Castilla-La Mancha gastó en 2020 más de 18 millones de euros en ayudas de emergencia social

La Consejería de Bienestar Social desmiente a la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y asegura que sí publica los datos relativos a las ayudas de emergencia social que concede cada año la comunidad autónoma.

Así ha reaccionado este departamento del Gobierno castellanomanchego a las afirmaciones del presidente de la asociación nacional, José Manuel Ramírez, quien en declaraciones a elDiarioclm.es criticaba la postura de la comunidad autónoma (y también la de Extremadura) y reclamaba al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 retirar la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales además de tachar de “insolidario” al Gobierno castellanomanchego.

“Los datos de gestión de ayudas de emergencia social de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se recogen en el Informe de Rentas Mínimas de Inserción, donde se aportan todos los datos anuales, por petición del Ministerio , y según los criterios establecidos por este”, han explicado fuentes de la Consejería de Bienestar Social a elDiarioclm.es.

De hecho, este departamento explica que no incluye en la línea de financiación del Plan Concertado nacional su Sistema de Rentas Mínimas, “por lo que no es el caso de que esta región no aporte datos relativos a las ayudas de emergencia social, si no que aun está pendiente de publicar el Informe de Rentas Mínimas 2020 que sí los recoge, y en el que se está trabajando junto con el Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030”.

¿Cuánto destinó Castilla-La Mancha a emergencia social en 2020?

Los últimos datos publicados en la web del Ministerio se refieren al año 2019. La Consejería de Bienestar Social ha detallado a este periódico que, de cara al informe de 2020 que todavía ha de publicarse, en cuanto a las ayudas de emergencia social, el número de perceptores ascendió a 3.176 (938 hombres y 2.238 mujeres), con un gasto que superó los 3,2 millones de euros el pasado año.

En cuanto a las ayudas extraordinarias derivadas de la COVID-19, Castilla-La Mancha invirtió 15,1 millones de euros que destinó a 12.010 personas (4.783 hombres y 7.227 mujeres).

Las cifras de la pobreza y la exclusión social

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales habla de una tasa de pobreza en la región del 20,2%, con 413.135 personas en riesgo de pobreza y tan solo 10.246 perceptores de ayudas por rentas mínimas. Una cifras que, según el presidente de la asociación “requieren que las ayudas sean efectivas y diligentes”.

Desde la Junta castellanomanchega recuerdan que esa estadística data de 2018 y contrapone el reciente Informe del Estado de la Pobreza de la Red de Entidades de Acción Social de Castilla-La Mancha (EAPN) de julio de 2021.

Las cifras son todavía peores a las estimadas por la asociación. Y es que el 29,8 % de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Algo que representa más de 600.000 personas en esa situación. “Esta cifra está casi un punto por debajo de la del año anterior y supone la consolidación de la tendencia descendente registrada en los cuatro últimos años”, señala Bienestar Social.

La Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales amplió el pasado mes de mayo el crédito para ayudas de emergencia social en más de 4,7 millones de euros sobre lo previsto a finales de 2020, llegando a un importen global que ronda los 10 millones de euros, incluyendo 200.000 euros más para el Plan de Apoyo a la Familia y a la Infancia.

Son datos que facilita este departamento que cita también la puesta en marcha del Plan regional de Empleo, dotado con 102 millones, duplicando la convocatoria anterior. “Se espera impulsar la contratación de 15.000 personas con especiales dificultades de inserción por parte de las entidades locales”. En este plan, añade Bienestar Social, se considerará como colectivo prioritario a las personas que hayan perdido su empleo como consecuencia de la COVID-19.

La “tardanza” en los pagos de las ayudas

La asociación nacional había criticado también la “tardanza de hasta dos meses” en las ayudas que gestionan tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos. En este sentido, Bienestar Social explica que “las prestaciones que gestiona la comunidad autónoma están al margen de de las que puedan ofrecer las entidades locales” y recuerda la reciente aprobación, en junio, de la Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación que modifica la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha de 2010, en lo relativo a la prestación de emergencia social.

Esta Ley, dice la Consejería, “sustituye la fiscalización previa de las prestaciones de emergencia social por el control financiero permanente”. Una tarea que corresponde a la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y eso, dice este departamento, “va a contribuir a mejorar y agilizar la gestión y llegar con mucha más celeridad a las familias que necesitan estas ayudas de emergencia social”.

Bienestar Social, responde también a las críticas de la Asociación de Directoras y Gerentes sobre la supresión parcial del Ingreso Mínimo de Solidaridad, la ‘renta mínima’ autonómica, para evitar duplicidades con la ayuda estatal y aduce que ya se ha iniciado la elaboración del nuevo decreto de prestaciones económicas para las personas en situación de dificultad económica y social. “Supondrá la unificación del sistema de prestaciones y llegar aquellas personas que se quedan fuera del marco protector del Ingreso Mínimo Vital”, sostiene.