La conflictividad en Cantabria en la primavera de 1936: una aproximación al impacto real de la violencia política en las vísperas de la Guerra Civil

El 3 de junio de 1936, el director del diario La Región, de tendencia marcadamente izquierdista, fue tiroteado cuando se encontraba en el bar “La Zanguina”, situado en la C/ del Martillo de Santander. Trasladado al hospital Valdecilla, fallecería al día siguiente. Mientras tanto, como consecuencia de la persecución emprendida tras el atentado, resultó muerto el presunto agresor. Una tercera víctima mortal de la nefasta jornada sería un estudiante de Magisterio de ideología derechista, alcanzado por una bala tras una disputa en relación con los sucesos anteriores. Dada la relevancia de la primera de las víctimas y la respuesta masiva de la ciudadanía santanderina, que paralizó la ciudad de manera prácticamente inmediata tras conocerse el atentado y volvió a hacerlo el día siguiente, con motivo del sepelio, el episodio puede considerarse el más relevante del periodo comprendido entre el 16 de febrero (elecciones generales que dieron el triunfo al Frente Popular) y el 18 de julio de 1936 (sublevación militar que dio comienzo a la Guerra Civil). Asimismo, se trata de un ejemplo de la tensión y la violencia que dominaban la sociedad española de la época. Cantabria no fue ajena a una problemática general, no solo en el conjunto de España, sino también de Europa. Se ha hablado de brutalización de la política para denominar la facilidad con que se recurrió a la violencia para dirimir diferencias sociales y políticas; hablar de politización de la brutalidad es más que un mero juego de palabras. Hace referencia a la facilidad con que actos cotidianos, como una fiesta o un baile, degeneraban en disputas teñidas de rivalidades políticas.

El acercamiento a la II República se ve lastrado casi inevitablemente por la omnipresencia de la Guerra Civil. Se trata, sin embargo, de una perspectiva deformada. La Guerra Civil no fue inevitable; nada hay predeterminado en el desarrollo histórico. Las constricciones impuestas por las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales de cada época, pueden ser modificadas por la acción de hombres y mujeres, fundamentalmente por la acción colectiva. No cabe duda de que la República fue un periodo convulso, dominado por fuertes tensiones sociales y políticas. Pero la conexión directa e irremediable entre República y Guerra Civil debe ser erradicada de los análisis.

El periodo de gobierno del Frente Popular fue señalado como la culminación de una situación crítica en cuanto al deterioro del orden público, que según ciertas interpretaciones habría hecho inevitable la intervención del ejército. Sin embargo, una visión más detallada pone en cuestión algunos de los tópicos de amplia circulación. En el periodo estudiado se aprecian dos etapas claramente diferenciadas:  una primera que duraría 3 meses y medio, desde las elecciones del 16 de febrero hasta el final de mayo; la 2ª, evidentemente más corta, iría desde la primera semana de junio hasta la sublevación del 18 de julio, que daría comienzo a la Guerra Civil. Contrariamente a lo que un cierto sentido común habría difundido, en este último periodo se produjo una notable reducción de los incidentes, al punto de que en los días previos al golpe de estado las incidencias alcanzan sus cifras más bajas.

Si las detenciones ofrecen un indicio del origen de la violencia política, una amplia mayoría de ellas corresponden a personas de filiación derechista (451 frente a 151 de procedencia izquierdista, de los cuales 100 en una manifestación de júbilo por el triunfo del Frente Popular, siendo inmediatamente liberados). No obstante, las detenciones parece que se resuelven en numerosas ocasiones con la pronta liberación de los implicados, lo que lleva a la izquierda a solicitar la depuración del aparato judicial. 

Hay un total de 19 víctimas mortales en el periodo en conflictos de orden público, lo que convierte a la entonces provincia de Santander en uno de los territorios con mayor número de víctimas en esos meses, según el documentado estudio de Eduardo González Calleja. Sin embargo, no parece que nuestra región sufriera una incidencia mayor de la que pudo afectar al resto de España. La mayoría de las víctimas se producen en tres incidentes destacados. Además del reseñado al inicio de estas líneas, hubo cuatro muertos como consecuencia de un motín en El Dueso el 18 de febrero, y otras cinco víctimas cayeron en incidentes producidos el 5 de mayo. Ese día, unos pistoleros atacaron en Santander al falangista José Olavarrieta Ortega, que murió el día 19. En represalia, miembros de Falange Española asesinaron a dos comunistas en el café Español de Santander, y a dos socialistas en el bar La Navarra de Astillero. Entre los asesinados por razones políticas, se cuentan tres militantes socialistas, cuatro comunistas, tres falangistas, tres de Acción Popular, uno de Agrupación Regional Independiente, uno de la Comunión Tradicionalista, y 1 persona calificada como derechista, sin más especificación.

Los disturbios se repiten con frecuencia; mayoritariamente son promovidos por grupos derechistas, si bien en algún caso parten de núcleos socialistas y comunistas.  Uno de los más significativos tuvo lugar el 2 de marzo, cuando un banquete en el que más de 100 republicanos y socialistas celebraban el triunfo electoral fue interrumpido por la presencia de grupos falangistas, que efectuaron varios disparos. Como consecuencia, el 3 de marzo, el gobernador civil decretó la clausura de todos los centros de Falange Española, al tiempo que conminaba a los particulares a hacer entrega de las armas que obraran en su poder. Dado que los llamamientos para la entrega de las armas se siguieron repitiendo en las semanas sucesivas, cabe deducir que no hubo un seguimiento generalizado de la orden.

