El fiscal pide siete años de inhabilitación para el exalcalde de Candelaria
La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife solicita siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación para Gumersindo García, exalcalde de Candelaria, y Domingo Ramos, exconcejal de Urbanismo, por adjudicar sin concurso al empresario Antonio Plasencia las obras de reforma de varias instalaciones del campo de fútbol de Barranco Hondo, que generaron un coste total de 243.000 euros para el Ayuntamiento tinerfeño.
El Ministerio Público rebaja en un año la petición inicial de penas para los dos acusados, para los que solicitaba inicialmente ocho años de inhabilitación, al reconocer la existencia de dilaciones indebidas en la causa, tras la celebración en la mañana de este jueves de la única sesión de la vista oral, que tuvo lugar en el nuevo edificio judicial de La Laguna. El abogado de Gumersindo García y Domingo Ramos reclama la libre absolución y plantea una vulneración de derechos de sus representados al haberles costado este caso su carrera política.
Aunque el fiscal, Jaime Serrano-Jover, admite que los dos acusados “no sacaron provecho” con la adjudicación a la empresa Promotora Puntalarga de las obras sin el obligatorio concurso público, considera que eran conocedores de la ilegalidad que cometieron en el proceso de contratación. El abogado de la defensa, Jorge Díaz, por su parte,reconoce que “podría haber existido un ilícito administrativo”, pero aclara que “no un delito de prevaricación”.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando se llevó a cabo la contratación de la empresa de Antonio Plasencia, que acudió al Juzgado como testigo pero finalmente no declaró al desestimarlo las partes, para reformar las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Barranco Hondo, donde un año antes la propia Promotora Puntalarga había acometido los trabajos para la instalación de césped artificial. Las mejoras se adjudicaron de tres veces por un total de 98.000 euros, muy por encima de los 60.000 euros que fija la Ley como límite que obliga a convocar un procedimiento abierto. Para la Fiscalía, detrás de la forma de operar del Ayuntamiento había una intencionalidad de “fraccionar” los contratos para eludir el concurso público.
Puedes continuar leyendo esta información en MírameTV.
