El Ayuntamiento mantendrá vacías doce de las 60 VPO de General Dávila
El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha confirmado este jueves que el Ayuntamiento mantendrá vacías 'sine die' doce de las 60 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de General Dávila. Estos inmuebles habían sido reservados para realojar a parte de los vecinos de Prado San Roque como consecuencia del plan de regeneración urbana que proyecta el Consistorio sobre la zona, comprendida entre el Río de la Pila y el campo de fútbol de El Regimiento.
Sin embargo, el equipo de Gobierno ha optado por aparcar el proyecto hasta después de las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo. Los 'populares', que ya habían iniciado el proceso de expropiación, han tomado esta decisión después de la fuerte controversia generada en el caso de Amparo Pérez, la mujer de 86 años que falleció pocos días después de haber sido desposeída de su casa. Y también viendo que los afectados -más de una veintena- se han agrupado en una plataforma para defender sus intereses.
Las obras de las promoción concluirán la próximas semana y durante el mes de mayo De la Serna hará entrega de las llaves a los 48 adjudicatarios mientras que las doce viviendas restantes quedarán “reservadas” para el realojo, según ha manifestado el propio regidor a preguntas de eldiario.es durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los proyectos para los que el Ayuntamiento pedirá financiación a la Unión Europea.
Los vecinos de Prado San Roque ya han dejado clara su oposición a abandonar sus casas, por lo que la expropiación será recurrida. Durante el tiempo que se alargue el proceso, el Ayuntamiento prevé que la docena de viviendas de protección de General Dávila permanezcan vacías.
Una opción “ficticia”
El estudio económico que maneja el Ayuntamiento -elaborado por la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander- estima en 3,3 millones de euros la cuantía de las expropiaciones. La intención de los responsables del Consistorio es costear parte de la operación 'en especie', es decir, descontando el valor de las viviendas municipales que serán ofrecidas para el realojo.
Desde la plataforma de afectados aseguran que esta opción es “ficticia”, ya que la mayoría son personas humildes que no podrán abonar la diferencia entre el pago de la expropiación y el precio de la VPO, que, según resaltan, son de régimen autonómico, “el más caro”. Según sus cálculos, tendrían que hacer frente a un desembolso de unos 70.000 euros.
