El viacrucis burocrático de los afectados por los atentados del 17-A: “Nadie de la Administración nos ha asesorado bien en todo este tiempo”

“A ti no te toca ninguna indemnización, ¿lo sabes?”. Núria Figueras y Mohamed el Ouabi escucharon esta frase de funcionarios del Ministerio del Interior a las pocas horas de presenciar directamente los atentados del 17 de agosto. La primera paseaba por el Passeig de les Palmeres de Cambrils con su pareja cuando este fue apuñalado por uno de los jóvenes yihadistas; el segundo vio como la furgoneta conducida por Younes Abouyaaqoub arrollaba Rambla abajo a miembros de su familia –afortunadamente, sin matar a ninguno de ellos–. Un año después, denuncian falta de acompañamiento y asesoramiento por parte de la Administración hacia aquellos que, pese a que la ley no les considera víctimas de terrorismo, sí presentan secuelas psicológicas por lo ocurrido. En el caso de Mohamed, es su hermano quien recoge su queja, puesto que él murió de hepatitis  C en diciembre.

La ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, aprobada en 2011, prevé que los afectados psicológicamente –que acrediten secuelas causadas por el atentado– pueden solicitar una indemnización. “Nadie nos avisó de esto, al contrario, nosotros nos creímos a la funcionaria del Ministerio, ¿qué íbamos a hacer si no?”, lamenta Youssef el Ouabi, hermano de Mohammed. En su caso, no dudan de que al menos la hija, Fátima (10 años), sufre consecuencias psicológicas. Para esquivar la furgoneta, la niña tuvo que lanzarse dentro de un quiosco de la Rambla. La madre no tuvo la misma suerte y fue arrollada. Estuvo 45 días en la UCI del Hospital Clínic de Barcelona.

Núria Figueras también ha quedado marcada por el atentado. Con una invalidez por depresión desde 2012, este año ha visto como su estabilidad emocional se agravaba, un diagnóstico avalado por su psiquiatra. Hace un año, uno de los cinco terroristas de Cambrils apuñaló en la cara a Rubén, su pareja. Ahogándose él por la sangre, ella lo condujo andando por la playa para apartarse del lugar, hasta que finalmente un convoy de bomberos se lo llevó de la zona. Acabó operado de urgencia, siete días en la UCI del Hospital Joan XXIII de Tarragona, por lo que resultó ser un corte de 18 centímetros con afectación en la lengua, amígdalas, cuerdas vocales y parótidas.

Tanto Figueras como El Ouabi aseguran a este diario que no es el dinero de la indemnización el que motiva sus quejas, sino reclamar sus derechos y evidenciar que la Administración no ha actuado de forma correcta con ellos. “Lo que quiero es información y empatía”, resume Figueras. En ambos casos se les ha facilitado atención psicológica a cargo del erario público, tal como estipula la norma, pero denuncian trabas burocráticas y falta de información a la hora de conocer cuáles son sus derechos y los pasos que deben seguir para pedir una indemnización. “Nadie de la administración nos ha asesorado bien en todo este tiempo”, sentencia Figueras.

Esta mujer pone como ejemplo de esa “dejadez” los formularios de daños psicológicos y personales que les enviaron a ella y a su pareja para que los rellenara. “Nos enviaron por correo esos documentos, en los que entre otras cosas había que marcar si teníamos representante legal, sin darnos detalles de para qué eran”, lamenta. Los devolvieron, completados, el 14 de noviembre. No obtuvieron acuse de recibo hasta el 20 de diciembre. “Es un despropósito constante, hay desatención en todas las gestiones”, sostiene esta mujer.

Apoyo a estos afectados

Figueras y la familia de El Ouabi, como otros afectados de perfil similar, se han puesto en manos de la Unidad de Atención a Víctimas y Afectados por Terrorismo (UAVAT), una entidad de reciente creación en la que participan figuras como Roberto Manrique, víctima de Hipercor e histórico presidente de la asociación catalana de víctimas de terrorismo ACVOT. Defiende este colectivo que Interior ha incumplido la ley a la hora de garantizar que todos los afectados reciban la necesaria información para conocer sus derechos. “Si la furgoneta pasa cerca de ti estás vivo, pero no bien; esto no quiere decir que vayas a sufrir secuelas, pero quizás sí, y hay que hacer todo lo posible porque no te quedes fuera”, sostiene.

