Ahora ya conocemos lo que ha pasado en la sanidad pública estos últimos años fruto de las políticas del gobierno de la Generalitat. Han recortado el presupuesto de los centros públicos en un 14% (1.500 millones menos desde 2010), 160.000 pacientes en lista de espera para operar y 200.000 esperando una prueba diagnóstica, recortes de sueldos a los trabajadores del sector de hasta un 25% en el ICS y pérdida de 6.000 puestos de trabajo, dificultades financieras para renovar el material tecnológico y mantenimiento. Esto ha conllevado adelgazar y degradar el sistema sanitario público, recortando presupuestos, precarizando las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales, cerrando servicios en los hospitales y en los centros de atención primaria, provocando con estas medidas pérdida de calidad asistencial, dolor, angustia y complicaciones.
Como el sistema público no podía cumplir bien con calidad y accesibilidad por culpa de estos recortes, el Govern aprovechaba para llevar a cabo su política de privatizaciones y externalizaciones dando dinero público para hacer asistencia a empresas concertadas privadas con ánimo de lucro, derivando pacientes que no podían atender los centros públicos por el cierre de servicios, a estas empresas privadas que hacen negocio con nuestra salud con dinero público. A esto nosotros lo llamamos privatizar la sanidad, que significa pagar a privados del negocio lo que debería hacer el sistema público.
Pondremos el ejemplo de Barcelona ciudad, donde tenemos concertados por el Servicio Catalán de la Salud -que es el que paga los conciertos con dinero de los presupuestos públicos- ocho hospitales. Uno de ellos, el de Vall d'Hebron es propiedad de la Generalitat, cuatro son concertados con entidades públicas (Consorcios -Hospital Clínic, Parc de Salut Mar y Dos de Maig- y Fundaciones -Hospital Sant Pau-) con participación mayoritaria de la Generalitat en sus órganos de dirección, dos son hospitales privados sin ánimo de lucro y con vocación y valores de servicio público (Sant Rafael y Plató)y un hospital que es de propiedad y gestión de una empresa multinacional privada con ánimo de lucro (Sagrat Cor). En este hospital, sus accionistas quieren a finales de año sus beneficios económicos (si no, cerrarán la empresa o pedirán un rescate) por lo que parte del dinero público que damos con su concierto no irán a hacer salud sino a manos de unos pocos accionistas.
Durante estos cinco años de crisis el gobierno ha aprovechado para recortar en un 14% el presupuesto de Salud a los servicios públicos mientras que a este hospital privado con ánimo de negocio le ha ido derivando pacientes que no podían atender al sector público recortado, aumentando a esta empresa su concierto en un 26% entre 2010 y 2014, año en el que los cuatro grandes hospitales de la ciudad y algunos de fuera tuvieron que derivar 4.000 pacientes para ser operados en este hospital privado. A esto nosotros lo llamamos privatizar los recursos públicos. Desgraciadamente, este hospital no es el único ejemplo, ya que las empresas con ánimo de lucro están presentes en todos los niveles asistenciales, e incluso mayoritarias en centros sociosanitarios, rehabilitación o transporte sanitario, entre otros.
Si volvemos a abrir plantas de hospitalización cerradas, si volvemos a abrir quirófanos y contratamos al personal que se ha despedido estos años, podremos hacer, en los centros públicos sin negocio, con el mismo dinero que teníamos en 2010, todo el trabajo de calidad que los ciudadanos y las ciudadanas de este país necesitan y tienen como un derecho. Por eso queremos trabajar con el nuevo Govern y el nuevo Parlament de Catalunya para revertir estas políticas, y para defender a capa y espada la protección de la salud y la atención en el sistema sanitario público, universal y de calidad, para defender los derechos de los ciudadanos y para no convertir la salud en una mercancía. En este camino nos encontrarán, como Ayuntamiento de Barcelona, a colaborar y responsabilizarnos para hacerlo posible.