Castilla-La Mancha pide al Constitucional que levante la suspensión de su ley 'antifracking'

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido mantener el pulso contra futuras prácticas de fractura hidráulica en la región y va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando que se anule la suspensión de su ley 'antifracking’. Esta norma castellano-manchega se encuentra actualmente paralizada debido al recurso anterior del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias estatales.

Así lo ha desvelado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha apoyado a las plataformas antifracking de la región durante la rueda de prensa ofrecida por la plataforma de Guadalajara. El consejero ha subrayado que desde el Gobierno regional esperan que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la ejecutividad de la Ley, porque “de ellos depende que en Castilla-La Mancha se pueda realizar prácticas de fractura hidráulica”.

Ha incidido en que la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 9 de marzo de 2017 “no invade competencias estatales” ya que se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública. El Gobierno regional entiende que deben prevalecer estas dos competencias sobre una práctica “de la que se desconocen con precisión sus efectos”. “Hay argumentos suficientes para que en Castilla-La Mancha podamos legislar sobre esta materia”.

Estaba entre las posibilidades del Gobierno de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo de Mariano Rajoy iniciara 'cruzada' judicial contra la Ley Antifracking que entró en vigor el pasado mes de abril. Desde Moncloa ya recurrieron ante el Tribunal Constitucional las leyes similares que se aprobaron en Catalunya, La Rioja y Cantabria, tumbadas por atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos. Por eso, desde el equipo de Emiliano García-Page elaboraron una norma que pudiera 'sortear' ese recurso y para ello la norma contempla, no la prohibición de la fractura hidráulica, sino decenas de condicionantes ambientales, que sí son competencia autonómica y que hacen prácticamente imposible 'de facto' la aprobación de estos proyectos de extracción.

No ha impedido esta compleja maniobra que el Gobierno central haya decidido ir también contra la ley castellano-manchega. El Consejo de Ministros acordó el pasado mes de diciembre interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la norma. Después, a finales de enero, el Constitucional admitió a trámite el recurso, provocando la suspensión cautelar de la norma.