El alcalde de Valladolid y la Junta de Castilla y León vuelven a chocar por la cancelación de las “no-fiestas”

El coronavirus se llevó por delante las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, las más grandes de la capital del Pisuerga, y ahora, la Junta de Castilla y León amenaza con cancelar las no-fiestas, el plan de conciertos y representaciones teatrales, que presentó el Ayuntamiento como alternativa. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, piensa dar la batalla en los tribunales, después de que el Gobierno autonómico anunciase medidas para bajar la incidencia de la COVID-19 que solo afectan a las ciudades de Valladolid y Salamanca y que supondrían la cancelación de las actividades previstas entre el 4 y el 13 de septiembre. El rifirrafe supone un paso más en la escalada verbal y política entre las dos administraciones y concretamente entre el alcalde socialista de Valladolid y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

El regidor vallisoletano tiene claro que la decisión es más política que sanitaria y dentro de la Junta señala a Igea, de Ciudadanos, con quien mantiene una pésima relación. Este martes, el vicepresidente criticó la decisión del Ayuntamiento de acudir a la Justicia: “Las ferias no deberían de estar por encima de la salud de los ciudadanos”, dijo en un mensaje en Twitter, al que Puente respondió que era “preocupante tener al frente de la Junta a un señor que vive obsesionado con la ciudad de Valladolid y su alcalde”. Le recordó, además, que en Valladolid las fiestas “se suspendieron hace semanas”. Este miércoles, Puente ha apuntado directamente a Igea y acusa a la Junta de “abuso de poder”. Sus discusiones en esta red social han sido sonadas, de hecho el vicepresidente de la Junta tiene a Puente bloqueado, después de indirectamente este le llamara feo.

“Chulo de bar”, “versión mesetaria de Braveheart”, “alguien que se hace selfis en paños menores”, “bambi”, “bufón”... Son algunas de las pullas que se lanzaron Igea y Puente en el pasado. Los comentarios se habían circunscrito a la red social, aunque también dieron el salto a los despachos. En octubre del año pasado, el alcalde de Valladolid llegó a renunciar a reunirse con el consejero de Cultura y Turismo, después de que según él, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se autoinvitase al encuentro en una actitud que el regidor calificó de “incomprensible”. Ahora, sobre el debate de las fiestas alternativas, Puente tiene claro que detrás de la decisión está Igea, así como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien fue propuesta para el cargo por el vicepresidente. “El señor Igea está obsesionado con que no haya nada”, aseguró el alcalde.

El inicio del lanzamiento de puñales entre ambos líderes se inició después de que, tras las elecciones autonómicas de 2019, PP y Ciudadanos llegasen a un acuerdo para gobernar en Castilla y León. La decisión de Igea de apoyar al PP, en el poder durante más de 30 años, acabó con las esperanzas de los socialistas de alcanzar el Colegio de la Asunción, sede de la presidencia autonómica, a pesar de que el PSOE ganó las elecciones. Puente acusó al líder de Ciudadanos de haber asestado “una puñalada trapera” a sus votantes y a “su propia credibilidad”. Desde entonces las acusaciones han sido una constante en la Comunidad.

Las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo son enormes en la ciudad. Actuaciones en una plaza mayor abarrotada, conciertos masivos en las calles, cientos de casetas de bares y restaurantes de la ciudad, atracciones a las afueras, botellones en la ribera del Pisuerga. El Ayuntamiento calculó que el año pasado las fiestas dejaron más de 2 millones de euros. Por eso no es extraño que el alcalde se resistiera a cancelar las fiestas. Durante todo el verano, el Ayuntamiento retrasó la decisión de cambiar el programa como sucedió con las fiestas de San Pedro Regalado, el patrón de la ciudad, en el mes de mayo y con la Semana Santa en abril.

En julio, el regidor vallisoletano se resistió a cancelarlas, a pesar de la recomendación de la Junta, aduciendo que el Ejecutivo autonómico no prohibía porque sabía que tenían que indemnizar a los artistas, y puso como fecha límite para tomar una decisión definitiva el 14 de agosto. Una semana antes, el día 7, el Ayuntamiento anunció que 2020 tendría unas fiestas distintas: unas no-fiestas. Con un presupuesto de 400.000 euros, Valladolid programó actividades de ocio y cultura. Los conciertos y actuaciones se diversificarían en varios espacios municipales, no sólo del centro, sino también en los barrios. El Ayuntamiento acusa además a la Junta de no haberle informado de la decisión, a lo que Igea le ha reprochado a Puente, en una entrevista en Antena 3, no haber ido a la reunión de alcaldes de capitales porque estaba de vacaciones.

La Feria de muestras de Valladolid, la Cúpula del Milenio, el Museo Patio Herreriano, el claustro del convento de los Agustinos Filipinos, la Casa Zorrilla, el Teatro Calderón, así como en patios de colegios e institutos albergarían conciertos y actuaciones más pequeñas. Para ayudar a los feriantes, la ciudad acordó con los dueños de las atracciones establecer una especie de parque de atracciones permanente durante siete semanas. Todo ello está en el aire, a la espera de que un juez acepte las medidas cautelarísimas que ha pedido el Consistorio vallisoletano. De momento se ha parado la venta de entradas para las más de 80 atracciones previstas.

Lo que lleva a Puente a elucubrar que Igea está detrás de la cancelación, una máxima que ha rechazado la propia consejera de Sanidad, está en la “incomprensible” limitación de aforos. El decreto de la Junta para Valladolid y Salamanca prevé una limitación de 25 personas a eventos que se celebren en el interior del local, sin tener en cuenta la superficie del espacio. El Teatro Calderón, el principal de la ciudad, de gestión municipal y con un aforo para 1.000, tendrá que limitar el acceso a 25 personas. El polideportivo Pisuerga, también, a pesar de tener 7.000 localidades. Así el regidor habla de “incoherencia insalvable” y no entiende que se permita virtualmente que un hostelero pueda llenar una terraza con 200 personas siempre que estén divididos en mesas de seis, o que se vayan a abrir los colegios en clases de 30 metros cuadrados para 25 alumnos.