La mitad de las ciudades catalanas han empeorado sus niveles de segregación escolar (y la COVID-19 podría agravarlo)

La segregación escolar, es decir, que los hijos de las familias pobres o de origen migrante queden relegados a unos centros específicos que los alumnos de clase media intentan evitar, es uno de los principales problemas para la mayoría de los sistemas educativos del mundo. La Fundació Bofill ha presentado este viernes un informe en el que ha alertado de que en la mitad de las ciudades catalanas esta brecha entre alumnos se ha agrandado en los últimos cinco años. Unas cifras que la situación de pandemia por la COVID-19 –con la que se afronta la campaña de preinscripción del próximo curso– podría empeorar.

Según los datos presentados por la fundación, en términos generales Catalunya ha reducido la segregación en cuatro puntos durante los últimos años. Pero esta mejora se ha hecho gracias a los municipios que ya se encontraban poco segregados, mientras que los que registraban peores datos se han hundido aún más. Así, de los 121 municipios de más de 10.000 habitantes que hay en Catalunya, 44 de ellos presentan ahora índices altos o muy altos de segregación y han empeorado de forma continuada. Entre estos hay varias ciudades del Área Metropolitana, como Sant Cugat, Santa Coloma, Rubí o Cornellà, pero también zonas del interior, como Girona, Vic o Igualada.

“La segregación no es como el tiempo, que cuando llueve, llueve, y no se culpa a nadie. La segregación tiene que ver con políticas, con dejadez y por negligencia. Y porque los segregados son los hijos de los otros”, ha asegurado el director de la fundación, Ismael Palacín. Por esta razón, los expertos consideran que el ránking no es casual, sino que responde a si los municipios han aplicado o no políticas decididas contra la segregación. Algunos, como Terrassa, según han señalado, aún aparecen en la parte baja de la tabla, pero esperan que escalen en los próximos años porque el municipio ha comenzado a tomar medidas.

La fundación alerta además que los datos actuales, que ya sitúan a Catalunya como uno de los sistemas escolares donde la segregación hace más mella, podrían verse agravados en el próximo curso por la crisis de la COVID-19. Palacín ha asegurado que ven un riesgo “muy alto” de que se aumente la segregación debido a dos causas relacionadas con la crisis sanitaria. La primera es la movilidad, es decir, que familias en situación de riesgo se vean obligadas a cambiar de vivienda y por tanto, la llamada “matricula viva” –cambios de centro durante el curso– haga que los hijos de estas familias se concentren en los mimos centros segregados. “Esto no tiene por qué pasar si hay planificación, pero pasa cuando no la hay”, ha añadido.

La segunda razón para que aumente la segregación se halla en la preinscripción por internet, que según los responsables de la fundación “acentúa los prejuicios”. “Las jornadas de puertas abiertas y visitas a los centros son muy útiles para que las familias puedan hacerse una idea sin prejuicios”, han explicado, pero este año el contacto directo será imposible, por lo que la elección de los centros podría basarse más que nunca en ideas preconcebidas sobre la composición del alumnado de cada centro, y no por el proyecto educativo o la calidad del profesorado.

Ante esta situación, la Fundació Bofill ha elaborado una lista de reclamaciones para el Departamento de Educación de la Generalitat y los responsables municipales. Entre ellas destacan la exigencia de que los centros reserven varias plazas para alumnado con necesidades educativas especiales, y que las mantengan hasta septiembre, dando cobertura a los alumnos que puedan incorporarse a lo largo del año, y que las administraciones creen unidades para detectar más eficazmente a este tipo de alumnado. También reclaman que se desplieguen las Mesas Locales de Planificación Escolar y las Oficinas Municipales de Escolarización, dos instrumentos que permitirán luchar contra la segregación.

Por último la entidad pide al Govern que garantice un proceso de preinscripción para el próximo curso que “reduzca los efectos segregadores de la crisis de la COVID-19”, acompañado con el despliegue del decreto contra la segregación que debe poner fin a las cuotas a la escolarización que cobran algunos centros. “El actual contexto de crisis está haciendo incrementar el número de familias vulnerables, y por tanto, la existencia de estas cuotas hará que aún menos familias vulnerables vayan a estos centros”, afirma el informe, que pide “poner en marcha los diversos mecanismos previstos por el decreto, como son las sanciones, para permitir sólo las cuotas si son para actividades complementarias y si no implican discriminación a ningún alumno”.