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Barcelona ha recogido el guante de estas peticiones. En una carta enviada al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la alcaldesa Ada Colau le pedía ampliar el plazo de un año contemplado en la ley para pedir estas ayudas. “Hemos constatado que la mayoría o bien desconoce los detalles del proceso o bien topan con dificultades burocráticas”, expresa Colau en la misiva. Esta fue la conclusión del consistorio tras contactar recientemente con las 223 personas a las que ofrecieron asistencia psicológica los días siguientes al atentado. Para garanitzarles asesoramiento jurídico, Colau firmó a finales de junio un convenio de 80.000 euros con la UAVAT. 

Días después de la petición, el Gobierno se comprometió finalmente a eliminar el plazo de un año que tienen las víctimas para iniciar los trámites. “Si una víctima no siente a la administración cercana, tenemos que intentar hacerlo mejor”, aseguraba en declaraciones a El País la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo, Sonia Ramos. Interior ha gestionado 223 expedientes de afectados por los atentados, de los cuales 83 han sido estimados, 23 rechazados y el resto siguen sin resolver. Por su parte, la UAVAT asegura haber atendido hasta 188 casos que han puesto en conocimiento de la Administración. 

Los problemas para acceder a indemnizaciones por parte de testigos presenciales que padecen secuelas psicológicas no son exclusivos del 17-A. Desde la ACVOT recuerdan que ya con el atentado de Hipercor el juez ya rechazó la indemnización a varias trabajadoras que sufrieron consecuencias psíquicas de lo ocurrido. El magistrado no consideró acreditado que hubiera una causalidad clara.

A diferencia de la UAVAT, Vicente Navarro, abogado miembro de la ACVOT, considera que la ley española es “una de las más generosas del mundo” y argumenta que empezar a reconocer a todos los afectados psicológicos supondría “abrir la lata” para el Ministerio. Sería muy difícil poner un límite, añade, a la enorme cantidad de personas que pueden haber padecido alguna consecuencia, aunque realmente no vivieron el atentado en primera persona.

La vida, un año después

Poco después del atentado, la salud de Mohamed empeoró hasta fallecer, finalmente, en diciembre. Durante aquellos meses y hasta ahora, su mujer, Rqia, ha tenido serias dificultades para recuperar la estabilidad. “Cuando despertó en la UCI no recordaba nada; solo las palomas a las que habían estado dando de comer en plaza Catalunya antes de bajar por la Rambla”, detalla su cuñado. A día de hoy, sigue sin poder devolver a su memoria lo que le pasó. Y no iban solos esa tarde. Estaban paseando con los primos de Mohamed, una pareja y su hijo, que justo aquel día acababan de llegar desde Montpellier para empezar sus vacaciones.

La furgoneta arrolló a Rqia i también a Aboubakkar, el hijo de los primos, de 6 años, que ingresó aquella tarde inmediatamente en Vall d’Hebron. Fue precisamente familia francesa la que les advirtió que también ellos tenían derecho a reclamar indemnizaciones por daños psicológicos. Al final, el Ministerio ha concedido 6.500 euros a la pequeña Fátima, aunque Youssef no tiene claro que sea suficiente.

Núria Figueras, por su parte, se siente “indignada”, “impotente” y “desatendida” un año después ante la frialdad mostrada por los funcionarios a lo largo de todo el proceso. En una conversación con eldiario.es, pocos días después de acudir al médico forense por orden del juez –su nombre figura como testigo en la causa, que está bajo secreto de sumario–, explica que este año ha sido para ella un calvario administrativo y psicológico. “Tengo memoria sensorial, y constantemente vuelven a mi cabeza los olores y las imágenes de todo lo que sucedió aquella noche”, relata. 

En su caso, no puede evitar pensar que la poca predisposición de la Administración para atenderles tiene que ver también con que son víctimas de Cambrils y no de Barcelona. “Somos de segunda”, ironiza.