Cantabria sigue sin cuantificar un año después el “quebranto patrimonial” por la trama corrupta en Obras Públicas

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria vivió hace exactamente un año una situación insólita: decenas de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria rodearon la sede de este departamento y realizaron un registro exhaustivo en busca de documentación que ratificara las presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos públicos del Servicio de Carreteras, unas pesquisas que sacaron a la luz una trama corrupta en la contratación mediante la cual se desviaron supuestamente “varios millones de euros” a cuentas particulares de los investigados.

En esta operación, que marcó los siguientes meses a nivel mediático y provocó incluso el cese del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (PRC), además de la destitución de varios altos cargos de este departamento, fueron detenidas ocho personas, entre ellas, el funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, supuestamente, “habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la comunidad”, así como su mujer, sus dos hijas y los cuatro administradores de las sociedades adjudicatarias de estos contratos, que aún siguen pendientes de cuantificar económicamente doce meses después de salir a la luz.

“Ahora mismo se está analizando y cuantificando cuál es el quebranto patrimonial que se le ha causado a los ciudadanos de Cantabria, porque se ha detectado por los servicios de Intervención General que tiene una cuantía significativa, si bien la cantidad exacta de su importe requiere un trabajo más exhaustivo”, ha reconocido este jueves el actual consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), durante una rueda de prensa en la que el nuevo responsable de esta cartera tras el cambio de Gobierno después de las elecciones del 28M ha querido hacer balance de la situación.

Según el consejero, ha comparecido en una fecha “muy simbólica” porque se cumple un año de la intervención policial, que ha calificado como “día negro para Cantabria por la sombra de la corrupción” y ha insistido en que su objetivo para esta legislatura es “convertir la Consejería en un departamento ejemplar”. “La investigación judicial sigue abierta. Seguimos personados como acusación particular, y en la Consejería hemos hecho lo que nos ha pedido desde los Juzgados, que no es otra cosa que aportar toda la documentación. Estamos esperando a que termine la instrucción, pero somos los primeros interesados en que este caso se resuelva y queden esclarecidos todos estos hechos”, ha subrayado.

De forma paralela a la investigación judicial, se está realizando esa auditoría interna desde el Gobierno de Cantabria con el objetivo de “aclarar cómo se ha gestionado el dinero público en esta área en los últimos 20 años, para depurar responsabilidades si fuera necesario”. Tal y como ha relatado Media, esta parte está en manos del equipo de interventores del equipo de la Consejería de Economía, y al igual que con el Juzgado, desde su departamento se han limitado a trasladar toda la documentación que han ido requiriendo.

“Si me preguntan cuándo estará terminada, no les puedo dar una respuesta definitiva porque, sinceramente, no lo sé. Los auditores se van a tomar todo el tiempo que sea necesario para que el informe que están elaborando sea lo más completo posible y no haya ningún tipo de dudas de que este caso se ha investigado a fondo”, ha advertido el consejero, que tampoco ha podido precisar la cantidad del dinero presuntamente sustraído, algo que espera que próximamente puedan certificar. “Se ha detectado que el perjuicio sería de una cuantía significativa”, ha adelantado.

Por otra parte, Media ha admitido las dificultades para detectar la forma de operar de esta trama, que consiguió burlar todos los controles internos y las medidas de seguridad establecidas en la adjudicación de contratos dentro de la Administración. “Esta auditoría contable y de legalidad está ya casi ultimada y se ha centrado en el análisis exhaustivo de los últimos cuatro años, y aleatoriamente en contratos de los últimos 20 años. No se ha detectado ninguna irregularidad significativa desde el punto de vista de la legalidad administrativa. Los expedientes se hacían bien, a conciencia”, ha señalado.

Recuperación de la actividad

Al margen de la investigación judicial y la auditoría interna, el consejero ha explicado también que ocho de los contratos que quedaron anulados tras saltar a la luz este presunto caso de corrupción, y que estaban adjudicados a las empresas investigadas por pagar mordidas y amañar contratos, ya están licitados de nuevo o a punto de hacerlo. En estos meses desde el cambio en el Gobierno de Cantabria, su departamento ha puesto en marcha “toda la maquinaria” para recuperar una inversión de más de 23 millones de euros, paralizada porque “su adjudicación podía estar bajo sospecha”.

Tal y como ha explicado Media, los contratos que se han reactivado afectan, sobre todo, a la conservación y mantenimiento de carreteras, “muy necesarios para garantizar su buen funcionamiento y unos niveles de excelencia”. Aun así, el consejero ha considerado que “el mantenimiento y explotación de las carreteras regionales se ha venido ejecutando con normalidad con los contratos que ya estaban vigentes en la Consejería y con actuaciones de conservación, para solventar problemas puntuales con medios propios”, que una vez se finalice con la tramitación de los contratos que ahora se reactivan darán un salto importante.

Decisiones judiciales

El consejero ha recordado, además, que hasta que finalice la instrucción y dicte sentencia después del juicio, la Administración tiene poco margen de intervención, hasta el punto de que algunas de las empresas vinculadas con la trama siguen concursando en licitaciones públicas y aspiran incluso a recuperar algunos de los contratos bajo sospecha que se han vuelto a sacar a concurso desde el Gobierno de Cantabria.

“El propio funcionario aludido e investigado pidió su reingreso y tuvo que ser un juez el que decidiera que no podía volver de momento. Nosotros no somos jueces. Si tenemos conocimiento de cualquier comportamiento irregular o ilícito, lo pondremos en manos de la justicia, pero no podemos hacer mucho más”, ha admitido Media, que ha insistido también en que “no se puede apartar a ninguna de esas empresas investigadas de ninguna contratación. Hasta que no haya una sentencia, cualquier empresa que se presente a los concursos tiene que ser tratada como cualquier otra”.