El sector social une fuerzas en Catalunya para exigir al Govern solucione su “infrafinanciación crónica”
Doce patronales, sindicatos, entidades sociales y colegios profesionales del sector social y de atención a las personas de Catalunya se han unido para reclamar al Govern más recursos en los Presupuestos de 2020. Exigen revertir de forma “urgente” la “infrafinanciación crónica” que sufren desde hace más de diez años en una mesa que este lunes ha hecho público un manifiesto.
Las entidades firmantes reclaman un que se invierta un 2% PIB frente al 0,5% que se destina actualmente al sector, que integra servicios como los de dependencia, personas mayores, infancia, comedores escolares, discapacidad y salud mental, entre otros. “Esto ya no tiene espera, es urgente”, ha afirmado la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Enriqueta Durán, en rueda de prensa.
Desde el sector alertan de que cada vez tienen que atender a más personas, y que ni siquiera se ven recuperados de los recortes de la crisis de 2008. “En el caso de la gente mayor, viene un tsunami demográfico muy grande, y estamos advirtiendo a la administración de que no hay recursos suficientes para atenderlo”, según la presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Cinta Pasqual.
El manifiesto reclama asegurar la cobertura de lo que son derechos sociales, así como la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, que alertan que se han visto afectados por la falta de recursos, en un sector en el que el 75% de los trabajadores son mujeres.
También ve necesaria una revisión a fondo del modelo actual para “avanzar en una cartera de servicios sociales y de atención a las personas innovadora” que se adapte a la realidad cambiante, así como asegurar la calidad y la transparencia en la gestión de los servicios públicos, y que se cumpla el Código de buenas prácticas de contratación pública en el sector que firmaron en 2015.
Apuestan por la equiparación de condiciones laborales de todos los profesionales, independientemente de que los servicios tengan gestión directa pública o externalizada a entidades o empresas, como la que tiene el Sistema sanitario de utilización pública (Siscat): “Una gerocultora de un centro público cobra unos 600 euros más que una en una entidad de gestión delegada” al mes, ha criticado Durán.
La mesa ha concluido que una correcta inversión en el sistema de servicios a las personas revertirá en la mejora de las condiciones laborales, “posibilitando alcanzar en las mesas de negociación colectiva el objetivo compartido de no tener ningún salario por debajo de los 14.000 euros” anuales, dice el texto.
Los firmantes
Firman el manifiesto la Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec), Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), CC.OO., UGT, La Confederació del Tercer Sector Social, la Taula del Tercer Sector Social, La Unió - Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, y la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir).
También lo subscriben el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya (Ceesc), el de Trabajo Social de Catalunya (Tscat), el de Pedagogos de Catalunya (Copec), en una mesa unitaria que los integrantes han reconocido que “no es habitual”, y que para el secretario de Política Social de CC.OO., Toni Mora, debería avanzar en dar al sector social la importancia que se da a los de educación y salud.
El presidente de La Confederació, Joan Segarra, ha destacado que además de un incremento de recursos, que aceptan que sea gradual, piden al Govern un plan de trabajo y una agenda, y esperan que éste les proponga una reunión, después de que han enviado estas peticiones en una carta al conseller de Economía, Pere Aragonès, y al de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.
