Amnistía Internacional acusa al Gobierno de Mazón de vulnerar derechos humanos con su actuación “negligente” en la DANA

Amnistía Internacional (AI) ha investigado la “negligente” gestión de la DANA en Valencia del pasado 29 de octubre, que ha dejado 228 víctimas mortales. Y sus conclusiones apuntan directamente a vulneraciones de derechos humanos por parte del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, que ostentaba el mando único de la respuesta a la catástrofe. La ONG considera que la “respuesta institucional” ante las inundaciones fue “deficiente” y “vulneró derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, ya que la Generalitat Valenciana, responsable de la dirección de la emergencia, ni reaccionó con celeridad ni proporcionó información necesaria para la protección de la población”, según indica el informe. A pesar de “contar con datos relevantes de diversas fuentes”, el Ejecutivo de Mazón no emitió un “aviso generalizado con instrucciones claras a la población” ni facilitó a los ayuntamientos “información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y advertir” a los vecinos del peligro letal. Así, la “falta de información” por parte de la Generalitat “vulneró el derecho de numerosas personas a recibir datos precisos sobre la emergencia, poniendo en riesgo su vida e integridad física”.

La ONG ha mantenido entrevistas con personas afectadas por la barrancada y con instituciones públicas como la Conselleria de Emergencias e Interior, el Ministerio del Interior, la Confederación Hidrográfica del Júcar o varios ayuntamientos, entre otras.

El informe considera que la alerta automática a los móviles, enviada por la Generalitat a las 20.11 del 29 de octubre, fue una “mera información a destiempo de la evidencia del desastre”. Y recuerda que, según la legislación y la jurisprudencia internacional, “todas las personas y comunidades afectadas por desastres naturales tienen derecho a recibir información fácil, accesible, oportuna y significativa sobre la naturaleza y el nivel de la catástrofe, los riesgos previsibles y las posibles medidas a adoptar para mitigar los riesgos, como comportamientos adecuados, rutas de evacuación, zonas seguras o refugios de emergencia e información de alerta temprana sobre posibles consecuencias futuras”.

AI afirma que la “totalidad” de los testimonios que ha recabado para la elaboración del informe “mencionan expresamente” que el mensaje de alerta “llegó demasiado tarde”. La Conselleria de Emergencias e Interior, que dirige Juan Carlos Valderrama, adujo ante la ONG que la herramienta Es-Alert “no está protocolarizada en el marco normativo o regulador autonómico”. Sin embargo, el informe recuerda que el protocolo del Ministerio del Interior adjudica a los centros de emergencias de las comunidades autónomas el envío del mensaje de alerta si urge comunicar a la población medidas de autoprotección, tal como informó este diario.

También reseña los dos ensayos del sistema Es-Alert en 2022 en l'Eliana y al año siguiente en la comarca de la Vega Baja. El departamento autonómico de Emergencias aseguró a AI que el pasado 29 de octubre se temía que el envío del aviso a los móviles pudiera movilizar a la gente (provocando más desplazamientos) y que “surgieron muchas dudas precisamente por no estar procedimentado”.

El informe alude al Plan de Inundaciones de la Comunitat Valenciana y al seguimiento de los caudales en ríos y barrancos, que corresponde a una gran variedad de actores: la Confederación Hidrográfica correspondiente (en este caso, la del Júcar), los municipios y los “servicios de intervención” (Guardia Civil, brigadas de emergencia de la Generalitat y de la Diputación, Policía autonómica y agentes medioambientales). 

Sin embargo, los ayuntamientos consultados para la elaboración del informe (Catarroja, Benetússser, Massanassa, Alfafar, Picanya y Paiporta) aseguraron que no dispusieron de “información suficiente ni precisa” y que la Generalitat “no les informó de la rápida y cuantiosa crecida del caudal” del barranco del Poyo. Los consistorios consideran que no fueron informados por parte de la “autoridad competente en la dirección de la emergencia para haber reaccionado con mayor margen de tiempo frente al desastre”.

El Ministerio del Interior afirmó ante AI que la posibilidad de asumir la dirección de la emergencia “solo sería posible si así lo solicitara la comunidad autónoma”, algo que Carlos Mazón no hizo. Por el contrario, la ONG recuerda que la “responsabilidad internacional del Estado es unitaria” y que la normativa del Sistema Nacional de Protección Civil “indica expresamente” que Interior puede declarar una emergencia de interés nacional “por iniciativa propia”.

“La falta de coordinación entre los distintos niveles del Sistema Nacional de Protección Civil agravó las consecuencias del desastre”, afirma AI, que recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que la pasividad institucional ante riesgos naturales “constituye una violación del derecho a la vida” y “puede ser constitutiva de responsabilidad estatal”. Sin embargo, el informe descarta “deficiencias” en la legislación de emergencias y protección civil “respecto de lo que indican los estándares internacionales en materia de respuestas frente a catástrofes naturales”. La ONG detecta, por el contrario, fallos en “aspectos clave como la adopción de decisiones adecuadas, en tiempo real, para la protección de la población”.

La “lenta y descoordinada respuesta a la crisis”

Sobre la “lenta y descoordinada respuesta a la crisis”, el informe afirma que los primeros servicios de emergencia y ayuda “llegaron a los municipios afectados en momentos dispares” y destaca la percepción de “gran descoordinación” entre los niveles de la administración en las tareas de recuperación“. ”La información recabada por Amnistía Internacional sugiere que la fase de recuperación ha carecido de un enfoque participativo y no ha contado con el punto de vista y opinión de las personas afectadas“, indica el informe, que también alude a la misma percepción por parte de los ayuntamientos consultados. 

El comisionado especial para la reconstrucción designado por el Gobierno central, José María Ángel, detalló a la ONG las dificultades durante los primeros días de la emergencia: la caída de la red de comunicaciones que dejó a numerosas zonas sin cobertura y la falta de medios como maquinaria pesada, tractores y camiones cuba. Ángel destacó la necesidad de contar con una red de comunicación “robusta” como “lección aprendida”.

Por su parte, la Conselleria de Emergencias e Interior adujo que la prioridad en los primeros días fue la búsqueda de personas desaparecidas: “La magnitud de los frentes que se tuvieron que abordar fue muy grande” y “el sistema no estaba dimensionado para la situación vivida”, argumentaron.

Sobre el “elevado número” de bulos y 'fake new', el informe destaca su “impacto negativo” y el “desasosiego y temor” que causaron, en un contexto en que el acceso a información “precisa y rigurosa” era “vital”.

AI destaca la situación de las personas con discapacidad, que “se enfrentan a menudo a riesgos elevados” en contextos de catástrofes. También el hecho, investigado en tragedias como el ciclón de Bangladesh en 1991, de que niños y personas mayores (especialmente mujeres) “tienen más probabilidades de ahogarse que otros grupos de edad”. En el huracán Katrina, de las casi 1.000 muertes identificadas en un estudio, 103 eran personas mayores que vivían en residencias y 168, residentes hospitalizados.

El informe recuerda que, según la Organización Meteorológica Mundial, el número de desastres naturales se multiplicó por cinco entre 1970 y 2019. Se registraron casi 12.000 desastres relacionados con las condiciones meteorológicas, que causaron más de dos millones de muertes y pérdidas económicas por valor de 4,3 billones de dólares.

“Se prevé que, para 2030, el número de catástrofes de mediana o gran magnitud alcanzará los 560 sucesos al año en el mundo”, aleta AI.