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De Alpera a Toledo para impedir la instalación de la macrogranja

La alcaldesa de Alpera, Cesárea Arnedo, antes de entrar a la reunión en la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Lourdes Cifuentes

Con 3.000 alegaciones bajo el brazo y su rechazo rotundo a que su municipio, Alpera, albergue una granja intensiva, ha llevado Cesárea Arnedo a la reunión en la Viceconsejería de  Medio Ambiente. A su lado, los representantes de la Plataforma de afectados por las macrogranjas. Su objetivo es impedir la instalación de la macrogranja en su término municipal y para ello apelará a las declaraciones del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, en las que aseguraba que ningún municipio que no lo quiera, tendrá una granja intensiva en sus tierras. Y es que, según el propio consejero, esto compete a los Ayuntamientos con porque son “entidades sustantivas”.

Este es, a priori, el principal argumento de la alcaldesa de Alpera, que ni su Ayuntamiento, ni sus vecinos quieren la macrogranja en la localidad y ahora piden “el compromiso de la Junta”. Dice Arnedo que este modelo de ganadería intensiva no va en la línea de desarrollo que quieren para su localidad, que es “un municipio que ha apostado por el desarrollo rural sostenible y sostenido y que apuesta por la ganadería y la agricultura tradicional”, esta última totalmente incompatible con el uso de purines como abono.

Nitratos y agua: los principales argumentos

La contaminación por nitratos, provocada por la aplicación de los purines en el suelo de la localidad es una de las alegaciones que más se repiten en cualquiera de los municipios que, a día de hoy, se ven amenazados por las macrogranjas. En el caso de Alpera, su alcaldesa asegura además que el pequeño tamaño del municipio hace que no se tengan recursos para el control de esos nitratos. Además, “estamos en una zona de vulneración de contaminación por nitratos”.

La falta de agua es otro de los argumentos en contra de esta instalación. Y es que el proyecto es para una macrogranja que albergaría 7.200 cerdos que llegarían a las instalaciones con 20 kilos y saldrían de ellas, directos al matadero, ya pesando 100. Es lo que se conoce como granja de cebo y, de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, las 6 naves proyectadas se levantarán en el Paraje del Lomazo, aunos 3,7 kilómetros del casco urbano de la localidad.

Para poder poner en marcha la macrogranja hay, además de otros, un elemento indispensable: el agua. Así, la empresa ya ha presentado la solicitud de concesión de aguas subterráneas a la Confederación a la que pide un volumen máximo anual de 36.843,10 metros cúbicos al año y un caudal máximo instantáneo de 5,5 litros por segundo. Dice su alcaldesa que “dar de beber a 28.000 cerdos supondría quintuplicar todo el consumo de la comarca, no sólo del municipio de Alpera”.

Contestación popular

Del total de 3.000 alegaciones a las que hace referencia la alcaldesa de Alpera, 2.300 han sido presentadas por los vecinos, cooperativas agroalimentarias, agricultores y comunidad de regantes de la comarca, que han mostrado su disconformidad con esta instalación por entender que confronta con los intereses generales de un municipio que ha apostado por un desarrollo medioambiental sostenible y ecológico. Es muestra de la contestación social que ha mostrado este municipio, arropado por otros de la comarca, como Carcelén, Almansa y hasta Ayora (en la Comunidad Valenciana). 

Tanto es así que este domingo han congregado a medio millar de personas en una marcha hasta la parcela donde pretenden instalar una de las 4 macrogranjas, en la cual se quieren criar 7.000 cerdos que posteriormente serían exportados a diversos países.

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