Un decreto de gestión de estiércoles más restrictivo sustituirá a la moratoria de macrogranjas en Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha hay 360 macrogranjas porcinas instaladas, es decir, aquellas que tienen más de 2.000 cabezas. Es casi una cuarta parte del total de explotaciones de cerdos, que rondan las 1.400. En total, sumando también las granjas de aves y vacas, son casi 37.000 en toda la comunidad autónoma. Sin embargo, la proliferación de las primeras, las porcinas de gran tamaño, y las protestas ciudadanas llevaron al Gobierno de Emiliano García-Page a aprobar hace dos años una moratoria para impedir nuevas instalaciones de este tipo. Ese plazo termina el 31 de diciembre de este año y durante este tiempo se han paralizado 61 proyectos. ¿Qué pasará después?

No habrá nueva moratoria pero sí un nuevo decreto autonómico de regulación de estiércoles más restrictivo en cuanto a los requisitos medioambientales de las macrogranjas, rebajando incluso de 2.000 a 1.000 el número de cabezas para someterse a una evaluación ambiental integrada, la más completa. Así lo ha adelantado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gomez, en una entrevista con elDiarioclm.es, en la que detalla que se trata aún de un borrador que se está consensuando y negociando con todos los sectores afectados.

Desde la aprobación de la moratoria, colectivos sociales y ciudadanos constituidos para rechazar estas instalaciones como Stop Macrogranjas o Pueblos Vivos Cuenca han denunciando que esta medida ha supuesto una “coladero” de instalaciones de empresas que segmentan sus expedientes en proyectos de menos de 2.000 cabezas para “trampear” la medida. “No ha sido así”, afirma la consejera a este respecto.

Sí que es verdad que pudiera darse la circunstancia de que hubiese explotaciones anteriores a la moratoria que intentaran hacer esa trampa de dividir las explotaciones por debajo de 2.000 cabezas, que es el límite

“Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo. Pusimos en marcha la moratoria para darnos un tiempo junto con el sector para ver cómo podíamos actuar y tener en cuenta las peticiones ciudadanas. Siempre sabiendo que algunas de estas explotaciones son necesarias, están asociadas a la industria agroalimentaria y dan puestos de trabajo a más de 3.000 personas en Castilla-La Mancha. Pero no deben instalarse de cualquier forma ni a cualquier precio”, argumenta.

Tras la moratoria, una nueva normativa

Por este motivo, el Ejecutivo regional está “madurando” una normativa, un decreto de gestión de estiércoles que, por un lado permitirá la valorización de todo tipo de residuos ganaderos, incluidos los purines (como ya sucede en las explotaciones avícolas) que son altamente contaminantes. Y por otro lado, regulará su reutilización y también las distancias respecto a núcleos urbanos.

“Sí que es verdad que pudiera darse la circunstancia de que hubiese explotaciones anteriores a la moratoria que intentaran hacer esa trampa de dividir las explotaciones por debajo de 2.000 cabezas, que es el límite que nos permite hacer una autorización integrada y que tenga unas características diferentes. Pero para evitar eso estamos evaluando dónde se están instalando y estableciendo distancias para que no constituyan una explotación de alta capacidad”.

Con todo ello, cuando decaiga la moratoria a final de año, la consejera prevé que esté listo ese decreto. “Ahora es todavía un borrador que estamos negociando con la organizaciones agrarias, la industria agroalimentaria y los ayuntamientos, porque queremos que sea consensuado con todo el sector”.

Pero además, este futuro decreto viene acompañado de otro cambio normativo que recibirá antes la luz verde del Gobierno castellanomanchego: una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos que impedirá que la Administración regional tramite proyectos “del tipo que sea” sin que previamente el ayuntamiento donde se vaya a instalar se pronuncie sobre la idoneidad de los mismos. “Con ese documento previo, si el Ayuntamiento no esta conforme con ello no vamos a hacer la evaluación ambiental”, precisa.

En realidad, de facto, la decisión siempre recae sobre los ayuntamientos pero es habitual que cuando se presenta un proyecto empresarial de gran envergadura, la Corporación local no se pronuncie sino que suele solicitar al Ejecutivo regional que lo valore. “El problema es que si a nosotros se nos presenta un proyecto de lo que sea, de porcino, de biometano, y cumple todos los requisitos legalmente, esta administración nunca le va a poder decir que no. El único que le puede decir que 'No' es el ayuntamiento, el que tiene potestad de denegar la licencia”.

Un ejemplo de ello ha sucedido en Albacete donde el Ayuntamiento en pleno ha rechazado el proyecto para una planta de biogás en el polígono industrial Romica, aprobando incluso una ordenanza municipal para ello. La consejera de Desarrollo Sostenible explica que, por esta razón, la Administración regional ha notificado al promotor que se da esa circunstancia y “no podemos continuar con ese proyecto”.

Si un ayuntamiento no quiere un proyecto, no le vamos a obligar a que lo ponga. Pero las reglas de juego tienen que cambiar

¿Cómo tendrían que pronunciarse los ayuntamientos? Mercedes Gómez señala que depende de cada uno: en unos casos la potestad la tiene el propio alcalde o alcaldesa, y en otros “cualquier decisión tiene que pasar por el pleno”. De cualquier forma, “exigiremos al ayuntamiento ese pronunciamento mediante la fórmula que tengan establecida”.

“En realidad lo que queremos es que se llegue a un acuerdo. Si un ayuntamiento no quiere un proyecto, no le vamos a obligar a que lo ponga. Pero las reglas de juego tienen que cambiar. Hasta ahora lo que sucedía es que el ayuntamiento, como órgano sustantivo, nos remitía la documentación pero no se pronunciaba. Ahora necesitamos ese pronunciamento por que si no, hacemos perder el tiempo a una empresa pero también a esta administración. Si el ayuntamiento de antemano ya nos dice que no, ya no hay que dedicar seis meses a a la evaluación de un proyecto que no tiene aval de un municipio”, argumenta.

La consejera concluye que con ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha también busca “evitar esas situaciones de conflicto con las empresas cuando un ayuntamiento se encuentra con un proyecto autorizado por la Junta pero decide que no lo quiere y no le da licencia”.