PSOE y Ciudadanos “incumplen” compromisos al firmar una “moratoria” en 'fracking'
Dentro del apartado dedicado a la transición energética y la lucha contra el cambio climático del acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Ciudadanos a nivel nacional, se incluye la posibilidad de establecer una “moratoria para las prospecciones con fractura hidráulica”. Es decir, no se habla de prohibir esta polémica técnica del 'fracking' como en su momento se comprometieron ambos partidos en varios acuerdos. Esta frase ha despertado los temores de plataformas antifracking como la de Guadalajara, en la que su portavoz, Javier López Herguido, ha hablado de “mala noticia”.
Según apunta, se trata de un “incumplimiento” de ambos partidos ya que ambos se habían comprometido contra el fracking tanto a nivel estatal, en la firma que ambos rubricaron junto con otros partidos políticos en el Congreso de los Diputados, como a nivel regional en la última campaña electoral para las autonómicas, concretamente en la provincia de Guadalajara.
Además, desde este colectivo circunscriben la situación a Castilla-La Mancha, donde hay una ley 'antifracking' pendiente de ser remitida a las Cortes regionales, y mediante la cual la Junta quiere endurecer los requisitos para realizar prácticas de fractura hidráulica de tal manera que sea prácticamente imposible realizar estos proyectos en la región. La Plataforma espera que el Gobierno regional “cumpla el compromiso adquirido” y se comunique a este colectivo, que participó en parte del texto del proyecto de ley, cuándo comenzará a tramitarse en las Cortes.
La normativa castellano-manchega a la que se refiere este colectivo es el proyecto de ley por el que se aprueban medidas adicionales para restringir las prácticas de fractura hidráulica en la comunidad autónoma. En la misma se establecen una serie de requisitos muy restrictivos a la hora de conceder permisos para fractura hidráulica, con especial atención los riesgos derivados de la técnica sobre la salud humana y el medio ambiente, las necesidades de recursos hídricos, la gestión de los residuos generados y las emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero.
Se trata de un plan “absolutamente restrictivo”, según apuntó el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, en el que se zonificará el territorio recogiendo las zonas más vulnerables, así como una evaluación ambiental estratégica, que hará “imposible la práctica de esta técnica en la región”.
