La Fiscalía de Castilla-La Mancha eleva al Supremo la falta de material sanitario a instancias de CSIF

La Fiscalía de Castilla-La Mancha ha elevado a su homóloga en el Tribunal Supremo la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el pasado 27 de marzo por la falta de protección de los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para evitar el contagio de coronavirus.

Según ha dado a conocer hoy CSIF, la Fiscalía castellanomanchego les comunicaba el pasado 3 de abril que procedía a incoar las oportunas diligencias de investigación penal y ahora el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha señalado que la Fiscalía del Tribunal Supremo es el órgano competente y ya ha procedido a remitir las diligencias oportunas.

CSIF denunciaba la situación de los trabajadores que desarrollan su labor con personas contagiadas por COVID-19, o en riesgo de infección, sin contar con equipos de protección individual (EPI), o bien inadecuados, en centros dependientes de la Consejería de Sanidad, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la Administración General de la Junta de Comunidades y la Consejería de Bienestar Social, así como en centros de asistencia sanitaria privada.

3.000 sanitarios contagiados

El sindicato recuerda que en la región se han se han contagiado más de 3.000 profesionales de ámbito sanitario - ayer esa cifra también la recordaba el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha añadiendo el fallecimiento de 16 sanitarios durante el estado de alarma- lo que demuestra, señalan, “que no se han adoptado medidas eficaces de prevención ni de protección”.

Así, en la denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se requería a las autoridades competentes, bajo los apercibimientos legales, para que en el plazo de 24 horas dotasen a los trabajadores de los equipos de protección necesarios.

El Fiscal Superior de Castilla-la Mancha señala que con el Decreto de estado de alarma es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “la superior jefatura de los servicios sanitarios en todo el territorio nacional sin excepción” para evaluar las responsabilidades penales y civiles pertinentes solicitadas por CSIF, por lo que traslada el proceso al Tribunal Supremo.

En este sentido, CSIF denunció el pasado 31 de marzo al ministro de Sanidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su gestión, ya que los contagios y fallecidos por la falta de previsión y material de protección pueden constituir delitos contra los trabajadores por infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente.