Santurban demora la resolución del expediente sancionador por cesión ilegal de trabajadores
Hace más de un mes que la Inspección de Trabajo abrió un acta de infracción contra Santurban y contra el Ayuntamiento de Santander por un posible caso de cesión ilegal de trabajadores y la empresa pública municipal aun no ha presentado las alegaciones oportunas, lo que está impidiendo que se avance en la tramitación del expediente y mantiene al mismo tiempo paralizadas las contrataciones temporales de 131 personas que debían haberse incorporado a trabajar para el Consistorio santanderino a comienzos de este mes.
El caso está provocando el enfrentamiento político entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de Cantabria, quienes este lunes se han vuelto a acusar mutuamente de retrasar los trámites. La investigación partió de una denuncia presentada el pasado mes de septiembre por CCOO, la cual fue certificada por la Inspección de Trabajo del Gobierno de España el 11 de diciembre.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria ha señalado que la Dirección General de Trabajo no puede resolver el expediente mientras la empresa pública no presente sus alegaciones. “No puede acusarnos a nosotros de tenerlo paralizado cuando son ellos los que tienen que hacer los deberes”, han apuntado fuentes de la Consejería a este diario en respuesta a las declaraciones hechas por la concejala de Empleo del Consistorio, Ana González Pescador, quien en un comunicado había urgido al Gobierno cántabro a resolver la situación.
Desde el departamento que dirige Juan José Sota y del que depende la Dirección General de Trabajo han recordado que Santurban recibió más tarde que el Consistorio la notificación del acta de infracción porque “no quisieron recogerla las dos primeras veces”, lo que hizo que el Ayuntamiento la tuviese el 12 de diciembre y la empresa municipal el 5 de enero.
Igualmente, apuntan que el plazo legal para que Santurban presente alegaciones concluye este viernes. Una vez superda esta fecha, el instructor del expediente se pondrá a trabajar para resolver en el sentido que corresponda, bien avalar la gestión municipal de programa de Corporaciones o sancionar en caso de que se determine que ha habido cesión ilegal de mano de obra.
“Cinismo del PP”
Por su parte, el portavoz socialista en Santander, Pedro Casares, ha reprochado al equipo de Gobierno su “cinismo” al instar a la Dirección General de Trabajo a resolver cuanto antes el expediente cuando la empresa pública aún no ha presentado sus alegaciones.
Según ha subrayado Casares, el equipo de gobierno “sabe perfectamente” que Inspección de Trabajo no puede resolver si falta documentación por aportar, por lo que ha considerado que la concejala de Empleo “actúa con absoluta irresponsabilidad”.
“Nada de esto habría ocurrido si todo se hubiera hecho conforme a ley y no existieran dudas sobre la cesión de trabajadores contratados a través del programa de Corporaciones Locales para cubrir otros servicios”, ha añadido el socialista, que ha recordado que el Ayuntamiento de Santander es “el único consistorio de Cantabria” que tiene un expediente abierto de infracción por cesión ilegal de trabajadores.
