Los estudiantes se oponen a la reforma universitaria con protestas en la calle
La huelga de estudiantes convocada este jueves ha sido el primer asalto de una batalla que se reproducirá en las próximas semanas, si el ministro José Ignacio Wert no da marcha atrás a la reforma universitaria que apuesta por los grados de tres años, que requerirán de un máster de especialización de otros dos cursos. Los alumnos han mostrado su oposición en la calle, porque consideran que la medida es un paso más para la “privatización” de la educación pública.
La respuesta de los jóvenes, sin embargo, ha sido tibia en este primer pulso a la administración. Unos 300 estudiantes se manifestaron en Santander contra el bautizado '3+2', una medida “impuesta” por el Ministerio de Educación que consideran que “se hecho sin contar con la comunidad universitaria” y que busca “encarecer las carreras”.
El Colectivo de Estudiantes, sin embargo, ha cifrado el seguimiento de la huelga en los centros públicos de Cantabria en un 80% de media, un porcentaje que la Consejería de Educación reduce al 20%. Según los convocantes, los alumnos de Torrelavega han sido los que más han secundado el paro, ligeramente por encima que los institutos y centros educativos de Santander y el arco de la bahía.
La movilización ha estado encabezada por la pancarta 'NO LOMCE, 3+2 y FP Dual' y ha recorrido el centro de la ciudad, desde la Consejería de Educación, en la calle Vargas, hasta Correos, en la Plaza Alfonso XIII. En la marcha, que ha discurrido con absoluta normalidad, los estudiantes han portado carteles con reivindicaciones como 'Lucho por una educación que me enseñe a pensar, no a obedecer', 'La ignorancia del ciudadanos es la victoria del tirano' o 'Queremos becas, no hipotecas'.
La manifestación arrancó con retraso debido a la denuncia administrativa presentada por el Colectivo de Estudiantes en la Consejería de Educación, una protesta contra el IES Ricardo Bernardo de Solares que ha pedido “autorización paterna” a los alumnos que querían sumarse a la huelga, algo que los portavoces del colectivo han tachado de “ilegal”.
