Medio centenar de empleados públicos se concentra en Santander para exigir un nuevo acuerdo salarial

Medio centenar de empleados públicos se han concentrado este lunes frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria para exigir la negociación de un nuevo acuerdo salarial que recoja la equiparación de sueldos entre las distintas administraciones públicas, la recuperación de las estructuras salariales de la paga extra y una nueva Oferta de Empleo Público (OEP).

La movilización, que afecta a unos 40.000 empleados públicos en la región, ha sido convocada a nivel nacional por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, para reivindicar subidas salariales en 2025, mejores condiciones laborales y en defensa de MUFACE.

En declaraciones a la prensa, el responsable de AGE de CSIF Cantabria, Rubén Diéguez, ha explicado que el actual acuerdo salarial de los empleados públicos caduca a final de año y ha provocado “una pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios de la Administración General del Estado de un 6%”.

También piden la asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En este punto, Diéguez ha apuntado que, según un estudio que han elaborado, los empleados de la AGE tienen “una pérdida de poder adquisitivo, en referencia con los compañeros de las comunidades autónomas y las entidades locales, de media general, de 8.000 euros anuales”.

En el caso concreto de Cantabria, ha indicado que los funcionarios de la AGE --1.600 trabajadores-- pierden “7.429 euros” y el personal laboral “5.852”, en comparación con sus homólogos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para corregir estas “desigualdades” y, con ello, la “fuga de talento”, desde CSIF proponen una dotación de fondos adicionales de 1.487 millones de euros repartidos en tres años (2025, 2026 y 2027), logrando la “igualdad salarial” en 2028.

También proponen la recuperación de las estructuras salariales de la paga extra para todos los empleados públicos, que les han “recortado” desde 2010, lo que significa que desde ese año y hasta la actualidad los funcionarios han “trabajado gratis entre 13 y 18 meses”, dependiendo del grupo profesional, sumando un global de pérdidas del “20%”.

Precisamente, hoy se ha conocido la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por CSIF ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Congreso de no tramitar la Iniciativa Legislativa Popular para la recuperación íntegra de las pagas extras, reducidas por el Gobierno de Zapatero en 2010.

Además, piden una nueva Oferta de Empleo Público, eliminando la tasa de reposición que, ha criticado, “siempre estuvo por debajo de las plazas vacantes con el fin de controlar el gasto de personal”, lo que produjo “plantillas muy tensionadas y aumento de la temporalidad”.

Según ha detallado, faltan de cubrir unos 60.000 puestos en la AGE y en el caso concreto de Cantabria hay “más de 300” vacantes en la plantilla, lo que supone un 15% que, ha aseverado, alcanzará “el 20%” por las jubilaciones.

Ha advertido que esta “falta” de plazas implica un “perjuicio” para los ciudadanos, dado que, por ejemplo, “el Ingreso Mínimo Vital tarda un año en resolverse” y hay oficinas de Tráfico en las que “no hay examinadores en ciertas épocas del año”.

Asimismo, solicitan una jornada de 35 horas semanales en todo el Estado y la implementación de teletrabajo; y mejoras en las condiciones de jubilación. En concreto, regular la jubilación parcial para funcionarios y estatutarios, y la actualización del Estatuto Básico de Empleado Público reforzando su carácter de norma básica.

El responsable de AGE de CSIF Cantabria ha censurado que desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas, por lo que instan al Ejecutivo a que convoque la mesa y “empezar a negociar ya”.