El fiscal pide anular la destitución del exdirector de Puertos que denunció las irregularidades de Ricardo Melchior
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Juzgado de lo Social Número 3 que anule la destitución de José Rafael Díaz, el exdirector general de la Autoridad Portuaria que denunció en la vía penal las irregularidades en la gestión de Ricardo Melchior que han desencadenado que el histórico dirigente de Coalición Canaria esté investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y acoso laboral. Así consta en el escrito de conclusiones del representante del Ministerio Público, al que ha tenido acceso mirametv.com, donde también pide dejar sin efecto el acta del Consejo de Administración que adoptó la decisión del cese, en la sesión de 25 de abril de 2018, por “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de indemnidad”.
El informe del fiscal, firmado electrónicamente el pasado 6 de mayo, contiene las conclusiones del Ministerio Público tras el juicio laboral celebrado a raíz de la demanda que José Rafael Díaz presentó después de ser destituido. El escrito da la razón al exdirector de Puertos de Tenerife y considera que la decisión del Consejo de Administración, pese a ser un puesto de libre designación, no está lo suficientemente motivada, sin que se hayan justificado las causas de “pérdida de confianza y deslealtad” que utilizó Ricardo Melchior para proponer el cese.
Tras la posición de la Fiscalía, será ahora la jueza la encargada de dictar una sentencia que, de ir en la misma línea que sostiene el Ministerio Público, supondría la restitución en su puesto del exdirector general, que además es funcionario de la Autoridad Portuaria, aunque en la actualidad se encuentra de baja. La entidad estatal, que ahora preside Pedro Suárez (PP), vive en estos momentos una nueva crisis interna, después de la reciente salida de Luis Santana, la persona elegida para relevar a José Rafael Díaz, y en medio de la vorágine generada por una investigación de ámbito nacional que tiene en el punto de mira posibles mordidas en la adjudicación de obras vinculadas con el puerto de Granadilla.
El escrito de conclusiones, que da la razón a José Rafael Díaz, también vincula su cese con los presuntos hechos delictivos que investiga la fiscal María Farnés Martínez y que han dado pie a la apertura de tres causas judiciales que acorralan a Ricardo Melchior por presuntos delitos de prevaricación, malversación y acoso laboral. El enfrentamiento entre el expresidente de Puertos de Tenerife y el exdirector general permitió que aflorasen una serie de irregularidades en la gestión diaria de la Autoridad Portuaria, de las que incluso llegó a alertar la Intervención del Estado en una de sus auditorías periódicas.
El fiscal explica que “se advierte un fuerte componente de enfrentamiento entre ambos cargos y que trasciende del ámbito de la Autoridad Portuaria”, un hecho a tener en cuenta “por la postura de oposición decidida del director a lo que entendía serias irregularidades en la gestión de las cuentas y disposición de fondos por el presidente”. El representante del Ministerio Público recuerda que la actitud de José Rafael Díaz fue interpretada por Ricardo Melchior como “una seria afrenta a su autoridad, llegando incluso a puentear la firma necesariamente mancomunada, que exigía la tramitación de esos gastos, a través de subordinados o directamente actuando de forma arbitraria”.
En el informe del Ministerio Público se considera que la posición del exdirector de Puertos está “plenamente justificada si atendemos al devenir procedimental que ha experimentado su denuncia”, que ha dado pie a la apertura de dos causas penales en los juzgados, a las que se suma una tercera provocada por una investigación de oficio de la Fiscalía a raíz de la contratación ilegal de dos asesoras de Ricardo Melchior.
Sobre la incorporación de las dos asesoras del expresidente de Puertos, sin respetar el procedimiento establecido por la normativa, el fiscal que lleva la causa social también insiste en destacar la importancia de la declaración de José Rafael Díaz como testigo en el procedimiento abierto por la demanda de una de las trabajadoras, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón por considerar su contratación un fraude de ley. El representante del Ministerio Público recuerda que el testimonio del exdirector de la Autoridad Portuaria en la provincia tinerfeña, “además de revelador y honesto, resultó diametralmente opuesto a los intereses del demandado en el seno del procedimiento social [Ricardo Melchior], que se limitó a realizar alegaciones escritas, en uso de su prerrogativa procesal como órgano estatal, sin comparecer al acto de la vista”.
La primera declaración de Díaz dio pie a una investigación de oficio abierta en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que también tuvieron que prestar testimonio el exdirector de Puertos. El fiscal considera que su segundo interrogatorio, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2018, fue una de las causas que, junto a los enfrentamientos con Melchior por las facturas irregulares, detonó la destitución.
Las conclusiones de la Fiscalía son contundentes a la hora de hacer hincapié en que “sencillamente no se exponen” los motivos que supusieron la “pérdida de confianza y falta de lealtad” alegada por Ricardo Melchior para llevar al Consejo de Administración el cese de José Rafael Díaz. A pesar de tratarse de un cargo de libre designación, el representante de la acusación pública recuerda que la destitución “debe de fundamentarse mínimamente y de forma satisfactoria (...) máxime en este caso, cuando se realiza una alegación de vulneración de derechos fundamentales”.
Comité de Empresa
Comité de EmpresaNo pasa por alto el fiscal un acontecimiento atípico que tuvo lugar el 18 de octubre de 2017, cuando ya existía un enfrentamiento abierto entre Díaz y Melchior. Según las grabaciones aportadas a la causa judicial, durante la celebración de un Consejo de Administración tuvo lugar “la irregular irrupción de los miembros del Comité de Empresa, a instancias del presidente, donde se limitaron a exponer una serie de hechos que desacreditaban la gestión del entonces director”.
El representante del Ministerio Público relata que “llama poderosamente la atención esa confusión de intereses, como que, por parte del fedatario público de ese Consejo”, en alusión a la responsable de los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria, Rosario Arteaga, “ni tan siquiera se mencionara en el acta este incidente que perturbó su normal funcionamiento”.
En el escrito se incide en que es responsabilidad de la secretaria del Consejo de Administración “dejar, al menos, sucinta constancia de lo acaecido sin que sea comprensible que se alegara por el presidente de forma eufemística que se trataba de una reunión informativa (...) la audición es clara y permite calificar esa alegación como carente de fundamento serio”.
El único aspecto de la demanda en que no entra de lleno el fiscal está relacionado con el presunto acoso laboral que sufrió Rafael Díaz. El representante del Ministerio Público expone que durante la fase de petición de prueba consideró necesario practicar un dictamen médico forense, solicitud que no fue contestada por el Juzgado de lo Social Número 3. Este hecho provoca que exista “un vacío probatorio que no permite dictaminar en este momento y con la debida certeza sobre esta causa de nulidad”. La jueza tendrá que dar respuesta a esta reclamación en la sentencia en base a la documentación aportada por el exdirector de Puertos de Tenerife.
Como explica el fiscal en su escrito de conclusiones, en el caso de que la sentencia vaya en la misma línea que su criterio, la Autoridad Portuaria, que acaba de nombrar nuevo director estos días, tendrá que reincorporar a José Rafael Díaz en su puesto, “sin perjuicio” de que pueda volver a destituirlo al día siguiente, pero “con una adecuada y debida motivación no viciada”.
Puertos de Tenerife aún no ha cumplido con la ejecución de la sentencia que obliga a readmitir a una de los dos asesoras que Melchior contrató de forma ilegal. Una posible sentencia a favor del exdirector de Puertos, mientras se instruyen las causas penales por presuntos delitos de corrupción, complicaría aún más la gestión del actual presidente, Pedro Suárez (PP).
