El informe de Castilla y León sobre las residencias: 191 páginas, más de 2.000 muertos y pocas explicaciones sobre la atención sanitaria

Hasta el 30 de septiembre 2.707 ancianos de las residencias de Castilla y León fallecieron por la COVID-19 o con sospecha de padecerla. De esas casi 3.000 muertes, 1.776 se produjeron en los centros sociosanitarios. Los ancianos eran “preferiblemente” tratados en las residencias, no en el hospital. La Junta de Castilla y León trataba de evitar el colapso del sistema hospitalario y adujo que estaban mejor en los centros, donde se les procuraba “hospitalización domiciliaria”. Tanto el alto número de muertes, como las quejas de las residencias por la falta de medios y de atención, como los protocolos que manejaba la Junta que indicaban que “en ningún caso” se los trasladaría a los hospitales y que fueron publicados por elDiario.es, abrieron el debate social y político sobre la gestión de la pandemia en los centros sociosanitarios de la Comunidad.

El 'pacto de reconstrucción' que firmaron todos los grupos parlamentarios a excepción de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Vox, llevaba como compromiso fundamental hacer un informe sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos. Era la forma de aplacar los ánimos de la oposición que había planteado crear una comisión de investigación. Tres meses después de esa firma y en el límite del plazo fijado, la Consejería presentó el miércoles el prometido informe. 191 páginas plagadas de gráficas, de estudios y de datos en las que no se apunta un sólo fallo. Básicamente justifica los funestos resultados porque el riesgo en Castilla y León era alto por lo que se hizo lo que se pudo ante una enfermedad de evolución y efectos desconocidos para la que nadie, y mucho menos las residencias, estaba preparado.

Datos incompletos sobre las derivaciones hospitalarias

Pero es que el informe, elaborado por la Consejería de Familia, a pesar de que lo que la oposición puso en cuestión fue la atención sanitaria a los ancianos, adolece de datos objetivos en ese sentido. La consejería de Sanidad proporciona datos parciales. Es el caso del dato de derivaciones hospitalarias de ancianos de residencias y personas con discapacidad, que comienza en 4 de abril y no antes. Curiosamente, el protocolo de no derivación se puso en marcha el 20 de marzo y se suavizó el 16 de abril. El informe precisa que “el sistema de información COVID19 en residencias incorporó el dato sobre hospitalizados el 4 de abril”, pero no se explica por qué. Desde esa fecha, en la que se parte de 241 hospitalizados, hasta el 21, se derivó a 742 ancianos, el tope, y con posterioridad la cifra bajó en paralelo a la reducción de la incidencia de la pandemia. Lo que es obvio es que a principios de abril, con el protocolo más duro, la cifra era mucho más baja que una vez aligerado, y ello a pesar de que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha negado en reiteradas ocasiones que se bloquease el acceso de los ancianos del hospital.

A pesar de su ausencia, apuntan que sí que había datos anteriores al 4 de abril y que “las derivaciones reales son superiores a las cifras que se ofrecen pero no se dispone de información precisa al respecto”. En realidad la información debería estar disponible ya que el rígido protocolo de no derivación permitía excepciones y el trámite no dependía de un solo facultativo. El médico de atención primaria debía proponer el traslado al los responsables de COVID Residencias y estos a su vez debían tener la autorización del responsable de urgencias del hospital de referencia. La derivación del anciano tenia que superar un mínimo de tres filtros. Un dato relevante es que el 71% de los ancianos de residencias fallecidos hasta el 30 de junio, incluidos los que murieron por otras causas distintas a la COVID-19, lo hizo en el propio centro, y sólo el 29% lo hizo en hospitales

Tampoco se aportan datos sobre el funcionamiento de los Equipos COVID Residencias. Hasta el momento se desconoce cuantas visitas presenciales hicieron en las residencias, en cuáles exactamente y en qué fechas. Pero sí se sabe, que a 9 de abril había residencias que no habían sido visitadas por los equipos de atención de primaria y que había ancianos infectados que no recibían tratamiento, tal y como puso de manifiesto un correo interno de Sanidad publicado por elDiario.es.

El apartado de conclusiones no recoge ningún fallo concreto en la gestión. Lo ocurrido fue fruto del desconocimiento de la enfermedad y de la falta de medios para atajarla. “Ninguna entidad, institución, organización o administración de España, incluidas las residencias de personas mayores y la atención sanitaria pública que atienden a las mismas, estaba preparada para hacer frente a la dimensión de la pandemia. Igualmente, ninguna fue capaz de preverla, ni siquiera las máximas autoridades sanitarias estatales. No es que las residencias estuvieran peor preparadas que otras organizaciones; lo que sucedió es que en las residencias se acumulaban y concentraban situaciones de extremado alto riesgo por las estrechas y frecuentes relaciones y contactos existentes en la vida cotidiana y la presencia de un gran número de las personas más débiles ante el virus”, afirma.

