Torra desoye a la Junta Electoral y deja en manos del defensor del pueblo catalán la decisión de retirar los lazos
Quim Torra ha decidido dejar en manos del defensor del pueblo catalán (Síndic de Greuges) la decisión sobre la retirada de los lazos amarillos y pancartas con símbolos partidistas. El Govern desoye así, por el momento, el segundo mandato de la Junta Electoral Central (JEC), al menos hasta que el Síndic emita su informe sobre la situación, que según ha expresado la consellera portavoz, Elsa Artadi, será acatado por todos los consellers.
Delegación de Gobierno ha enviado a la Junta Electoral Central (JEC) un informe basado en fotografías en el que se señala que hasta nueve departamentos del Govern mantienen lazos amarillos en sus sedes, a pesar de la prohibición. La JEC tendrá que decidir si mandata a los mossos d'escuadra para que procedan a la retirada de los símbolos. Este órgano también tendrá que resolver si pone el caso de la desobediencia de Quim Torra en manos de la Fiscalía. Según fuentes de la Junta Electoral no se espera ninguna decisión firme hasta el miércoles.
Ajena a los plazos de la Junta Electoral, el Govern insiste en esperar por la opinión del Síndic de Greuges. “La decisión del president es mantener la pancarta”, ha explicado Artadi, asegurando que Torra entiende que solo puede hacer eso para “preservar la libertad de expresión”. Sin embargo, Torra ha dejado en manos de sus consellers la decisión sobre qué hacer en los edificios que dependen de sus departamentos y, además, acogerse a la recomendación que haga el Síndic.
Hasta que esta decisión final llegue, Torra incumplirá lo dispuesto por la Junta Electoral Central, que había emitido una orden para que el jefe del Govern retirara los símbolos considerados partidistas antes de las 17 horas de este martes, advirtiéndole de posibles consecuencias penales si se negaba. La JEC, que ya había requerido a Torra la semana pasada sobre la retirada de los símbolos, rechazaba así el recurso enviado por la Generalitat donde se le aseguraba que colocar lazos o banderas 'estalades' era tan neutral como no hacerlo.
De hecho, la Junta Electoral Central hizo público otro escrito en el que deja claro que el plazo para la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos sigue terminando hoy martes. La resolución de la JEC dice que el acuerdo de ayer ya indicaba “la posibilidad del presidente de la Generalitat de identificar aquellos edificios respecto de los que no pudiera cumplir lo ordenado por esta Junta”, y añade: “En el escrito ahora recibido ni se identifican tales edificios ni se ofrecen razones jurídicas que sean demostrativas de la imposibilidad del presidente de la Generalitat de ejercer sobre aquello que le fue informado”.
Debate en el seno del Govern
El acuerdo en el seno del Govern para mantener los lazos hasta que el Síndic se pronuncie afecta únicamente a las 13 sedes oficiales de los departamentos, pero no así al conjunto de la administración, donde cada centro decidirá por su cuenta y valiéndose de su propia autonomía. Colegios, centros de salud o oficinas territoriales podrían optar por la retirada o por no hacerlo.
La Delegación del Gobierno de Cataluña ha enviado a la Junta Electoral un informe en el que se señala que en al menos nueve edificios bajo gestión del Govern, se mantienen los lazos amarillos a pesar de haber finalizado el plazo impuesto para su retirada. El departamento que dirige Teresa Cunillera ha acompañado su informe de fotografías en las que se acredita que, con posterioridad a las 15 horas, los lazos seguían colgados de las fachadas de los siguientes edificios: Palacio de la Generalitat, Consellería de Governació, Consellería de Cultura, Consellería de Territori, Consellería de Empresa, Consellería de Interior, Consellería de Economía, Consellería de Agricultura y Consellería de Salut.
Desde que la semana pasada la Junta Electoral requiriera la retirada de lazos y banderas independentistas al president de la Generalitat, en el Govern se ha sucedido un debate sobre cómo responder al mandato. Mientras que algunos consellers eran partidarios de acatar la orden, bien quitando la pancarta sin darle publicidad, tal como hizo Ada Colau en el ayuntamiento, o bien mediante alguna fórmula más imaginativa, otros se han negado en redondo a hacerlo.
Si bien ninguna de las dos formaciones del Govern desea ser vista como la más blanda ante la JEC, también ambas rehuyen entrar en una guerra en pleno periodo electoral. La solución planteada este martes, que deja la decisión en manos del Síndic, es una decisión salomónica que evita el desgaste mutuo.
El defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, se ha expresado en otros momentos de controversia política y ha emitido informes sobre el 155, la suspensión de los diputados procesados y otros debates cuando las instituciones se han visto superadas por la división que estas situaciones generaban.
