerle encima con el peso del Ministerio del Interior cuando esté ocupado por Vox.

En la directiva de Moyano se sentaban, entre otras personas, la secretaria judicial destinada en un juzgado de violencia de género Teresa Lorenzo, esposa del juez suspendido Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por delinquir para perjudicar a la jueza Victoria Rosell, así como su abogado, Eduardo López Mendoza, y la esposa del por entonces teniente coronel de la Guardia Civil al mando del instituto armado en la provincia de Las Palmas.