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El PP cántabro, la excepción de las coaliciones autonómicas de la derecha que deja fuera del Gobierno a Vox

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, habla durante un pleno con el diputado y senador autonómico Íñigo Fernández.

Laro García

Santander —

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Primero fue Castilla y León. Luego, tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, los gobiernos de PP y Vox se reprodujeron por toda España: Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragón, Baleares, Murcia... Allí donde la suma era posible, los populares se han apoyado en la extrema derecha y les han dado cabida en los respectivos ejecutivos con más o menos reticencias. El tira y afloja por las carteras que los representantes de la formación que preside Santiago Abascal iban a asumir ha formado parte de las negociaciones, pero en ningún caso se ha tensado tanto la cuerda como para no cerrar acuerdos de legislatura o arriesgarse a ir a una incierta repetición electoral.

La excepción en todos estos meses en los que se ha configurado un nuevo poder local y autonómico en España ha sido Cantabria, donde el buen resultado obtenido por la candidatura de María José Sáenz de Buruaga, con 15 diputados para el PP frente a los ocho que consiguieron tanto el PRC de Miguel Ángel Revilla como el PSOE de Pablo Zuloaga el pasado 28M, no alcanzó a la líder de los populares cántabros para cosechar una mayoría absoluta fijada en 19 escaños, pero le dejó una aritmética muy favorable para jugar sus cartas y conformar un Gobierno monocolor del PP, ya que podía elegir entre el apoyo externo de los regionalistas y los cuatro escaños de la extrema derecha de Vox.

La mano tendida del PRC, que ofreció desde un primer momento su abstención en la investidura de Buruaga a cambio de que Vox quedara fuera del Gobierno, dejó el camino despejado para el PP cántabro. Las exigencias regionalistas, más allá de los vaivenes dialécticos de un Revilla en shock tras su debacle electoral, eran absolutamente asumibles por el PP, que pasó de hacer una campaña muy agresiva contra el veterano líder del PRC -con mensajes como “Pedro Sánchez y Miguel Ángel Revilla son lo mismo” o “hay que acabar con el revillismo”, que fueron el eje de la campaña de los populares- a firmar un acuerdo de investidura “casi gratis” con el propio Revilla.

Solo la campaña de las elecciones generales tras la rápida y sorpresiva convocatoria realizada por Pedro Sánchez cambió un poco el paso el PP cántabro en ese proceso de negociación de la investidura de Buruaga, preocupados porque su cercanía al PRC de Revilla fuera castigada por los votantes más conservadores, que podían buscar refugio en Vox. De hecho, los líderes de la extrema derecha en Cantabria utilizaron ese recurso con mucha insistencia, intentando demostrar la incoherencia en el mensaje de campaña de Buruaga frente a lo que había hecho una vez conocidos los resultados de las urnas.

Tanto es así que el PP, con la investidura ya amarrada con la abstención del PRC, llegó a tender la mano a Vox y le ofreció algunos pactos programáticos, como la futura derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, las modificación que pretenden realizar esta legislatura para hacer más laxa la Ley del Suelo o una agresiva reforma fiscal incluida en los próximos Presupuestos Generales de Cantabria para 2024, con la supresión de algunos tributos como el Impuesto de Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones. También pactaron con la extrema derecha la composición de la Mesa del Parlamento, dando entrada a un representante de Vox por primera vez a cambio de asegurarse la Presidencia de la Cámara.

Ahora, a punto de agotar los 100 días de gracia que la oposición suele conceder a los nuevos gobiernos, con la apertura del curso político y el inicio de los debates parlamentarios, el PP cántabro deberá demostrar cuáles son sus intenciones: si mantiene al PRC como socio preferente y busca su aprobación en las cuentas públicas del próximo ejercicio o se refugia en Vox para sacar adelante sus iniciativas en un Parlamento fragmentado y en el que no tiene mayoría, pero en el que regionalistas y extrema derecha difícilmente compartirán postulados.

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