Otros incidentes destacables fueron los acaecidos en Torrelavega el 30 de marzo, cuando a la vuelta de una concentración en Los Corrales grupos de jóvenes socialistas y comunistas asaltaron el local de Acción Popular en Torrelavega. 

Se produjeron numerosas huelgas generales a nivel local. Las huelgas de trabajadores son prácticamente el único tipo de conflicto que aumenta en frecuencia a medida que se avanza en el periodo. La de mayor duración fue la secundada por los trabajadores de la carretera Los Corrales- Collado, que se prolongó durante 2 meses. Las más numerosas y de mayor incidencia, por su extensión geográfica, fue la de la construcción, secundada por unos 4000 trabajadores, y que duró un mes y tres días. La prensa local recogió igualmente las huelgas de los trabajadores marítimos, tanto tripulantes de barcos como obreros del muelle. Se contabilizan hasta 6 huelgas generales durante estos meses: en Laredo y Santoña responden a movimientos de solidaridad con pescadores y conserveras, respectivamente. En Castro Urdiales se trata de una protesta por un atentado fascista, mientras que la de Renedo es la respuesta a la agresión a un alguacil.

Los incendios o destrozos de iglesias, hasta un número de 21, tuvieron lugar en localidades que no sobrepasaban los 10 kilómetros de distancia respecto a Torrelavega, lo que permite deducir la presencia de un grupo responsable de estos incidentes en la zona señalada. 

En un momento de fuerte politización de la ciudadanía no es extraño que la movilización alcanzara dimensiones considerables. Las convocatorias de manifestaciones fueron numerosas; las protagonizaron principalmente las fuerzas de izquierda, y los motivos fueron variados: desde demostraciones de alegría por el triunfo del Frente Popular en las elecciones o por la excarcelación de los presos de octubre a la celebración de las conmemoraciones señaladas como el 14 de abril o el 1º de mayo, hasta reivindicaciones más específicas, como cuestiones laborales, respuestas a actividades de la derecha, exigencia de desarme de los pistoleros derechistas, y también depuración de la magistratura. Otras se convocan en protesta contra los altos índices de paro, o por la acción de los caciques de la región, como las que tienen por objeto la situación de la cooperativa SAM. Las manifestaciones de la derecha son más escasas y tiene casi como único objetivo la defensa de la libertad religiosa.

Desde el punto de vista vista geográfico, hay un predominio de conflictos en la cuenca del Besaya, en la capital santanderina y en la zona oriental (Santoña, Laredo y Castro Urdiales). Escasean en el sur de la región (Campoo) y en la zona occidental. 

En definitiva, es innegable que los niveles de crispación y polarización que se alcanzaron en España durante la II República fueron elevados. La consecuencia fue la proliferación de episodios de violencia, muchos de ellos de naturaleza política, pero también en ocasiones de perfiles difusos, con traslaciones a la política de disputas de otro origen. No se trata de un fenómeno específico español, pues toda Europa experimentó una evolución similar en un contexto marcado por la profunda crisis económica y por la emergencia y difusión de ideologías y movimientos antidemocráticos. No obstante, nada comparable al nivel de violencia que trajo consigo la Guerra Civil y la inmediata posguerra; los problemas que atravesó la II República solo podían alcanzar vías de solución mediante la corrección de las notables desigualdades que fracturaban el cuerpo social y la implantación de medidas y prácticas que profundizaran la democracia, limitando el poder de los grupos que lo habían detentado históricamente. No parece adecuado el a veces proclamado lema “Todos fuimos culpables”. Es verdad que desde todos los lados del espectro político se cometieron vulneraciones graves de los derechos humanos y se incidió en prácticas muy poco respetuosas con el adversario político; pero no todos los comportamientos pueden igualarse. Hubo fuerzas políticas que pretendieron un país más justo, más culto, más democrático; y hubo quienes lucharon por evitarlo y acabaron por imponer una dictadura que multiplicó los sufrimientos y las violencias que afirmaban haber venido a cortar. 

El panorama convulso del orden público en los meses de gobierno del Frente Popular respondía a múltiples factores; fue la resultante de un estado general de malestar y crispación que no pudo ser controlado por las autoridades y en el que las fuerzas de orden público vinieron a jugar un papel más de multiplicadores de la violencia que de responsables de su control. Parece haber una cierta regularidad en el carácter más premeditado y organizado de la violencia de procedencia derechista, mientras la de origen izquierdista parece responder a iniciativas individuales, y más bien espontáneas. Hay trifulcas, peleas y altercados, pero no hay esos enfrentamientos de milicias partidistas que tantas veces se ha señalado como característica de la época. Es cierto que la mayor parte de los fallecidos pertenecen a organizaciones de derechas, pero la mayor premeditación de la violencia derechista entra dentro de la lógica introducida desde la victoria del Frente Popular; a partir de ese momento comenzó la preparación del golpe de estado, y las organizaciones de la derecha, fundamentalmente la Falange, activaron una suerte de estrategia de la tensión que trataba de llevar la violencia a las calles, en primer lugar, y de amplificar el efecto de la misma posteriormente.