El segundo tramo de la nueva línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) entra en servicio esta primera semana de octubre, pero entender su conveniencia sigue siendo tan opaco como la factura de la luz que cada ciudadano recibe puntualmente El suministro de electricidad es un servicio público básico, explotado por compañías privadas que se han convertido en grandes grupos económicos, bajo una regulación gubernamental tan laxa como la del Banco de España en relación con los bancos. Los estudios y debates sobre el impacto ambiental de la cicatriz abierta por la MAT sobre el territorio han durado dieciséis años, pero los 44 km de su estentóreo trazado entre Bescanó (Gironés) y Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà) se han construido en un tiempo record de 18 meses. Un total de 400 propietarios han sido expropiados para dar paso a las monumentales torres metálicas de 55 metros de altura por 10 de ancho en la base.
El tramo que ahora entra en servicio se unirá a los 86 km ya estrenados en 2010 entre Sentmenat (Vallés Occidental) y Bescanó. En cambio, los 60 km restantes entre el Alt Empordà y Baixás (del lado francés de la frontera) serán soterrados para satisfacer las numerosas protestas que aducían motivos paisajísticos, como si este tercer tramo del paisaje fronterizo tuviese más valor y consideración que el abrumador trazado aéreo de los otros dos. El primero contó con un presupuesto de 100 millones de euros, el segundo 66 millones y el tercer soterrado 700 millones (diez veces más que si fuese aéreo como los demás).
De entrada los responsables argumentaron que la construcción de la MAT era indispensable para asegurar el suministro de Girona, la Costa Brava y el tren AVE, como una servidumbre de la vida moderna. En realidad responde a la directiva europea que obliga a los países miembros a estar enlazados en un mínimo de 10% de su capacidad de consumo, aunque la MAT solo garantizará el 6% (hasta hoy era del 3% entre España y Francia).
El carácter altamente enrevesado de las explicaciones públicas sobre la gestión de la red eléctrica, así como de la factura individual que recibe cada ciudadano, resulta inadmisible en una sociedad democrática y reclama la misma transparencia que cualquier otro sector estratégico. También debe reconocerse que la opacidad de las compañías eléctricas concuerda escrupulosamente con la de unos cuantos sectores estratégicos más, dentro de una complejidad deliberada que pretende encubrir las maniobras de los oligopolios de facto.
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