El exconcejal del PP de Santa Brígida acusado de falsificar facturas admite que fueron para “obras electoralistas”

El exconcejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Santa Brígida, Luis Troya (PP), se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados junto al empresario Pedro Morales y los interventores municipales Santiago y Jacinto Hernández por el caso Brisan (por las primeras sílabas del municipio al revés). La Fiscalía pide para él cinco años de prisión y quince de inhabilitación por un presunto delito de malversación de fondos públicos y falsificación de documento mercantil. Según la acusación, Troya presentó al Ayuntamiento entre 2000 y 2005 facturas de pago que suman 40.494,47 euros con el concepto de transporte y materiales suministrados por la ferretería de Morales que “nunca existieron” y cuyo fin único era “enriquecerse de manera ilícita”, al haber arrendado Troya parte de la compañía. Por su parte, el político afirma que, en el caso de 2003, el aumento de facturación relacionada con materiales de construcción se corresponde a “obras electoralistas” durante el mandato de Carmelo Vega. “Cuando hay elecciones siempre se hacen más obras, eso pasa en todos los ayuntamientos”, afirmó el acusado.

Un informe de fiscalización elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias y presentado al Ayuntamiento tras una auditoría alertaba de que se estaban fraccionando pagos a la Ferretería Morales Ravelo para “evitar la salida a concurso y posibilitar la contratación directa”, ya que el máximo permitido por la ley para la contratación directa sin licitación es de 12.020,24 euros. Entre estos datos figuran adquisiciones de materiales a la empresa de Morales por 23.902 euros en 2000, 186.568 en 2001, 154.437 en 2002, 65.534 en 2003, 119.295 en 2004, y 98.22 en 2005. Cifras que, según la defensa del exconcejal, corresponden a cómputos globales de todo el Ayuntamiento y no exclusivamente de las concejalías que dirigió Troya en ese intervalo de tiempo: Vías y Obras (1999-2003), Medio Ambiente, y Parques y Jardines (2004). Además, fue teniente de alcalde en 2005 y en 2006 desempeñó el cargo de alcalde accidental en ocasiones puntuales.

Dos ferreterías en una

En 2003, Luis Troya constituyó la Sociedad Limitada Ferretería y Materiales de Construcción Las Casillas para “comprarle el negocio” a Morales. Sin embargo, ante la imposibilidad de suministrar materiales al Ayuntamiento por su condición de concejal, la empresa Morales Ravelo cedió parte de sus instalaciones a la empresa de Troya pero conservó una oficina y una dependencia exterior. El propósito, según la acusación, era “mantener formalmente” la existencia de la sociedad y utilizar sus membretes y facturas para continuar prestando servicios a la corporación municipal, pese a que la auténtica distribuidora fuera Las Casillas, “eludiendo así la prohibición de contratación” con la empresa de Troya por ostentar este un cargo.

Los dos acusados insistieron durante toda la sesión en que se trata de dos ferreterías diferentes. Sin embargo, dos agentes de la Guardia Civil que elaboraron el atestado de más de ocho mil páginas y que prestaron este martes su declaración como testigos, afirmaron que “por fuera parece una ferretería” y por dentro se puede acceder a las dos empresas, porque están unificadas. Asimismo, uno de los agentes afirmó que durante su inspección a las instalaciones localizó facturas con el membrete de Morales Ravelo S. L. en la zona que pertenecía a Las Casillas S. L. Además, la línea telefónica es la misma. “Mantuve esa porque es el número que conocen ya todos los clientes”, justificó el exconcejal.

Pagos por transportes realizados en vehículos públicos

Algunas de las facturas interceptadas justifican pagos a la ferretería Morales Ravelo por el concepto de transporte de materiales que, según la acusación, en varios casos no existieron, ya que se hicieron con los vehículos del Ayuntamiento. Uno de los agentes añadió que, en otras ocasiones, “existiendo medios de la corporación”, se usaban camiones de la ferretería. La cantidad más alta facturada entre 2000 y 2006 se corresponde con este servicio, alcanzando la cifra de 6.522 euros en el concepto de transporte de material de ferretería y construcción desde el local de la Ferretería Morales Ravelo e Hijos S. L. hasta el almacén del Ayuntamiento u otra zona del municipio donde iban a ser empleados los materiales. “Salvo en muy contadas ocasiones, el transporte del material que adquiría el Ayuntamiento lo hacía con sus propios vehículos y con sus operarios”, señala el escrito de acusación.

Por su parte, tanto Morales como Troya aseguraron que los camiones de la corporación no tenían la capacidad suficiente como para cargar altas cantidades de material. “El espacio de los coches del Ayuntamiento no da ni para llevar agua a los operarios”, bromeó el empresario en su declaración como acusado. Asimismo, preguntado por su defensa sobre el posible cobro de pagos por trabajos no realizados, el empresario lamentó que “si no me han pagado ni 50.000 euros que tengo pendientes por labores que hice, no me van a pagar por servicios que no presté”, ironizó.

Jacinto y Santiago Hernández, interventores accidentales del municipio en varias ocasiones en el período en el que presuntamente se desarrolló la trama Brisan, están acusados de firmar facturas “irregulares” sin formular reparo alguno. Ambos han subrayado que la labor del departamento de intervención se limitaba a verificar que las facturas estuvieran formuladas de forma correcta de acuerdo con las bases de ejecución. Por tanto, no revisaban si los pagos se correspondían con servicios reales ni si servicios de transporte eran prestados por vehículos del parque móvil del Ayuntamiento: “Si viene firmado por el concejal, entendemos que ya ha sido cotejado por el departamento de gestión”, señaló Santiago Hernández.

La concejala que denunció las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento, Victoria Casas (CC), también acudió a la primera sesión del juicio. Una discusión entre el que fue alcalde de Santa Brígida entre 1999 y 2007, el ya fallecido Carmelo Vega, y el acusado Luis Troya en mitad de un pleno la puso en sobreaviso. “Empezaron a acusarse de cosas muy graves, que si uno se había llevado material, que si había usado otro...”, recuerda. “Pocos meses más tarde, el alcalde Antonio Díaz me dijo que Troya formaba parte de la ferretería y que se autocontrataba”. Entonces, decidió llevar el caso a la Audiencia de Cuentas en octubre de 2004.

El largo período de tiempo que ha transcurrido entre que comenzó a investigarse la trama hasta el juicio ha permitido que las defensas planteen en sus cuestiones previas el atenuante de dilaciones indebidas. Asimismo, la defensa de Luis Troya ha alegado irregularidades en el procedimiento al admitirse como prueba documentación recogida en el Ayuntamiento “de forma ilegal” y sin cobertura de resolución judicial. Una cuestión desestimada por la sala.

El juicio se reanudará este miércoles a las 9.45 horas en la sala 25 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.