La Generalitat del 155 no abrió ningún expediente sancionador por las denuncias de adoctrinamiento
La Generalitat de Catalunya no abrió ningún expediente sancionador por las denuncias adminitrativas que le llegaron desde el Ministerio de Educación sobre presuntos casos de adoctrinamiento relativos a comentarios de los profesores sobre el 1 de octubre. No se iniciaron procesos sancionadores ni siquiera durante los meses que la Generalitat estuvo intervenida con el 155, según se desprende de la respuesta que el Departamento de Enseñanza ha dado a una solicitud hecha por este diario amparada en la ley de transparencia.
En una resolución firmada por el secretario general del departamento, Lluís Baulenes, este detalla que se recibieron tres requerimientos del ministerio en los meses álgidos del proceso independentista: el 29 de septiembre, el 10 de octubre y el 31 de octubre. La Fiscalía, por su parte, abrió diligencias el 6 de septiembre por las denuncias judiciales sobre el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca.
“Sin perjuicio de lo anterior”, indica el secretario general Lluís Baulenes, “la Inspección de Educación realizó en fecha de 13 de diciembre un informe reservado en relación a los hechos presuntamente ocurridos en el instituto El Palau”. Este informe tampoco se tradujo en la apertura de ningún expediente administrativo, aunque el Departamento explica que no podría haberlo hecho hasta que la instancia judicial acabe.
La inexistencia de expedientes sancionadores despeja una de las incógnitas que han mantenido en vilo a parte de la comunidad educativa catalana durante los últimos meses. El departamento de Enseñanza, que ha gestionado este asunto fuera de los focos mediáticos, se limitaba a informar que ya se que había respondido a los tres requerimientos de 2017 y a las dos peticiones adicionales de información que les trasladó el Ministerio en 2018. En ningún caso daba detalles del contenido de estas respuestas, elaboradas a partir de la intervención de la inspección.
De acuerdo con los tres requerimientos citados, la sombra del adoctrinamiento en las aulas catalanas se extendía a 54 centros educativos. Entre ellos, destacaban sobre todo quejas de familias, muchas de ellas publicadas en medios de comunicación, sobre supuestos casos de posicionamiento político del profesorado o de los colegios y de incitación a participar en huelgas soberanistas.
El hasta hace poco delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, llegó sin embargo a afirmar que las denuncias alcanzaban a 134 centros educativos y hasta 500 profesores, casi el 0,5% del cuerpo docente.
Con el cambio de gobierno, el nuevo Ministro de Educación tendrá sobre la mesa decidir si da por buenas o no las explicaciones de Enseñanza sobre sus requerimientos. La defensa del profesorado catalán ante las acusaciones de adoctrinamiento será una de las prioridades del nuevo Govern, tal como quiso remarcar el conseller Josep Bargalló.
Junto a la relación de expedientes sancionadores abiertos ante requerimientos del Ministerio, este diario solicitó también, con arreglo a la ley de transparencia, el acceso al informe de la inspección realizado el 13 de diciembre por las denuncias del instituto El Palau, así como a otros documentos públicos relacionados. El secretario general del Departamento intervenido por el 155 denegó esta petición en primera instancia, alegando que incluía datos personales especialmente protegidos.
