Govern y CUP adecuarán el calendario de la DUI a los movimientos de Rajoy

La reacción a la acción del contrario como forma de legitimar la acción propia es la dinámica en la que se han enzarzado Generalitat y Gobierno central. Vencido el último trámite dado por Rajoy antes de activar el artículo 155, el independentismo quiere esperar a conocer los efectos concretos de la intervención de la autonomía para planificar el calendario de su respuesta, que tendría la forma de una declaración formal de independencia.

Por el momento los grupos independentistas velan las armas hasta el sábado, día en que el Consejo de Ministros debe hacer una propuesta concreta al Senado sobre las medidas que desea tomar en virtud del artículo 155. Además, aún no está claro si la Cámara Alta podría avalar las medidas el viernes 27 o ya en las semana que comienza con el lunes 30 de octubre.

Una vez que estas cuestiones se despejen, JxSí y la CUP acompasarán los pasos del Parlament, jugando con el margen legal entre el momento de la intervención oficial de la Generalitat y el de su cumplimiento efectivo. El objetivo final es basar la declaración de independencia no solo en el resultado del referéndum del 1 de octubre sino también en el rechazo de la negociación por parte de Rajoy.

Discusión aparte es qué instrumento utilizar para la declaración. La idea de utilizar una asamblea de electos para hacerlo ha quedado descartada en la reunión de los grupos de este jueves, pero la mayoría independentista se encuentra en el mismo callejón que en la semana posterior al 1-O, cuando ninguna fórmula parlamentaria –moción, propuesta de resolución, declaración solo leída…– parecía la adecuada para revestir de solemnidad el momento.

Ahora, además, hay un problema asociado a la mala planificación del último pleno, ya que según el relato que se acepte respecto a si se declaró o no la independencia en el próximo se deberá votar levantar la suspensión o proclamar la República. Sea como sea, de lo que están convencidos es de que esta vez debe haber una votación. “No volveremos al Parlament a hacer algo que no sea suficientemente claro”, asegura una fuente del Govern.

PSC y comuns ven margen para el diálogo

El PSC insiste en privado en que aún hay margen para buscar una solución pactada y creen que la semana que la semana es posible explorar una salida que evite caer por el precipicio. Su opción preferida sigue siendo que Puigdemont convoque unas elecciones.

De manera discreta algunos dirigentes intentan intermediar entre el Gobierno catalán y el de Rajoy. Así, la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, habló el jueves con Puigdemont y el president le confirmó que en su carta dejaría un resquicio para facilitar una negociación con el Ejecutivo central. La dirigente socialista trasladó este mensaje a responsables del Gobierno central, según confirman fuentes conocedoras de estas conversaciones.

“No entendemos que el Gobierno siga con la aplicación del 155 ante un declaración que no se ha producido. Es totalmente irresponsable”, ha asegurado Xavier Domènech desde los pasillos del Congreso. Como los socialistas catalanes, los comuns reclaman que Rajoy y Puigdemont dejen de cartearse y se sienten a hablar ya. Ellos ven con buenos ojos que el president haya reconocido este jueves que no hubo declaración de independencia, por lo que reclaman que se paralice la vía del 155.

La presión de los alcaldes

Los socialistas saben que en Catalunya es muy complicado defender la aplicación del artículo 155. Además, el encarcelamiento de los presidentes de la ANC y Òmnium, lo dificulta todavía más. Algunos alcaldes emblemáticos del PSC han participado en las concentraciones para pedir la liberación de Cuixart y Sànchez. Entre ellos, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmon, y el de Granollers, Josep Mayoral.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, está en permanente contacto con Pedro Sánchez y busca cómo equilibrar el rechazo firme a las amenazas del independentismo con la dificultad de defender una intervención estatal que comporte un ataque al autogobierno. Ya hay un alcalde, el de Terrassa, Jordi Ballart, que aseguró que dimitiría si los socialistas apoyaban la aplicación del 155.