Cita estudios internacionales, como el del economista Jeffrey Sachs, para afirmar que España es “uno de los países que más ha sufrido y que peor ha gestionado la pandemia” e incluso “uno de los peores en afrontar la segunda ola”. En ese sentido, continúa explicando “no se conoce aún de manera científica el porqué de este comportamiento” y que “el gobierno central no ha iniciado un análisis en profundidad que pueda explicarlo”. La situación, “impide conocer con detalle las causas de ese impacto tan fuerte en España” y “cómo estas causas de ámbito nacional han repercutido en los resultados obtenidos en Castilla y León”. 

Castilla y León era una de las comunidades con mayor riesgo

Pero sí que aporta un dato revelador. “Sabemos que Castilla y León, al inicio de la pandemia, era una de las comunidades de más riesgo debido a factores de movilidad interna y externa (con País Vasco y Madrid) y mayor proporción de plazas residenciales de personas mayores, (según el estudio sobre factores de difusión del COVID19 en España del Instituto Carlos III) ”, admite, “factores todos ellos ajenos a la actuación” de la Junta al inicio de la pandemia.

La letalidad en las residencias se debe según los investigadores a que en los centros residenciales, se encuentran personas con altos niveles de comorbilidad y dependencia, una de las variables con mayor incidencia. Además, “la extensión general del COVID19 en un país determinado se relaciona con su extensión en el medio residencial, de tal forma que si las tasas de infección son bajas en el conjunto del país, también lo son en el medio residencial”. Así, se explica que Castilla y León tiene la mayor tasa de plazas residenciales de España, con respecto a la población mayor de 65 años (7,6% frente a 4,1%), solo superada en números absolutos por Cataluña y Madrid. Es por tanto la que mayor riesgo relativo tiene de impacto del COVID19, por esta variable. Hay otro dato clave, y es cuando se empieza a ver la sobremortalidad en España: al principio en Madrid (desde el 9 de marzo), Castilla – La Mancha (día 10), Cataluña (día 13), y Castilla y León y País Vasco (15 de marzo). “Esto significa que los contagios ya se estaban dando de manera importante desde los primeros días del mes de marzo, y que existía transmisión comunitaria en Castilla y León 10 días antes del cierre de los centros (13 de marzo)”, concluye. 

Además se refleja que Soria y Segovia, fueron las provincias más afectadas por la epidemia, y la situación fue similar en sus residencias. Entre las dificultades que se afrontaron destacan la falta de EPIs -el 74% de los centros no contaba con reservas suficientes-  y las bajas del personal que eran difíciles de cubrir, hasta el punto de que hubo que intervenir algunas de las residencias por ese motivo.

El sistema residencial se vio “sometido a una situación extrema y excepcional en la misma medida que al conjunto de organizaciones y con el mismo desconocimiento y falta de preparación que el conjunto de la sociedad”. Los datos del informe reflejan, consideran “el brutal impacto” que ha sufrido Castilla y León. Sin embargo entienden que “más allá de actuaciones individuales y puntuales que pudieran ser reprochables profesionalmente o incluso sancionables administrativa o penalmente y que en su momento dirimirá la justicia” el sistema de protección residencial en su conjunto y el de la atención sanitaria pública al mismo 2dio la mejor respuesta que pudo con los precarios medios de que disponía para hacer frente al inmenso desafío que supuso inicialmente el virus“. También se subraya el esfuerzo de ”muchos trabajadores, directores, funcionarios y entidades en las peores condiciones posibles han sido encomiables y no suficientemente reconocidos; y con demasiada frecuencia injusta y gratuitamente maltratados“.

Un informe que trata de que no se “tergiversen datos” y que la oposición califica de “tomadura de pelo” y “bodrio”

El informe se cierra subrayando el derecho de las personas mayores y sus familias, o del personal que los atienden a “conocer la verdad” y “a no ser engañados mediante la ocultación de datos o tergiversación de los mismos. Este informe pretende colaborar a su esclarecimiento dentro de la limitada y confusa información hasta este momento disponible”.

Tanto el PSOE, que ha calificado el informe de una “tomadura de pelo” con datos “maquillados” y que no explica qué pasó en las residencias, como Podemos, que directamente ha considerado que “es una mierda y un bodrio”, pedirán explicaciones a la consejera Isabel Blanco cuando lo presente en las cortes. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a pedir una comisión de investigación, a pesar de que firmó el pacto de reconstrucción que bloqueaba esta posibilidad a cambio de un informe. El mismo que finalmente ha incendiado ese acuerdo.