Barcelona alerta que el plan contra los desahucios del Govern deja fuera a la mayoría de afectados

Fue uno de los primeros grandes anuncios del nuevo Govern de la Generalitat, a finales de julio, a los pocos días de que fuese a finalizar la moratoria estatal contra los desahucios –finalmente renovada–. La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, amplió un programa existente, el 'Reallotgem', para ofrecer pagar el alquiler temporalmente a todas aquellas familias que estén al borde del desalojo. 

Tres meses después, esta política no está funcionando como se prometía. En Barcelona, con datos recabados por el Ayuntamiento, se observa cómo entre el 13 de septiembre y el 3 de noviembre solamente se han conseguido 17 acuerdos con propietarios de entre los cientos de desahucios que hay previstos en la ciudad.

Sin contar los lanzamientos aplazados por la moratoria, la unidad antidesahucios del consistorio ha tenido constancia en este período de unas 400 órdenes de desalojo. Esto significa que la enorme mayoría se ha quedado fuera del programa de la Generalitat.

El balance que hace el Ayuntamiento de este plan de la Generalitat, que se anunció con una dotación de 20 millones de euros, es que no está funcionando. Por ello la concejal de Vivienda del consistorio, Lucía Martín, se ha puesto en contacto con la Agencia de la Vivienda de Catalunya para reclamar mejoras del programa o que, directamente, se replantee esta política pública de pagar alquileres 'in extremis' para dar paso a soluciones más estructurales. 

Según la lectura que hace la unidad antidesahucios del Ayuntamiento, uno de los mayores problemas del plan, conocido como 'Reallotgem 2', es que fija unos criterios que dejan fuera gran parte de los afectados. Por un lado, requiere que las familias solicitantes tengan una orden de desalojo en un período máximo de 30 días; del otro, exige también que cumplan con los requisitos para estar en la mesa de emergencia, la lista de espera para acceder a viviendas sociales. 

Menos del 20% de casos

De los cerca de 400 casos que han llegado a oídos del consistorio en estos meses, solamente 68 cumplían finalmente con los criterios necesarios, menos del 20%. Son estos los casos en los que la Agencia de la Vivienda ha podido iniciar conversaciones con la propiedad para asumir el pago del alquiler, con un contrato de entre cinco o siete años a precio de mercado. Pero de estos, solo se ha cerrado un acuerdo con 17, de los que 15 son grandes propietarios y dos, pequeños tenedores. elDiario.es se ha puesto en contacto con Derechos Sociales para corroborar estas cifras y informar de las de toda Catalunya, pero no ha obtenido todavía respuesta. 

Uno de los principales problemas que ha identificado el consistorio en la aplicación de este programa es que muchos de los potenciales solicitantes que se acaban quedando fuera son afectados por desahucios que logran una suspensión del lanzamiento. Al obtener este balón de oxígeno por parte de la justicia, esto supone a la vez que su fecha de desalojo esté a más de 30 días y, por lo tanto, se les deniegue el 'Reallotgem'. “Es una incongruencia total que pedir una suspensión acabe penalizando la búsqueda de una solución estructural”, argumenta Martín. 

En su propuesta de mejoras, el Ayuntamiento reclama a la Generalitat que este plazo máximo de un mes se replantee. Así se podría incluir incluso a los beneficiados por la moratoria estatal, que también quedaban al margen del programa. Asimismo, reclaman que en el caso de los pequeños propietarios la negociación se pueda iniciar no cuando hay ya orden de desahucio, sino cuando comienzan los primeros impagos. Es conocido por todos los activistas por la vivienda y por las unidades antidesahucios que cuando un particular llega al extremo de denunciar a un inquilino para echarle del piso, la situación ya es casi imposible de reconducir. 

La nueva ley antidesahucios, en trámite

De fondo, además, está la disputa política sobre si el coste de evitar un desalojo debería asumirlo la propiedad o la Administración pública. “Este programa demuestra que necesitamos la obligatoriedad y no la voluntariedad cuando se trata de grandes tenedores”, reflexiona Martín, que constata que incluso dentro del reducido grupo de familias que han podido acogerse al programa, la mayoría han chocado con la negativa o el silencio de la propiedad a aceptar el alquiler de la Generalitat. 

En estos momentos, la legislación catalana contra la emergencia habitacional, la ley 24/2015, obliga a todos los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a aquellas familias en situación vulnerable que no puedan pagar las mensualidades. Sin embargo, no da cobertura a aquellas que están a precario, es decir, ocupando un piso desde hace meses o con el contrato de alquiler caducado. El Govern aprobó en 2019 un decreto para protegerlas también a ellas, pero acabó tumbado en el Tribunal Constitucional por cuestiones de forma: por ser un decreto y no una ley.

A partir de ese momento, entidades como la PAH se aliaron de nuevo con partidos como ERC, Junts, Comuns y CUP para tramitar esta norma contra los desahucios ya en forma de ley. Sin embargo, ahora están en pleno choque con Junts al considerar que estos han introducido enmiendas para ellos inaceptables, como por ejemplo una que fija compensaciones económicas para los propietarios que opten por no desahuciar.