Ada Colau lleva al Eixample su segunda supermanzana bajo la amenaza de la gentrificación
La primera superilla (supermanzana) de Ada Colau se convirtió en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Barcelona. La prueba piloto instaurada en el Poblenou llegó el pasado mes de setiembre al año de vida, después de superar no pocas polémicas: los vecinos denunciaron lo improvisado del proyecto y la imposición del mismo, atacando un proceso participativo que tildaron, directamente, de inexistente. Incluso plantearon una consulta –no vinculante– para revocar la acción urbanística.
El Ejecutivo de Barcelona, lejos de renunciar al proyecto, y con la lección –aseguran– “aprendida”, decidió expandir las supermanzanas. Y hasta cinco nuevas (Les Corts, Gràcia, Esquerra del Eixample, Horta y Sant Antoni) tendrá la ciudad de aquí al final de la legislatura, el año 2019. La más inminente, la de Sant Antoni, en pleno Eixample, ya ha iniciado las obras para pacificar la zona.
Con el objetivo de no repetir los errores que pusieron en riesgo su proyecto urbanístico más ambicioso, el consistorio emprendió meses atrás grupos de trabajo con el tejido vecinal de Sant Antoni. “Si se identificó que en primera instancia faltaba proceso participativo, pues lo reforzamos... Autocrítica siempre”, explica a este medio la teniente de alcaldía de Urbanismo del Ayuntamiento, Janet Sanz.
Esas mesas de participación han acabado dando sus frutos han dado. Al contrario que en el Poblenou, los vecinos –reunidos alrededor de la plataforma Fem Sant Antoni– han calificado de “productivos” los grupos de trabajo, aunque temen que una pacificación del barrio comporte “más expulsión vecinal”. “Tenemos una sensación ambivalente: estamos participando de un proceso para tener más espacio para los vecinos pero, ¿al final acabaremos beneficiando a especuladores?”, se pregunta Xavier Caballé, de Fem Sant Antoni, que ha participado en las reuniones con el consistorio.
La sombra de la gentrificación planea sobre la nueva supermanzana de Colau: Sant Antoni es una zona especialmente castigada por la subida del alquiler fruto de la presión turística. Por ello el Ayuntamiento de Barcelona hizo suyo el miedo de los vecinos y suspendió las licencias comerciales de la zona por un año. Ahora ha prometido un nuevo plan de usos que preserve la actividad local de un barrio que ya es foco de atracción turística y que sufre de monocultivo hostelero. Fem Sant Antoni comparte la solución pero lamenta que esta pueda llegar “tarde”.
Primero pacificación, ¿y luego expulsión?
Sant Antoni es un caramelo. Al lado del Raval pero con una estructura urbanística próxima a la del Eixample, la zona alrededor del famoso mercado –hasta ahora en obras– se ha convertido en lugar concurrido por los turistas, por sus alojamientos y sus bares. Bien lo sabe el Sindicato de Inquilinos, pues la zona ha experimentado un incremento de precios de la renta “alarmante”. El portavoz del colectivo del alquiler, Jaime Palomera, reconocía que su propio contrato pasó de 800 a 1.100 euros de un plumazo. En Sant Antoni, los precios del alquiler han crecido un 12% desde 2014.
A su vez, la zona carece de zonas verdes. El barrio tiene 0,87 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, uno de los índices más bajos de la ciudad. La ilusión por mejorar el espacio gracias a la supermanzana convive entre los vecinos con el miedo a que, finalmente, quienes disfruten de dichos beneficios sean los turistas.
La obra en Sant Antoni será importante, pues implicará casi 40 manzanas de casas. La principal actuación se espera en las calles de Tamarit y Comte de Borrell. La estrategia en estas vías consistirá en la implantación de un modelo de plataforma única, en el que automóviles y bicicletas compartirán espacio; se limitará la velocidad del tráfico rodado y se dará prioridad a los itinerarios peatonales. El proyecto mantendrá liberada un área de cinco metros ante las fachadas de los edificios para promover la aparición de espacios con vegetación y áreas de estancia.
“El problema de cualquier pacificación en el centro de la ciudad es que suba el precio de la vivienda. Y que el espacio público se convierta también en algo que no es para los vecinos. Todo es una contradicción grande”, destaca Vladi Olivella, del grupo de vivienda de Fem Sant Antoni. La reflexión es compartida por los expertos, como los del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, que ya apuntaron la necesidad de revisar los posibles procesos de substitución vecinal que podía comportar la superilla del Poblenou. Pero, ¿puede el consistorio evitar dicha substitución en Sant Antoni?
Suspensión de licencias: solución “provisional”
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha empezado a aplicar medidas para preservar a los vecinos en el barrio del Eixample. Hace unos meses suspendió las licencias comerciales con el objetivo de revisarlas y ampliar con posterioridad el abanico de comercios, más allá de los bares y restaurantes que ahora copan la zona.
Además de esto, el Ayuntamiento confía en que un nuevo plan de usos del barrio permita variar el cambio de usos de los locales de la zona. Para los vecinos, dicho plan llega con demora. “Las moratorias no son definitivas, son soluciones provisionales, y que el plan de usos se haga con el mercado prácticamente inaugurado, hacia la primavera de 2018. Puede que todo el mal ya esté hecho y sea tarde. Muchas veces tenemos la sensación que vamos a toro pasado”, destaca Caballé.
El plan de usos no es la única estrategia del Gobierno de Ada Colau, que también apunta a las política de vivienda para uso social como acción para enjuagar el problema habitacional en la zona. “En términos generales impulsamos una política de vivienda pública como nunca, y compra específica de vivienda para darle uso social; en Sant Antoni además hicimos una suspensión de licencias de solares calificados como equipamientos privados y queremos hacer recalificación para que sean públicos”, recuerda la teniente de alcaldía de Urbanismo.
El consistorio promete mejoras pero también reparte responsabilidades a la hora atajar uno de los problemas de fondo relacionados con la vivienda: un alquiler desproporcionado en la ciudad. “Nosotros no tenemos todas las competencias para regular el mercado de alquiler y, por tanto, Govern y Estado pueden hacer acciones concretas que resuelvan la problemática. Y no lo hacen; el caso del índice de precios de alquileres de la Generalitat, que no nos sirve”, critica Janet Sanz.
