Ayuso resucita a ETA mientras Illa promete pisos

Isabel Díaz Ayuso y Salvador Illa representan dos maneras de ejercer la política, la comunicación y se diría que también dos formas antagónicas de entender la vida. La presidenta madrileña ha aprovechado el lío en que se ha metido el PP, él solito, con la convalidación de penas en el extranjero para arremeter contra el Gobierno (de acuerdo, eso no debería ser noticia) y acusarle de “trabajar para Bildu”. Abonada a la exageración permanente, una vez más ha vuelto a llevarla al límite: “ETA está más fuerte que nunca”. 

Pocas mentiras se desmontan más rápidamente. Por suerte hace más de seis años que se anunció la disolución definitiva de ETA y 13 desde que la banda terrorista dejó de matar. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda el 23 de enero de 1995, le ha contestado al recordar que “no hay momento mejor para este país que desde que ETA dejó de matar”. Y ha calificado de “miserable” al que diga lo contrario. Difícil encontrar un adjetivo más adecuado para definir las palabras de la presidenta madrileña.

La dirigente del PP practica la política de la peor manera, buscando siempre la bronca. Lamentablemente es una fórmula que le ha dado buenos réditos electorales porque a base de copiar el estilo y más de un discurso de la extrema derecha ha frenado su ascenso en Madrid. ¿Para qué votar a Vox estando Ayuso? 

La antítesis del estilo de la presidenta madrileña sería el de Salvador Illa. El mismo día en que en la capital de España el debate político se centraba en el castigo a terroristas de una banda disuelta, en Barcelona, el president de la Generalitat, en su primer debate de política general en el cargo, centró su discurso en la vivienda. Tras asegurar que su propósito es estar aferrado a “la realidad” y reconocer que nada es fácil, Illa anunció una batería de medidas inéditas con un objetivo muy ambicioso: invertir 4.400 millones de euros para conseguir que haya 50.000 viviendas públicas más antes del 2030. 

El president quiere aprovechar la coyuntura favorable de gobiernos socialistas en Moncloa y los dos lados de la plaza Sant Jaume, así como en varios ayuntamientos de la conurbación barcelonesa, para conseguirlo. La receta, en síntesis, pasa por reunir el máximo de suelo posible, a través de los ayuntamientos y de los terrenos propiedad del Estado, y reducir los trámites burocráticos para construir nueva vivienda protegida. También se quiere crear un fondo público de 500 millones durante cinco años para financiar el 20% de los gastos de compra de 12.000 viviendas para menores de 35 años.

Expertos en vivienda como la economista Carme Trilla han diagnosticado en profundidad el problema, algo indispensable para abordar las soluciones: ampliar el parque de alquiler social existente pasa por movilizar parte de las viviendas en manos de grandes propietarios, pero también por la nueva construcción. Y, sobre todo, por no caer en los errores del pasado y no poner fecha de caducidad (es decir, para poder venderse) a la vivienda protegida. En Catalunya desde hace unos años que esto ya ocurre, pero en Madrid se siguen haciendo viviendas de alquiler protegido a diez años. 

Ha costado muchísimo, demasiado, que la mayoría de partidos políticos entendieran que el gran problema que tiene hoy España es la desigualdad y que el acceso a la vivienda está en su origen. Es evidente que hay formaciones (PP y Junts son dos ejemplos evidentes) que siguen actuando como si el derecho que tenemos los españoles, o algunos españoles, sea a especular en vez de legislar para que se respete el derecho a disponer de un techo digno. El PSC tampoco está para dar muchas lecciones y si falta vivienda en ciudades como Barcelona es también porque se liberó gran parte del parque público. Sirva este dato como ejemplo: La provincia de Barcelona perdió en 2022 un 50% más de viviendas protegidas que las que generó.

El anuncio de Illa deja aún algunos interrogantes por responder. ¿Qué papel quiere el Govern que juegue la Sareb y los más de 12.000 pisos (datos de 2022) que tiene en Catalunya fruto de asumir desde el poder público la última crisis inmobiliaria del sector privado? ¿Qué parte de todas esas viviendas del plan de Illa serán de alquiler social asequible? ¿Cómo lograr que el “ofrecimiento” del Govern al sector privado para comprar o alquilar todas sus promociones de obra nueva en zonas de fuerte demanda no termine siendo un nuevo rescate al sector privado para garantizar un derecho fundamental? 

La medida ‘estrella’ que la presidenta Ayuso anunció para empezar este curso fue la creación de un centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual. Según los datos del último informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual, en 2023 un 86% de las víctimas fueron mujeres y un 14% hombres, mientras que las proporciones se invierten si hablamos de agresores. El 93% de ellos son hombres y el 7% mujeres. Los expertos en violencia sexual han alertado de que la propuesta estaba mal enfocada y que puede ser tildada de oportunista. Es un tipo de violencia que existe pero no en los términos en los que la planteó Ayuso. Que eligiese este anuncio y no otro responde a su estrategia de ir segando el campo de los terrenos preferidos de Abascal y discípulos como Alvise.

La presidenta de Madrid vende su gestión como un ejemplo de éxito. Y lo es para aquellos que se sitúan entre las rentas más altas. La ausencia de Impuesto sobre el Patrimonio, las exenciones en el de Sucesiones y las rebajas de tipos en la tarifa autonómica del IRPF les juegan a favor. Un paraíso, pero fiscal. Y más si se compara con la presión que existe en Catalunya, un modelo que PP y Junts coinciden en definir como “infierno fiscal”. Después nos sorprendemos de que una encuesta revele que la mitad de los españoles no sepan que la Sanidad Pública se financia con los impuestos.   

Más allá de las dudas y a la espera de las concreciones del plan anunciado por Illa, en Madrid y Catalunya lo que se necesita es reducir la desigualdad y eso solo será posible si los sueldos crecen por abajo, si los que más cobran, pagan más, y se facilita el acceso a la vivienda a colectivos para los que ahora es una quimera dejar de compartir piso o poder acceder a una vivienda en condiciones. Ese es el problema y no ETA.