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Dos leyes vigentes que si se aplicaran mejorarían la sanidad catalana

Josep Martí Valls

Una es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por el Parlament de Catalunya y que entró totalmente en vigor el 31 de diciembre. La otra es la Directiva Europea sobre Contratación Pública de febrero de 2014 (contratación de servicios y obras por parte de las administraciones públicas) que termina el plazo para ser aplicada el próximo 18 de abril.

Desarrollar estas dos leyes con sus respectivos reglamentos, adaptando las normativas autonómicas a ellas y sobre todo con fuerte voluntad política para hacerlas cumplir, aclararían mucho los terrenos pantanosos en los que se ha movido en los últimos años el sistema sanitario en Catalunya, en manos de los gobiernos neoliberales. El llamado “modelo catalán” de sanidad, con connivencia cada vez mayor de sistema privado de negocio concertado con dinero público, ha roto los valores de la ley general de sanidad de 1986 de Ernest Lluch, aprobada en el parlamento español y los valores de la primera LOSC de 1990 (Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya) que definían el Servicio Nacional de Salud como único, de acceso universal, integral y público (financiado con los impuestos). Este modelo catalán, pervertido por los diferentes gobiernos, al servicio de los intereses de las grandes empresas y corporativos que quieren hacer de la salud su negocio, ayudado por la falta absoluta de transparencia y de control democrático, ha sido la causa estructural e interesada de la mala gestión, la corrupción, el corporativismo y el clientelismo en el ámbito político y empresarial.

Ahora tenemos una oportunidad al menos de aprovechar las leyes ya en vigor para mejorar esta situación mientras no se haga un nuevo proceso constituyente con una nueva ley catalana que blinde la protección de la salud y la sanidad como un derecho fundamental de la ciudadanía y no un producto de mercado. De esto deberá salir una nueva ley que regenere el carácter cien por cien público del servicio nacional de salud que queremos para Catalunya.

La Directiva Europea nos dice: señoras de la administración pública, si ustedes quieren dar un servicio, hacer unas obras o comprar un producto, lo pueden hacer con una entidad que sea suya (de la administración pública) y sólo es necesario que le encarguen, lo planifiquen o le ordenen hacerlo. Pero, si no tienen o no quieren hacerlo con sus entidades propias, o “entes de derecho público” entonces deberán sacarlo a concurso público según las normas y la transparencia de esta Directiva Europea. Es más, la directiva considera jurídicamente que un “ente público” no es únicamente lo que es propiedad de la administración, si no todo aquel que sin ánimo de lucro tiene determinadas características que define así:

«Organismo de Derecho público» (o ente público): cualquier organismo que reúne las siguientes características:

a) que se haya creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil;

b) que esté dotado de personalidad jurídica propia, y

c) que sea financiado mayoritariamente por el Estado, las autoridades autonómicas, locales, u otros organismos de Derecho público, la gestión esté sujeta a la supervisión de la administración pública, que tenga un órgano de administración, de dirección o de supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades autonómicas o locales.

Esta Directiva da pie a acreditar, si ellas y la administración pública quieren, en la mayoría de entidades concertadas hoy por el Servicio Catalán de la Salud, sin ánimo de lucro, como “ente propio” (organismo de derecho público). Si a todo el sistema sanitario se le aplica además los reglamentos que salgan de la otra ley, de Transparencia y Buen Gobierno, podemos dar pasos de gigante en la regeneración del carácter público de nuestra sanidad y habremos hecho un gran favor a la salud y a la atención a la enfermedad y la dependencia de los ciudadanos, esperamos que así sea este nuevo año con nuevo Parlament y nuevo gobierno en Catalunya.

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