Caso Mediador
La jueza del caso Mediador autoriza a la Consejería de Agricultura a realizar una investigación interna
La jueza del caso Mediador ha dado permiso a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a acometer una inspección interna sobre los expedientes relacionados con este caso de presunta corrupción, con libertad de adoptar las medidas cautelares que considere oportunas.
Al respecto, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo solo pone como condición que se le informe de los resultados de esa investigación interna y de las medidas que se tomen, según explica en una resolución dictada este lunes, a la que ha tenido acceso EFE.
De ese documento, se deduce que es la Consejería de Agricultura la que se ha dirigido a la instructora para exponerle sus planes, porque esta le contesta que “no existe ningún inconveniente”.
Una parte sustancial del caso Mediador alude expedientes de sanciones o de ayudas europeas en manos de la Consejería de Agricultura del Gobierno canario que la Policía y la Guardia Civil sospechan que se intentaron amañar previo pago de sobornos por parte de varios de los empresarios encausados.
Y todo ello, plantean los investigadores, aprovechando la influencia que tenía uno de los principales implicados, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, sobre el área autonómica Ganadería, de la que había sido director general al comienzo de la pasada legislatura y en la que luego le sucedió en el cargo su sobrino, Taishet Fuentes, también procesado en el caso.
En paralelo al juzgado de Santa Cruz de Tenerife, la Fiscalía Europea asumió la investigación del caso Mediador relativa al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único imputado que entró en prisión provisional, y a los contratos vinculados a un proyecto de la UE en el Sahel.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido a la juez para oponerse a la petición de Rachid Mohamed, abogado del intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, de que anular la última declaración que tuvo lugar en el mes de julio, en la que no pudo intervenir por errores en la conexión mediante videoconferencia.
El representante del Ministerio Público admite que la posibilidad de acceder a la práctica de las diligencias de investigación forma parte del derecho de tutela judicial efectiva, pero subraya que “se han realizado todos los esfuerzos” para que así sea a lo largo del proceso.
No obstante, añade que, cuando surja algún motivo o incidencia técnica que impida contactar con alguna de las partes, como le ocurrió a ese letrado, este tiene el derecho a oír la declaración de los investigados, peritos, testigos o perjudicados, pudiéndose realizar una nueva comparecencia sin necesidad de anular la ya efectuada.
También le da la razón al abogado del Mediador cuando este se queja de que tiene derecho a acceder a toda la documentación que conste en el sumario obtenida a través de medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, pero acto seguido indica que para ello debe acudir a la vía electrónica.
170 cuentas y más de 90.000 movimientos bajo la lupa
La jueza investiga en estos momentos 170 cuentas corrientes, “lo que supone más de 90.000 movimientos bancarios”, relacionados con el exdiputado del PSOE Juan Bernando Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. En un auto emitido el pasado jueves, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, precisa que dicha cifra no incluye las cuentas bancarias que forman parte de las piezas declaradas secretas en el marco del procedimiento.
La magistrada explica que, en general, “se han aportado datos identificativos de sociedades y sus partícipes, así como los cambios en los órganos de administración y de la actividad económica”. Según detalla, también constan “ingresos y pagos procedentes del modelo 347, identificación de titulares y autorizados de productos financieros, entre otros datos referidos a las principales personas físicas y jurídicas investigadas”.
Dicha información ha sido recogida en los informes presentados por el auxilio judicial, por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Dirección General de la Guardia Civil y por el Grupo de Delitos Tecnológicos de Santa Cruz de Tenerife de la Policía Nacional.
En paralelo al juzgado de Santa Cruz de Tenerife, la Fiscalía Europea asumió la investigación del caso Mediador relativa al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único imputado que entró en prisión provisional, y a los contratos vinculados a un proyecto de la UE en el Sahel.
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