El Ayuntamiento rechaza los recursos presentados por los vecinos de El Pilón
El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander ha desestimado los recursos presentados por los vecinos de El Pilón en los que solicitaban la suspensión del procedimiento urbanístico iniciado por la promotora privada Costa Verde Hábitat y que conlleva la expropiación de las viviendas de una treintena de familias y dos negocios locales.
La decisión de los populares, aprobada el pasado 16 de febrero, se sustenta en el informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que cuestiona tanto la forma como el contenido de los requerimientos, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria.
Los afectados habían presentado varios recursos de reposición contra el acuerdo tomado a mediados de septiembre por el Consistorio, que acordó paralizar temporalmente, durante tres meses, la operación urbanística con el objetivo de abrir una “vía de diálogo” entre los vecinos y la constructora. Una negociación que, finalmente, nunca ha llegado ni siquiera a iniciarse.
En su escrito, los vecinos hacían tres demandas al equipo de Gobierno: que se aprobara una modificación puntual del Plan General para incluir en la ficha urbanística el derecho de realojo, así como que se pasara del sistema de compensación al de cooperación. Igualmente, solicitaban la suspensión definitiva del expediente administrativo.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento sostienen que “los fundamentos jurídicos del recurso se dedican a combatir, no la legalidad del acuerdo adoptado 21 de septiembre de 2015, sino las determinaciones contenidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Santander respecto al Área Específica 3(B)”.
En este sentido, destacan que el Plan General “cumple la legalidad vigente” y se “limita a diseñar” una operación urbanística en un Área que es “insatisfactoria”, de modo que “articula los mecanismos previstos en la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria”.
Además, apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 sobre un caso sucedido en Barcelona, inciden en que “el Ayuntamiento carece de la cobertura legal necesaria para imponer, a través de la modificación del Plan, el régimen jurídico del realojo”, que, a su juicio, debe estar regulado por el Gobierno de la comunidad autónoma.
La constructora Costa Verde Hábitat compró el 60% del suelo de la unidad de actuación denominada en el Plan General como Área Específica '3(B)' y ahora ha iniciado el proceso para expropiar a la otra mitad del barrio y construir dos nuevos bloques de siete alturas y 70 viviendas cada uno.
“Mienten, mienten y mienten”
Los afectados lamentan la “falta de sensibilidad” de las autoridades locales y culpan al equipo de Gobierno liderado por Íñigo de la Serna de la “situación de abandono” que están viviendo. “No esperamos nada del Ayuntamiento. Sabemos que nos van a echar abajo cualquier iniciativa que pongamos en marcha para defender nuestras propiedades”, asegura Belén Carreño, portavoz de la Plataforma de los Vecinos de El Pilón del Alta.
Según explica, “hace meses” que no tienen ningún contacto con el concejal del área de Urbanismo y las últimas novedades sobre esta operación urbanística que puede dejar en la calle a más de medio centenar de personas las han conocido a través de la noticia adelantada por eldiario.es. “Hay vecinos que son mayores y están francamente mal, que están sufriendo muchísimo y eso ha afectado a su salud”, recalca Carreño.
Esta vecina insiste en que “lo único que hacemos es defendernos de un ataque brutal del Ayuntamiento” pero, a su juicio, “nos chocamos una y otra vez contra un muro”. “Todavía nadie nos ha convencido de la necesidad de llevar a cabo esta operación urbanística totalmente injustificada. ¿Cuál es su interés social? ¿Cuál es el interés para los vecinos que vivimos en el barrio”, se pregunta.
El equipo jurídico que apoya y asesora a los propietarios afectados está estudiando la documentación y analizando en estos momentos los argumentos esgrimidos por el equipo de Gobierno para rechazar una petición que conllevaría la paralización de las expropiaciones, incluida esa sentencia del Tribunal Supremo en la que se apoyan. “Mienten, mienten y mienten. Solo ponen pretextos. Es vergonzoso que no sean capaces de escucharnos y atender a nuestros problemas”, afirma la portavoz.
Lucha en los tribunales
De momento, los vecinos esperan con ansiedad la oportunidad de exponer su caso en el Parlamento de Cantabria, en el marco de una Comisión para regular en la Ley del Suelo el derecho de realojo. Así, a propuesta de Podemos, acudirán afectados por los desarrollos urbanísticos en los barrios de El Pilón y Prado San Roque, en Santander, así como el nieto de Amparo Pérez, la mujer que fue expropiada por el Ayuntamiento por el vial de la S-20; y representantes de la Asociación Ecologista ARCA y de la Plataforma de Defensa de la Bahía de Santander (DEBA).
También a propuesta de la formación morada comparecerán el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; el primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la capital, César Díaz; y Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y actual senador, todos ellos del PP.
“La sensación generalizada entre los vecinos es la de indignación. Solo nos vienen dos palabras a la cabeza: atraco y vergüenza”, subraya Carreño, que tiene claro que sus reivindicaciones seguirán sobre la mesa hasta que se alcance una solución satisfactoria: “Vamos a pelear en los tribunales. Nos jugamos mucho como para tirar la toalla”, sentencia.
