El PP introduce cambios en la normativa de vivienda de Cantabria: “La cédula de habitabilidad no aportaba nada y era una carga para los funcionarios”

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves la eliminación de la cédula de habitabilidad de las viviendas de la comunidad autónoma. Se trata de una medida que ya estaba anunciada por el Ejecutivo que encabeza María José Sáenz de Buruaga (PP) y que ahora se ha hecho efectiva tras la celebración de un Consejo de Gobierno en el que, además, se ha dado luz verde a un decreto de mínimos con las dimensiones que deben cumplir, tanto las de nueva construcción como las que son objeto de rehabilitación o cambio de uso.

En este sentido, el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha defendido en rueda de prensa la supresión del citado trámite por su carga administrativa y la demora de los plazos. “Hemos acabado con un documento que estaba obsoleto, que no aportaba nada y que generaba duplicidades”, ha remarcado.

Según ha explicado, el decreto regulatorio de las condiciones que deben reunir las viviendas y la concesión y control de las cédulas de habitabilidad databa de 1991, y el proceso que establecía suponía “una gran carga para los funcionarios y un gran desgaste para el ciudadano”. Al respecto, Media ha detallado que la Dirección General de Vivienda tardaba hasta seis meses en resolver los expedientes.

Desde 2021 se han emitido 16.364 cédulas de habitabilidad en Cantabria, una media de más de 4.000 al año. “Esto genera un enorme volumen de trabajo que impide la gestión de otros expedientes de vivienda”, ha señalado el consejero. “Su eliminación ahorra trabajo a la Administración y reduce la burocracia a los ciudadanos”, ha insistido, destacando que otras comunidades como Madrid, Castilla y León o Euskadi no cuentan con ella. “Es una demanda histórica del sector de la construcción”, ha resaltado Media.

De esta forma, el trámite por el que los ayuntamientos solicitan el visto bueno del Gobierno autonómico queda suprimido y serán los técnicos municipales junto con los colegios profesionales quienes determinen la adecuación a la legalidad urbanística de la vivienda. Así pues, tal y como ha anunciado el consejero, los expedientes que estaban siendo revisados en la Dirección General de Vivienda “se archivarán inmediatamente”.

“Hay locales que pueden ser viviendas” 

El objetivo del decreto de mínimos aprobado este jueves es, en palabras de Roberto Media, “poner en marcha fórmulas y procedimientos más ágiles” para que haya “más vivienda en el mercado”. “Hay locales que podrían ser viviendas perfectamente y necesitan de agilidad en la tramitación para reconvertir su uso”, ha subrayado el consejero del PP.

No obstante, cuestionado por la repercusión que esta medida pudiera tener en los pisos turísticos, el titular de Vivienda ha querido desmarcarla remitiéndose a que la regulación de los mismos se establecerá en el decreto que está elaborando la Consejería de Turismo.

En cuanto al contenido propio del decreto, se diferencian dos niveles de condiciones mínimas de programas, superficies e iluminación natural, uno para las viviendas de nueva construcción y otro para las viviendas procedentes de actuaciones de rehabilitación o provenientes de cambios de uso.

Según ha explicado Media, el tamaño mínimo de las viviendas “no varía apenas”. “Tan solo se han incluido pequeñas modificaciones más permisivas en cambios de uso o rehabilitación”, ha añadido. Así, tal y como ha detallado, en viviendas nuevas, la superficie mínima útil será de 30 metros cuadrados, y en los cambios de uso o rehabilitación, serán de 28 metros cuadrados para viviendas y de 25 para las denominadas viviendas-estudio.