El juez absuelve a todos los cargos políticos por el incendio de Chiloeches y solo condena a cinco empresarios

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha absuelto a todos los cargos políticos encausados en el caso del incendio de la planta de reciclaje de residuos tóxicos de Chiloeches (Guadalajara), incendio ocurrido en agosto de 2016 en las instalaciones de la localidad guadalajareña, que provocó una nube de humo tóxica y el vertido de residuos que se almacenaban de manera incontrolada en la planta de tratamiento.

Según la sentencia, se condena a Francisco Fernández García, Pablo Layna Calvo, Sergio Layna Calvo, Manuel Amador Layna Calvo y Juan José Gutiérrez de Loma como autores criminalmente responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. En concreto, Francisco Fernández es condenado a cuatro años y dos meses; Pablo, Sergio y Manuel Amador Layna a tres años y 11 meses; y Juan José Gutiérrez de Loma a tres años y seis meses.

Todos estos condenados quedan, de otro lado, absueltos del delito de participación en grupo criminal y del delito de gestión peligrosa de residuos.

Se condena a las empresas Kuk Medioambiente y Grupo Layna como responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. En el caso de la primera, a una multa diaria de 50 euros durante dos años; y a la segunda, a la multa de un año con cuota de 100 euros diarios.

Todos estos acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 5 millones de euros; y a la CHT en 22.000 euros; a la entidad Altamira en un millón de euros.

El resto de acusados, entre ellos los cargos políticos --Miguel Chillarón, Carlos José Blázquez, Matilde Basarán, Sergio David González, Olga Villegas, José María Michelena, César Urrea, Jesús Moreno, José Antonio Morales, Alejandro Martín, Ramón Palma y Mario Sánchez-- así como la empresa Salmedina, quedan absueltos de todos los cargos.

Más de 170 declaraciones en el juicio

El macrojuicio por el incendio declarado en agosto de 2016 en una planta de reciclaje de residuos tóxicos de Chiloeches (Guadalajara) quedaba visto para sentencia en diciembre del pasado año después de 44 jornadas maratonianas en las que han pasado por el banquillo 21 acusados, entre los que había cargos políticos, técnicos de la Administración de Castilla-La Mancha, empresas y trabajadores, para quienes el Ministerio Fiscal ha mantenido sus peticiones de pena iniciales.

Un proceso que arrancó el 20 de septiembre del pasado año y que finalizaba casi tres meses después, con la declaración también de cerca de 170 personas entre testigos y peritos, y que debido al elevado número de acusados se ha celebrado en las antiguas dependencias de los juzgados de Beladíez en Guadalajara capital y no en las de la Audiencia Provincial.

Fue en el mes de junio cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados --18 personas físicas y tres jurídicas--, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros, sumando entre todos penas de hasta 144 años de cárcel.