Reinosa, la evolución de un conflicto con la reconversión industrial de fondo

El conflicto que estalló en Reinosa en la primavera de 1987 se explica en el contexto de la reconversión industrial impulsada por el Gobierno socialista y en las consecuencias que tuvo sobre la comarca campurriana, especialmente por la destrucción de empleo industrial. Los términos más adecuados para enmarcar y describir este proceso confrontan, como casi siempre, el relato oficial con la realidad.

En el caso de lo sucedido en la primavera de 1987, la disputa no fue menor. La prensa calificó los hechos con términos que fueron variando desde los más asépticos como incidentes o sucesos, para ir haciéndose cada vez más gruesos: disturbios, revuelta, polvorín o batalla campal.

Las connotaciones que sugieren hacen referencia al qué, pero en ninguno de los casos aluden al fondo de la cuestión, a la esencia, al por qué, y esto no fue inocente. En todo conflicto se manifiestan intereses opuestos y se evidencia el posicionamiento enfrentado de las partes. Esto obliga a fijarse en quienes son los protagonistas (los trabajadores, el Gobierno y el pueblo de Reinosa) y cuál es la naturaleza de su confrontación. O, dicho de otro modo, cuáles son los intereses que entran en litigio entre las partes.

Por un lado, el Gobierno pretendía “modernizar la economía”, que de hecho suponía la desmantelación de la mayor parte de la industria pesada, tal y como exigía la integración de España en la Comunidad Económica Europea; y, por otro, los trabajadores, en primer término, y el resto del pueblo de Reinosa que defendía sus puestos de trabajo como medio de sustento de sus familias y de la comarca, que pasaba por exigir un plan de futuro para Forjas y Aceros.

El conflicto que se puede calificar de laboral, al menos en su inicio, tiene, como es lógico, unas manifestaciones muy determinadas que marcarán los distintos momentos de su evolución. La primera etapa del conflicto tiene como base la defensa del empleo y del futuro de la empresa. En ella los trabajadores son el principal protagonista junto con los sindicatos, que intentan negociar con el Gobierno, utilizando para ello la herramienta más poderosa de que disponen: la movilización.

Intensa destrucción de empleo

Tomando el dato de la evolución de la población ocupada en la primera mitad de la década de los 80, se aprecia la intensidad que tuvo la destrucción del empleo en la comarca. La población ocupada en 1980 ascendía de 8.111 personas y en solo cuatro años se habían perdido 1.340 empleos, o sea el 16,5%.

La mayor parte de la pérdida se había concentrado en las grandes empresas, que eran el motor de la economía campurriana, lo que motivó que la población apoyara masivamente las movilizaciones convocadas por los sindicatos, como ocurrió en la huelga general comarcal, llevada a cabo el 22 de diciembre de 1986, en la que se produjo el cierre generalizado de los comercios y el corte de las vías de comunicación.

La segunda etapa se inicia en marzo, con el inesperado anuncio del expediente de rescisión de 463 puestos de trabajo en Forjas y Acero, que era una empresa del Instituto Nacional de Industria, de titularidad pública. De esta manera el conflicto se enconaba, quedando el Gobierno como antagonista directo de los trabajadores.

No es muy difícil imaginar la indignación viendo cómo, además de sufrir la imposición unilateral de una medida de tal calado, el director de la empresa, Enrique Antolín, era promocionado a consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco tras el acuerdo PSOE-PNV.

El director se presentó en la factoría la víspera de su nombramiento, lo que generó un movimiento espontáneo de los trabajadores, que, reteniéndole, pretendieron forzar la negociación con el Gobierno. Para el Gobierno, aceptar la negociación hubiera significado admitir la situación de debilidad en la que se encontraba, acosado por la oleada de huelgas que desde diferentes sectores ponían en tela de juicio las medidas de ajuste que se había comprometido a cumplir con Europa; y por la actitud que la derecha mantenía en el debate político, que si bien estaba de acuerdo con la “convergencia con Europa”, no dejaba de aprovechar la conflictividad social para desgastarlo.

