Hay un juez en Barcelona que lo hace todo y se llama Joaquín Aguirre

“Hay un hombre en España que lo hace todo”, glosó Astrud. Trasladado al mundo judicial barcelonés, este hombre es el titular del juzgado de instrucción 1 de la capital catalana, el magistrado Joaquín Aguirre. El juez ha vuelto al primer plano de la mano de dos investigaciones de impacto mundial y que han mostrado la trastienda del procés y del Barça: los casos Voloh y Negreira.

No es que los expedientes no desborden los otros 32 juzgados de instrucción de la capital catalana, pero las azarosas normas de reparto han hecho que por la manos del juez Aguirre hayan pasado varios de los casos más mediáticos de las últimas décadas.

Nacido en Canarias en 1958, tras un primer paso por los antiguos juzgados de distrito y un destino en Calatayud, Aguirre obtuvo su plaza en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona en 1988, lo que le convierte en el más veterano de los instructores barceloneses.

Su estilo de instrucción no ha variado con los años: cuando tira de un hilo, no lo suelta, por muy poderoso que sea el investigado. En sus inicios al frente del juzgado, investigó el fraude en el servicio militar de varios niños bien de Barcelona que compraron certificados médicos para ser declarados inútiles, o el caso de aluminosis en el Turó de la Peira.

En 1994, encarceló al financiero Javier de la Rosa en la causa Grand Tibidabo. Trece años después, el caso se cerró con un pacto por el que los acusados, incluido el amigo del rey Juan Carlos I Manuel Prado y Colón de Carvajal, admitieron su culpabilidad.

El reverso de este afán investigador son los largos períodos de instrucción que acumulan las macrocausas que instruye el juez Aguirre, a veces convertidas en rompecabezas de difícil encaje. Sirva como ejemplo el caso Voloh, de vuelta al primer plano por su potencial exclusión de la ley de amnistía.

De la Diputación a Rusia

El caso de la injerencia rusa en el procés deriva de una causa de corrupción de cargos de Convergència en la Diputación de Barcelona abierta en 2016. Más de siete años después, los imputados iniciales de la causa de la Diputación todavía no saben si irán a juicio.

Aficionado a los libros y al senderismo, el juez Aguirre tiene pendiente la lectura de varios informes policiales y documentos que marcarán si puede llegar a la cima del caso Voloh.

Por ahora, la investigación ha desvelado que, en las fechas más críticas del procés, hasta el Palau de la Generalitat acudieron exdiplomáticos y ciudadanos rusos. Este hecho lo han reconocido en sede judicial cargos como Elsa Artadi, una de las personas del núcleo de confianza de Puigdemont en 2017. Artadi, hoy retirada de la política, dijo que no se dio credibilidad a los rusos.

El avance del caso determinará si la intención de los rusos era desestabilizar a la UE apoyando el procés, como cree el juez, o si tenían algún objetivo más prosaico, como hacer algún negocio con dinero público de por medio. O las dos cosas. O ninguna. Pero lo que ya ha logrado el caso es abrir una brecha en el relato de vocación europeísta y atlantista que los partidos independentistas habían insistido en proclamar.

En este contexto hay que enmarcar la última polémica, abierta a raíz de un reportaje en la televisión pública alemana sobre la trama rusa del procés y que supone una mancha en la imagen internacional del independentismo. En un hecho inusual, el juez Aguirre participó en el reportaje.

En un corte de apenas 40 segundos, el instructor repitió a cámara su tesis, que ya era pública y expuesta en sus autos desde hace años. “Se trataría de la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Catalunya, apoyando el proceso de independencia, con la finalidad de desestabilizar, primero, la democracia española, y abrir la puerta a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental”, dijo el juez en una aparición televisiva que ha abierto la caja de los truenos: las defensas ya han anunciado que le pedirán apartarse del caso.

Aunque las normas no escritas de decoro entre las partes procesales las desaconsejan, una entrevista a un juez mientras instruye un caso no es inédita: en 2012, el juez que entonces instruía el caso Palau apareció en el programa de Jordi Évole en La Sexta enseñando las cajas del sumario del caso.

La entrevista en la televisión alemana es la polémica más reciente, pero no la única que arrastra el juez en la instrucción de Voloh. En el auto del pasado lunes, el instructor apuntó la posibilidad de que uno de los independentistas del caso, Víctor Terradellas, conociera en 2018 los planes de Rusia para desestabilizar la UE e incluso la invasión de Ucrania (que se produjo en 2022). Y en uno de los interrogatorios del caso hace dos años, Aguirre afirmó que Puigdemont “se marchó en el maletero de un coche”, algo que tanto el expresident como sus colaboradores siempre han desmentido.

Enfrentamiento con Trapero

Sin mucha afición al fútbol (prefiere el baloncesto), el juez Aguirre también tiene sobre su mesa el caso Negreira. Si Voloh ha provocado que el independentismo arremeta contra él por vincular el procés con el Kremlin, la investigación sobre los 7,5 millones que el Barça pagó durante casi dos décadas al exárbitro le ha comportado duras críticas del club.

Aunque el Barça todavía no ha aclarado para qué pagó tantos millones a Negreira más allá de alegar labores de asesoramiento, el club sí ha emitido contundentes comunicados contra los “juicios de valor” del juez. En el club azulgrana ha sentado especialmente mal la imputación de Laporta (rechazada por la Fiscalía) y las palabras que Aguirre expresó en uno de sus autos, en el que consideró “no admisible éticamente” que el club quisiera personarse como acusación.

Pero si hay algún enfrentamiento que se recuerda en los juzgados de Barcelona es el que hace años mantuvieron el ahora major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el juez Aguirre a raíz del caso Macedonia.

Macedonia fue una macrocausa sobre una presunta trama de narcotráfico y su protección por parte de un subsinspector de los Mossos. El caso terminó en nada tras una década de instrucción. El juez Aguirre sospechó que los agentes de la policía catalana le escondían información, y ordenó un registro en la sede central de los Mossos.

La convicción de la policía catalana y de su major siempre ha sido que el juez iba a por Trapero, si bien las primeras sospechas y parte de la investigación corrieron a cargo de la División de Asuntos Internos (DAI) de los propios Mossos. La brigada política del PP sobrevoló la causa, aunque Aguirre nunca llegó a imputar a Trapero, como pretendían los hombres de Villarejo.

La tensión entre juez y major fue relatada por Trapero en el juicio: Aguirre pidió al major, de palabra, que le solicitara permiso para pinchar el teléfono a 16 agentes del grupo antidroga de la Guardia Civil. Trapero no lo vio claro y pidió al juez una orden por escrito que nunca llegó. En su sentencia, el tribunal constató la “evidente animadversión” entre Trapero y Aguirre.

Sobre los hechos, la Audiencia de Barcelona concluyó que no había ni narcotráfico ni ayuda de un mosso a la trama, en contra de lo que sospechaba el juez, si bien el tribunal también dejó escrito que no era descabellado plantearlo como hipótesis de instrucción. Las piezas de la tortuosa instrucción de Macedonia no encajaron, pero provocaron unas heridas que todavía no se han cerrado.