Los geólogos alertan de que el sobrecoste del ATC repercutirá en la factura de luz
El coste de la gestión de los residuos radiactivos en España está garantizado mediante el Fondo para la Financiación de Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. Este modelo es independiente de los Presupuestos Generales del Estado y se basa en la “aplicación de tarifas específicas” que tanto las centrales nucleares como las instalaciones que producen residuos radiactivos (hospitales, laboratorios o industrias), están obligados a pagar. Así lo explica la propia Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Según el Colegio Oficial de Geólogos, esto se traduce en una parte de la factura de la luz de todos los españoles, y el hecho de que esta empresa se encuentre, para el Tribunal de Cuentas, en “números rojos” provocará que cualquier sobrecoste pagado por la misma repercuta en ese recibo. Es el caso de los gastos adicionales que supondría para Enresa, gestora del proyecto, la instalación del cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) debido a que los suelos “no son los más adecuados”.
Es uno de los efectos negativos que ha señalado este gremio después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya dado el visto bueno al emplazamiento del silo nuclear en esta localidad. “Al final, si tiene que afrontar un pago de 2.300 millones de euros, como dice su propia memoria de actividades, tendrá que vivir de algo y eso se reflejará en la factura de la luz”, explica Manuel Regueiro, vicepresidente del Colegio Oficial de Geólogos de España.
Al margen de ello, toda la polémica desatada por la futura instalación del almacén de residuos nucleares es para estos expertos una cuestión de “aplicar el sentido común”. “Si había ocho posibles sitios y se hizo un cuadro de las condiciones de cada pueblo, el sentido común haría elegir el que tiene mejores características y resulta que se ha elegido el de peores condiciones”. Es decir, debió utilizarse un criterio “menos político” y más “científico, técnico y geológico” para la selección de emplazamiento.
Regueiro explica que, de hecho, en España no existen criterios para la selección de estas instalaciones, ya que no se utilizan los derivados del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Eso provoca que “al final este almacén se ponga donde deciden personas que a lo mejor no tienen los suficientes conocimientos técnicos para hacerlo”. Además, considera que la geología es un criterio fundamental en la ubicación del ATC y por ello, si no se tiene en cuenta, el resultado es “lo que está pasando, sorpresas y sobrecostes”. “No lo decimos nosotros; todos los técnicos que han inspeccionado el subsuelo han dicho que es problemático”, destaca.
La alternativa: el Almacén Geológico Profundo
Y hay alternativas a este cúmulo de problemas. La decisión de construir el ATC se tomó en la década de los 90, en una situación distinta a la actual. “Antes se pensaba en ampliar la vida útil de las instalaciones nucleares, mientras que ahora hay partidos que piensan que deberían cerrarse, y eso es un escenario diferente”. En ambos casos, la solución más óptima, señalan, es apostar por un Almacén Geológico Profundo (AGP), una posibilidad que se paralizó hace 20 años y que incluye un laboratorio subterráneo, al igual que en muchos países europeos.
“Es la opción más fiable y duradera ya que plantea una barrera geológica infranqueable para los desechos radioactivos”, detallan desde este gremio. Una medida que debe ir acompañada de una inversión de I+D destinada a ese almacenamiento “como la que ya existe a nivel europeo”.