Como consecuencia, el Gobierno, optó por convertir el conflicto en una cuestión de orden público y mantener su posición contraria a la negociación, cediendo el protagonismo a la Guardia Civil. Si bien la actuación policial en la mañana del 12 de marzo consiguió el objetivo de liberar a Enrique Antolín de su encierro, con lo que pudo ser nombrado consejero ese mismo día, el exceso de fuerza empleada contra la población concentrada frente a la fábrica, y probablemente, una mala planificación del despliegue policial, provocó la rápida escalada del conflicto. 

Por un lado, los cortes de la carretera nacional y la vía férrea a partir de ese día se reprodujeron casi a diario, siguiendo la lógica de que la fuerza de los trabajadores para obligar a una negociación reside en su capacidad de movilización. Y por otro, la necesidad de reparar la imagen de “humillación” del cuerpo, tras ser acorralados y desarmados por la población un grupo de guardias en una calleja.

Quizá ésta sea la razón que explique la respuesta desmesurada que dio la Guardia Civil en las semanas siguientes, tomando el pueblo con el apoyo de helicópteros y tanquetas, cargando indiscriminadamente contra los habitantes de Reinosa (se recogieron evidencias de haber sido empleado fuego real), disparando a discreción botes de humo y pelotas de goma, provocando numerosos heridos y, finalmente, un muerto.

Respuesta ciudadana

Esta brutal respuesta introdujo un nuevo cambio en la naturaleza del conflicto, consiguiendo movilizar a toda la población, no solo como apoyo a las reclamaciones de los trabajadores, sino como parte directamente implicada: habían sido vulnerados sus derechos como ciudadanos, habían sido agredidos sin miramientos por la Guardia Civil, en los traslados y en dependencias policiales, y se sentían insultados por las declaraciones del partido del Gobierno en los medios de comunicación.

La población pasó a un primer plano; se constituyó la Asamblea de Mujeres y la Asamblea Ciudadana, que denunciaron la represión ejercida buscando romper el cerco informativo que estaban sufriendo en los medios estatales, para lo que utilizaron las radios locales, documentaron las agresiones y llevaron su mensaje a otras localidades.

Así mismo se recurrió al Defensor del Pueblo, se manifestaron en Madrid frente al Congreso de los Diputados y se denunciaron los hechos ante la Justicia. En definitiva, lo acontecido en Reinosa muestra la evolución de un conflicto donde la intervención policial convierte un problema de índole laboral en un conflicto social profundo.

Tras unas semanas de gran tensión en la calle, el punto de inflexión se produjo con la muerte en el hospital de Gonzalo Ruiz. El Gobierno planteó medidas de mayor alcance en la negociación con los sindicatos, aunque sin modificar las rescisiones de contratos previstas para el verano. La línea de negociación de los sindicatos pasaba, por un lado, por poner encima de la mesa las condiciones en que esas bajas se iban a producir, que no fueran traumáticas y lograr la posibilidad de recolocación en otras empresas del INI, así como la búsqueda de un futuro industrial para la empresa.

Para Reinosa esta no fue la primera crisis en la industria, ni tampoco la última. Venía perdiendo población y empleo desde principios de los años 80, y no se había consolidado ninguna alternativa económica que contrarrestara estas pérdidas. Si estas movilizaciones no se hubieran producido, es más que probable que el impacto sobre Forjas y Aceros y el resto de empresas de la zona hubiera sido mayor.

Consecuencias electorales

Lo que sí tuvo es un precio electoral para el partido del Gobierno. Apenas terminado el conflicto, en junio de de 1987 se celebraron elecciones municipales, lo que le brindó  al pueblo de Reinosa la oportunidad de expresarse ante las urnas cuando aún estaban humeantes los rescoldos.

El escrutinio ratificó una pérdida de tres concejales y del 15,49% de votos para el PSOE. La mitad de los sufragios pasaron a engrosar las filas de IU, lo que le permitió doblar su resultado y obtener el segundo concejal. La otra mitad se repartió entre el resto de fuerzas políticas que abrió las puertas del Ayuntamiento al CDS y al PRC.

Es lo mismo que decir que la mitad del voto se desplazó a izquierda del PSOE y la otra mitad a su derecha, pero no hacia a Alianza Popular, que obtuvo el mismo resultado electoral que en las elecciones anteriores. Así todo, AP consiguió la Alcaldía a pesar de que le faltaba un concejal para la mayoría absoluta, debido a la imposibilidad del PSOE de pactar con el resto de fuerzas políticas del Ayuntamiento.