Un “detallito” de 500.000 pesetas para tramitar licencias urbanísticas en Arona

Poco a poco, los testigos llamados a declarar en el juicio por el caso Arona 1, que se celebra desde enero pasado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, están desgranando una supuesta red de favores pagados y recibidos, en forma de comisiones ilegales para obtener licencias municipales, que en la sesión de este miércoles ha dejado en el aire incluso la posible financiación ilegal del PP en Tenerife, mediante el exconcejal de Urbanismo y exconsejero en el Cabildo por ese partido, Félix Sierra, acusado por cohecho y prevaricación urbanística.

Los primeros testigos citados intentaron tirar balones fuera y negaron alguna de las declaraciones que efectuaron en su momento ante el instructor de esta causa, el magistrado Nelson Díaz Frías.

Así, el empresario Jerónimo Martínez negó que le hubieran pedido un dinero “extra” para poder obtener una licencia de obras, en contra de lo que declaró en los juzgados de Arona en 2008, mientras que José Luis Reverón, que fue dueño de una inmobiliaria y conocía a Félix Sierra de los años en que ambos trabajaban en CajaCanarias, afirmó que hizo gestiones en el Ayuntamiento para conocer por que había tantas dificultades en la concesión de la licencia de obra a los constructores Ansorena, quienes denunciaron una extorsión de 45 millones de pesetas para obtener los permisos.

“Félix Sierra me dijo que eso de los 45 millones era cosa de Zamora (Arsenio Zamora, supuesto intermediario en el cobro de comisiones ilegales y también sentado en el banquillo). Era vox populi en el sector inmobiliario en Arona que Zamora intermediaba para la concesión de licencias”, añadió, para poco después aclarar que Sierra y Zamora eran muy amigos, pertenecían al mismo partido político. Se les veía comiendo juntos, igual que con (el ex arquitecto municipal) Eliseo de la Rosa“.

De la misma forma, este testigo indicó que “se rumoreaba” que una parcela rústica en la zona de Guaza había sido calificada como urbana cuando Sierra entró en el Ayuntamiento de Arona, porque era propiedad de familiares suyos y que “Sierra cobró por ello”, aunque a preguntas de los abogados de la defensa negó haber tenido conocimiento directo de que eso fuera así. “No tuve constancia del cobro de comisiones, pero todo el mundo en Arona lo sabía”, aseveró.

Sin embargo, José Luis Reverón sí fue contundente al asegurar que en las parcelas que rodeaban la que habían adquirido los denunciantes Ansorena Ormazábal y Ansorena Carrera, con idénticas condiciones urbanísticas, “se construía sin problemas”, pero en la de los Ansorena no. “Puede ser que los Ansorena fueran discriminados porque en todas las parcelas se construía menos en la de ellos”.

Zenón Rodríguez, el arquitecto que “imponían” en Urbanismo

En la vista oral de este miércoles salió a relucir una carta que se achaca a Arsenio Zamora y en la que se pide a los Ansorena los 45 millones de pesetas para agilizar los trámites ante el Cabildo de Tenerife, de forma que su parcela cambiara su uso de hotelero a residencial. “O Sierra conocía la letra de esa carta o sabía que Zamora le había pedido el dinero a Ansorena”, concluyó.

El arquitecto Manuel Alexis Hernández, que fue socio de otro testigo, el empresario Marcos Brito, afirmó al tribunal que no se puede construir sin que en los informes técnicos se especifique las que las unidades de actuación están gestionadas (desarrolladas urbanísticamente). “Íbamos a llevar a cabo dos obras, pero en un momento me dijo que había que poner dinero y se paró todo”.

Uno de esos proyectos de construcción era un colegio en una rural, del que debía ser arquitecto “el que designara el concejal de Urbanismo. Ese arquitecto era Zenón Rodríguez, acusado también por cohecho.

Otro testigo, Manuel Bernardo Castro, negó cuanto había declarado anteriormente. Con malas maneras, tanto que la presidenta del Tribunal, la magistrada Lucía Machado, le tuvo que llamar la atención en dos ocasiones. Admitió que había hecho una construcción ilegal en Arona, en la carretera que va de Guaza a Buzanada, para dos locales.

“Hice lo que el 90 por ciento de la población ha hecho. Construir de forma ilegal”, indicó. Tras ser denunciado por una vecina, fue a hablar con el acusado Félix Sierra, y también con otra figura del PP en la isla, Águeda Fumero. Según indicó, hablaba con personas de ese partido porque un sobrino suyo “es un alto cargo del PP, pero no me da la gana de decir su nombre”.

Y negó rotundamente que le hubiera pagado un millón de pesetas a Félix Sierra para su partido, o que el ex arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa le hubiera pedido “un detallito para su mujer” de 500.000 pesetas, en contra de lo que pocos minutos después afirmó otro testigo.

Enróllate con un regalito

Más contundente fue José Tavío Fumero, empresario y promotor inmobiliario en La Camella, quien tenía un proyecto de construcción en esa zona, a pocos kilómetros de Arona capital.

“Me entrevisté con Roberto de Luis (ex aparejador municipal y acusado igualmente de cohecho) y me dijo que no tendría problema, pero me señaló como arquitecto para mi proyecto a Zenón”, sostuvo. “Cuando ya pague por otro arquitecto que no era el que él (De Luis) quería, dejó de hablarme.

Añadió que “como Roberto de Luis no me hacía caso, intenté una amistad con Eliseo de la Rosa, y un día me dijo que me enrollara y que le hiciera un regalito a su mujer, un detallito de 400.000 o 500.000 pesetas: Le dije que en ese momento estaba mal de dinero, que cuando comenzara a alquilar los apartamentos… y así fue quedando la cosa”.

Tavío señaló que el Ayuntamiento de Arona había “ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, por lo que, “amargado”, se plantó en las puertas de la Oficina Técnica para conocer qué pasaba con la segunda licencia que necesitaba, la de primera ocupación. Allí fue donde conoció a Manuel Bernardo Castro. “Me dijo que Félix Sierra le había pedido un millón de pesetas para el PP. Me lo dijo él personalmente. Una vez que pagó, le quitaron los precintos de su obra y pudo seguir construyendo. Desde que pagó, ya no tuvo problemas”.

José Luis Tavío, que a su vez conocía a los Ansorena, organizó una reunión entre Ansorena Carrera y Manuel Bernardo Castro, ya que el primero estaba interesado en conocer a otros empresarios que hubieran sido extorsionados. En esa reunión, Bernardo Castro volvió a reconocer el pago. No sabía que Ansorena le estaba grabando.

“Había que pasar por el aro, había que untar el beso”, recalcó Tavío al tribunal. Insistió en que había empresarios de constructoras importantes, “como Sacyr o Alicur”, que nunca tenían problemas, hasta que él, harto, comenzó a denunciar irregularidades en las concesiones urbanísticas en Arona. “Primero se lo dije a los políticos, pero no hicieron caso, así que luego ya lo denuncié en el juzgado”, matizó.

“Desde que empecé a denunciar ilegalidades urbanísticas tomaron represalias contra mí Berto Reverón (el ex alcalde de CC y acusado José Alberto González Reverón) y Antonio Sosa (ex político de CC, acusado en otra pieza del caso Arona). Puedo demostrar que tomaron represalias”, insistió.

En respuesta a los abogados de la defensa, Tavío confirmó el “detallito” que le había pedido Eliseo de la Rosa, aunque aseguró que no tuvo que abonarlo porque ya tenía los informes favorables para proseguir con su promoción de apartamentos.