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Dice el refrán popular 'Consejos doy que para mí no tengo'. Aún estamos esperando, casi diez años después de publicarse la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, la constitución y puesta en funcionamiento del Consejo Regional de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, máximo órgano de participación y asesoramiento en la materia para gestionar nuestro patrimonio cultural.
El Consejo Regional de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha tiene como objetivo propiciar una acción coordinada de las Administraciones Públicas en la conservación y acrecentamiento del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha a la vez de estimular la participación ciudadana e institucional en la protección del Patrimonio Cultural castellanomanchego, facilitando el intercambio de la información existente sobre dicho Patrimonio
Tienen asignadas dichas funciones consultivas las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural, los Institutos de Estudios Provinciales y Locales, los Colegios Profesionales en los ámbitos relacionados con sus respectivas profesiones, la Universidad de Castilla-La Mancha y las instituciones consultivas citadas en la normativa estatal sobre Patrimonio Histórico. Todo ello sin perjuicio del asesoramiento que pueda recabarse de otros organismos profesionales, instituciones científicas y entidades culturales.
En nuestra vecina región de Murcia la entidad conservacionista Huermur ha criticado el vacío en la gestión y vigilancia del patrimonio cultural en dicho territorio, a la que la Ley de 2007 obliga a aquel gobierno regional, solicitando a la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional que se investigue la falta de voluntad de la Consejería de Cultura y la Dirección General de Bienes Culturales, para poner en marcha los consejos asesores regionales de patrimonio cultural y arqueología.
Nos preguntamos si en las Cortes regionales alguno de los grupos parlamentarios ha pedido hasta el momento, tras gobiernos de uno y otro color, su creación, así como el funcionamiento de otros órganos consultivos y asesores en materia de patrimonio cultural como el Consejo de Archivos de Castilla-La Mancha, la Junta de Valoración de bienes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, el Consejo de Museos de Castilla-La Mancha o el Consejo Regional de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha. Tampoco las Reales Academias, los Institutos de Estudios que hay en la región u otras instituciones en cuyas constituciones se encuentra hacer pública su opinión en estas materias han exigido su constitución.
La existencia de estos Consejos es necesaria para hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, regulando dicha participación ciudadana de carácter orgánico a través de los órganos colegiados consultivos de la Administración pública regional, no limitándose a ser meros apéndices de dicha administración rellenándose sus vocalías sólo con funcionarios de la propia Consejería. Creemos que con su constitución y funcionamiento no sólo se cumplen los objetivos de cada uno de los institutos culturales, sino que también la gestión cultural se verá mejorada si la institución que tutela la protección de nuestro patrimonio tiene en cuenta los consejos de estos órganos colegiados. Estamos cansados de ver como se toman decisiones personalistas que abocan a errores de bulto que, en la materia que nos ocupa, a veces producen efectos irreparables para la conservación del patrimonio cultural.
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