El Ayuntamiento de Barcelona está analizando en todas sus áreas que servicios con gestión externalizada vale la pena internalizar, y cómo reforzar las cláusulas de contratación para favorecer la economía social por delante de la mercantil. En este sentido, y para poder extender este trabajo en el Consorcio Sanitario de Barcelona del que formamos parte, en marzo de este año presentamos un informe que por primera vez mostraba públicamente con qué tipo de entidades se estaba concertando o contratante la provisión de los servicios de la sanidad pública en la ciudad.
Análisis del gasto público en asistencia sanitaria en Barcelona
A partir de este informe, el Servicio Catalán de la Salud también ha asumido la necesidad de constituir una comisión mixta en el marco del Consorcio para poder compartir datos y líneas de acción hacia la privatización de la provisión de servicios. Según los datos elaborados por los servicios técnicos del CSB raíz de los encargos de la comisión mixta, el 2015 el gasto en entidades que prestan servicios asistenciales en la ciudad fue de 1.919.326.131 euros, repartidos entre 84 entidades proveedoras. 655 millones (34%) en el Instituto Catalán de la Salud, 864 millones a otras 10 entidades del sector público (45%), 180 millones (9%) a 32 entidades de propiedad privada y sin ánimo de lucro, y 220 millones (11%) entre 41 empresas privadas con ánimo de lucro.
Estos 220 millones están bastante repartidos entre diferentes líneas asistenciales, e incluyen: 58 millones en el Hospital Sagrat Cor, el único hospital gestionado por una empresa privada mercantil, correspondiente a un 4% del total de gasto en atención hospitalaria; 23 millones a seis Entidades de Base Asociativa (EBAS), el 10,5% del presupuesto de atención primaria; 52 millones a 8 empresas privadas con lucro con 13 centros sociosanitarios (48% de toda la contratación de esta línea); 17 millones a 4 entidades con ánimo de lucro en salud mental (20% de su total); 8 millones a las 6 UTEs mercantiles que se adjudicaron lotes de rehabilitación ambulatoria (53% de toda la línea); y el resto en otros servicios como la hemodiálisis ambulatoria (2 privadas con lucro, 29,5 millones), el transporte sanitario (una UTE, 21 millones), la terapia respiratoria domiciliaria (4 empresas, 5,5 millones), las interrupciones voluntarias del embarazo (8 clínicas, 3 millones).
Aunque habría que restar el gasto que representa el tratamiento de pacientes, sobre todo por procedimientos de terciarismo, que los 4 grandes hospitales de Barcelona hacen usuarios del resto de Cataluña y otras comunidades, el gran gasto sigue siendo en 2015 de los hospitales: un 72% frente a un 13% de la Atención Primaria.
¿Qué hacer ante esta situación?
Ante esta situación, las instituciones públicas tenemos mucho margen de actuación. Hay que recuperar políticamente con firmeza y convencimiento los valores de los servicios públicos como los más equitativos, justos, sostenibles y de calidad aplicando el espíritu temprano de la LOSC y la ley General de Sanidad: lo que pueda hacer el sistema público con sus recursos no lo tiene que contratar a otros proveedores. Hay que romper la dinámica (y la cultura heredada) de inercia (e intereses económicos, políticos y de corrupción) de la concertación automática, sin evaluar si la mejora de la gestión de lo público podría asumir los servicios con menos recursos. Hay que acabar con los recortes indiscriminados y devolver los recursos públicos eficientes perdidos.
Partiendo de la compleja situación actual del Sistema con 84 entidades proveedoras de asistencia sanitaria, 41 de ellas empresas privadas que hacen negocio, con un gasto de 220 millones al año, habrá que ir por partes, haciendo un esfuerzo de priorización y pensando en el corto y largo plazo. Una vez dispongamos, en el marco de la comisión mixta, de los plazos de finalización de contrato con los proveedores y de la diagnosis de la capacidad estructural de los centros públicos en comparación con la actividad contratada, desde el Ayuntamiento pensamos que hay que reforzar las siguientes líneas de acción:
Creemos que hay margen para avanzar en la desprivatización y desmercantilización de los servicios públicos y refuerzo de la presencia pública en la provisión de servicios. La radiografía de la situación nos permite afirmar que combinando las acciones mencionadas es posible, con voluntad política, reducir de aquí a tres años, como mínimo, a la mitad los 220 millones de euros de contratación a entidades mercantiles de propiedad privada, a la vez que se mantiene y mejora la calidad y se refuerzan los valores de servicio público de todo el sistema.
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