Santander busca el consenso político para restringir la apertura de casas de apuestas
El incremento exponencial de locales de juego en los barrios de Santander durante los últimos meses y la fuerte reacción vecinal que se ha producido ante la próxima apertura de nuevas casas de apuestas en el entorno cercano a centros escolares, esquivando la normativa que establece una distancia mínima de 500 metros, ha activado a los grupos municipales en la ciudad, que buscan ahora el consenso político para sacar este tema del debate partidista y establecer una “unidad de acción” que permita restringir que estos negocios abran sus puertas en esas condiciones.
Y es que la existencia de casas de apuestas y salones de juego casi se ha duplicado en Cantabria en la última década, pasando de los 28 locales que había en 2010 a los 49 con los que se cerró el año 2019, una tendencia que ha afectado principalmente a la capital. Así, y tras las últimas protestas de colectivos sociales y vecinales, incluidos padres y madres de alumnos que cursan sus estudios en los centros educativos afectados en el barrio de Cazoña, las administraciones estudian la fórmula de coordinarse para impedir estas aperturas.
Estos primeros pasos se visibilizarán en el pleno del Ayuntamiento de Santander que se celebra este jueves, donde la moción que presentó el PSOE para exigir al equipo de gobierno municipal que tome medidas y “paralice” la concesión de licencias de apertura de locales de apuestas que se encuentren a menos de 500 metros de centros educativos ante la evidente “alarma social”, se ha sumado en el último momento un texto pactado a su vez entre PRC y PP, que busca la unanimidad y el apoyo del resto de grupos y traza una estrategia conjunta entre el propio Consistorio y el Gobierno de Cantabria.
Este acuerdo entre socialistas, regionalistas y populares, al que Ciudadanos ya ha anunciado que se sumará, a falta de concretar la decisión final que tomen al respecto los concejales de Unidas por Santander y Vox, intentará limitar la proliferación de estos locales de apuestas en la ciudad a través de la normativa urbanística y una suspensión temporal en la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento.
Simultáneamente, y de forma coordinada con el Ejecutivo autonómico, se pretende que la Consejería de Presidencia establezca un plazo de caducidad para aquellas licencias que hayan realizado las consultas previas y cuenten con un plan de viabilidad aprobado por el organismo competente, de manera que ambas acciones supongan en la práctica la imposibilidad de apertura de los locales en cuestión que no cumplen con la Ley del Juego de Cantabria tras su última revisión.
Endurecimiento de la normativa
También en los últimos días, el Gobierno de Cantabria había elaborado un decreto que tiene como objetivo combatir la entrada de menores a las salas de juego a través de mayores controles en la misma puerta del local y con mayores sanciones económicas, un endurecimiento de la normativa que apuntala la modificación de la Ley del Juego que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Hasta ahora, el proceso de denuncia conllevaba la posterior demostración de que el menor se llegó a encontrar en algún momento en el local. “Es complicado demostrar claramente que esa persona que se identifica es un menor, y ahora queremos anticiparnos a eso, evitar la denuncia y que en caso de producirse, sea una sanción doble en la que el propietario se salta la ley al haber un menor dentro del local, y además se salta el decreto por no tener a alguien que controle que no entre”, explicó la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, tras anunciar el nuevo decreto.
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