España, denunciada ante el Comité contra la Tortura de la ONU por la expulsión del activista Mohamed Benhalima a Argelia

El pasado 24 de marzo, España deportaba a Argelia al exmilitar y activista Mohamed Benhalima, que hasta ese día se encontraba internado en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Zapadores, en València. Interior devolvió a su país a Benhalima -había huido en 2019-, sobre quien recaía una condena de diez años de prisión por divulgar supuestos casos de corrupción en el Ejército y por su participación en el movimiento opositor al régimen Rachad, en un procedimiento exprés y a pesar de las protestas de organismos como Amnistía Internacional o CIEs No.

El pasado 3 de agosto, Benhalima denunció al Reino de España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) a través del despacho de abogados Red Jurídica por la vulneración de dos derechos fundamentales, los de no devolución y no discriminación, tal y como relata el letrado Alejandro Gámez desde esta cooperativa jurídica.

El bufete, que no ha podido hablar directamente con el activista encarcelado pero que sí que ha podido contactar con familiares y representantes de Amnistía Internacional que sí que han podido mantener cierto contacto con él, “siempre con la presencia de un guardia”, asegura que Benhalima lleva gran parte de todo este tiempo incomunicado, con apenas una hora diaria de patio, en condiciones de salubridad “lamentables” y que ha sufrido acoso sexual y torturas, “circunstancias que demuestran que todos nuestros temores eran ciertos”, unas advertencias “que el ministerio del Interior ignoró”.

Tal y como reconoce Gámez, “estamos ante un procedimiento muy largo, que puede durar años, y que evidentemente no va a servir para que Argelia libere a Benhalima, aunque nos dieran la razón”. Sin embargo, se pretende que el Comité contra la Tortura dictamine que España ha vulnerado derechos fundamentales y que esto no vuelva a suceder: “Existe una prohibición absoluta de expulsar a nadie a un país en el que puede recibir torturas, y España lo hizo, ignorando deliberadamente los indicios -incluso con advertencias por parte de Acnur- que advertían que ello era muy posible; y también se ha vulnerado su derecho a la no discriminación, puesto que no había ningún indicio que sustentara la acusación de Argelia de que Mohamed era terrorista, sino el simple hecho de que pertenece a una organización opositora (Rachad) en la que puede existir un ala radical, lo que sirvió para relacionarle a él con el islamismo y el terrorismo sin que hubiera ninguna prueba.”

Según el abogado, se ha producido una “estigmatización” por ser musulmán y por “tener vínculos con alguien que tiene a su vez tiene vínculos con alguien que es radical”, así como por su pertenencia a Rachad, una organización opositora “muy potente” que solo es considerada terrorista por Argelia, donde ejerce de oposición: “Ningún otro país, ni siquiera Estados Unidos, los considera terroristas. Puede haber algún miembro que sea islamista, evidentemente, pero de ahí a desprender que todos ellos son terroristas parece muy osado, pero se juega a ese juego, el de la estigmatización, relacionar musulmán con islamista; islamista con radical; y radical con terrorista, y eso es un peligro”.

Sin la intervención de la Justicia

Los juristas también lamentan que el ministerio del Interior utilizara para la deportación del activista argelino un procedimiento preferente, de carácter administrativo, -que permitió su expulsión en apenas nueve días- en lugar de utilizar la vía judicial, de modo que el poder Ejecutivo “esquivó” al Judicial en un movimiento que permite la ley pero que dejó a Benhalima sin mucha capacidad de maniobra: “Si había sospechas de delito se debería haber presentado una denuncia en sede judicial y si había una petición de extradición, también se podía haber recurrido a la Justicia para que dictaminara, sin embargo todo se hizo en apenas ocho días y sin que ningún juez viera el caso. Es más, a las 17.30 horas se le notificó la expulsión y dos horas después estaba ya a bordo del avión que le trasladó a Argelia”. Al respecto, apunta Gámez que a ellos les notificaron la deportación a las 18.40 horas y presentaron alegaciones, “pero cuando el juez resolvió sobre nuestras alegaciones, Mohamed Benhalima llevaba cuatro horas en Argelia”.

El caso de Benhalima tiene un precedente un año antes, y es que lo que sucedió en su caso es idéntico a lo que sucedió con su compatriota Mohamed Abdellah. El también exiliar argelino fue deportado desde el CIE de Barcelona, donde protagonizó una huelga de hambre, y fue encarcelado “inmediatamente”.

Condenado a muerte

Benhalima fue condenado a muerte el pasado mes de mayo, tal y como anunció la madre del activista. Se le imputan una serie de delitos como alta traición, peligro para la defensa o pertenencia a organización terrorista, tal y como explican desde Red Jurídica, que no creen que Argelia vaya a ejecutar la sentencia ya que “hace años que el país no ejecuta a ningún condenado”. Sin embargo, esto evita que teman por su integridad: “De momento, sabemos que ha sido víctima de torturas y no sabemos qué más puede pasarle en un país en el que los presos políticos no tienen garantías”.

Precisamente, el pasado mes de junio, ocho europarlamentarios de la izquierda y los verdes remitieron un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para exigirle explicaciones por esta expulsión, además de reclamar el fin de las deportaciones sin garantías judiciales. Del mismo modo, exigían la anulación de la condena a muerte en Argelia y una investigación “internacional e imparcial” sobre la vulneración de derechos humanos en España.