La “agonía” de los vecinos de El Pilón se prolonga tres meses más
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander se ha convertido en un arma de doble filo para los vecinos de la ciudad. El documento que establece cómo será el entramado urbano durante los próximos años, que el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital de Cantabria defiende como una “herramienta fundamental” para el futuro desarrollo económico y social, mantiene en vilo desde hace meses a cerca de 20 familias del popular barrio de El Pilón.
Una “agonía”, como los propios afectados definen, que se prolongará otros tres meses después del anuncio hecho este jueves por parte del Consistorio santanderino de paralizar temporalmente una operación urbanística que podría concluir con la expropiación forzosa de sus viviendas “a precios ridículos”.
Y es que la constructora que se ha hecho con más del 60% de los terrenos de la zona y que tiene, por tanto, poder de decisión sobre la urbanización del barrio, quiere levantar dos bloques con 140 viviendas y un vial que obligaría a la demolición de los inmuebles del resto de propietarios, un plan contra el que luchan los vecinos agrupados en una plataforma.
En los próximos días tendría que comenzar la tramitación de las bases y los estatutos por los que se regirá la Junta de Compensación de El Pilón, el órgano que establecerá las indemnizaciones para los afectados y que no contempla la posibilidad de realojo tras el derribo obligado de sus viviendas.
Ahora, después de meses de reuniones y protestas ciudadanas, el equipo de Gobierno que lidera Íñigo de la Serna (PP) ha asegurado que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobará el próximo lunes la suspensión temporal de este proceso, a propuesta de la empresa titular de la mayor parte de los terrenos, que “se ha comprometido a profundizar en las vías de diálogo para tratar de lograr un consenso con el resto de propietarios”.
Los vecinos, que han sufrido incluso dos ingresos hospitalarios por “la ansiedad y el estrés” que les está generando el verse “en la calle” ante la inminente expropiación de sus casas, califican como “agridulce” este nuevo retraso. No satisfache todas sus expectativas, pero aleja un poco la espada de Damócles que pendía sobre sus cabezas.
El caso tiene muchas similitudes con el de Amparo Pérez, la mujer de 86 años que perdió la vida mientras 'luchaba' contra el Ayuntamiento de la ciudad para salvar de la piqueta la vivienda que había construido con sus propias manos seis décadas atrás y que el Consistorio santanderino derribó -mientras ella estaba ingresada en el hospital- para construir un vial de menos de medio kilómetro de longitud.
Nueva reunión de trabajo
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de Santander, César Díaz (PP), ha informado este jueves de esta decisión a los vecinos afectados por la actuación urbanística y al resto de grupos municipales en una reunión en el Ayuntamiento.
El edil ha reiterado la “voluntad política” del equipo de gobierno municipal de encontrar una solución a las familias afectadas por este proyecto que promueve la empresa privada y ha recordado que, por ello, se puso en contacto con la promotora perteneciente al Grupo Tecniobras para trasladarle el “problema social” suscitado por la actuación.
Una de las medidas en las que trabaja el Consistorio es una propuesta para plantear al Gobierno de Cantabria una modificación de la Ley del Suelo autonómica con el fin de que se regulen los derechos de realojo y retorno para personas afectadas por procesos urbanísticos como el de El Pilón.
Igualdad de trato y universalización
Díaz ha entregado a los vecinos y al resto de grupos municipales una memoria de cara a la elaboración de esa propuesta que, a su juicio, es una “medida fundamental” no solo para este caso, sino para otras actuaciones que se puedan desarrollar en Santander o en otros municipios de Cantabria.
En el texto que se propone trasladar al Gobierno, el Ayuntamiento de Santander plantea una regulación del derecho de realojo y retorno basada en dos principios básicos que considera “ineludibles”: la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas y la universalización de ese derecho, mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos.
